En la reunión de hoy, en la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales se revisaron los progresos de las subcomisiones y se recibió a diversos actores culturales para recabar observaciones sobre la reforma a la Ley Orgánica de Cultura.
Ana María Raffo, presidenta de la subcomisión para fiscalizar el cumplimiento de la disposición transitoria primera de la Ley Reformatoria a la Ley de Educación Intercultural, referente a los educadores comunitarios, detalló las actividades realizadas hasta la fecha. Destacó la sesión de instalación donde se estableció un cronograma y hoja de ruta en colaboración con representantes de los ministerios de Educación y de Finanzas, así como del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), quienes forman parte de las mesas técnicas conformadas en la primera sesión de la subcomisión.
Durante las mesas técnicas se evaluó el estado del proceso, se identificaron acciones para el cumplimiento de las disposiciones y se recibió a representantes de educadores populares, el IESS y especialistas de la Unidad Técnica Legislativa.
Estas discusiones se centraron en encontrar soluciones y garantizar el pago a los educadores comunitarios. La legisladora resaltó la disposición del Ministerio de Finanzas para asignar fondos al Ministerio de Educación para el pago a los educadores comunitarios.
Asimismo, el IESS se comprometió a reconsiderar el pago de intereses, con plazo hasta el 11 de mayo. Estos compromisos, junto con la revisión por parte del IESS a la Procuraduría del Estado, ofrecen un panorama favorable para resolver las cuestiones de pago pendientes.
Jahiren Noriega, quien lidera la subcomisión encargada de fiscalizar la situación de los jóvenes afectados por créditos educativos, becas y asistencias financieras, otorgadas por el Estado; señaló que durante las últimas sesiones han realizado un profundo análisis de la situación de los estudiantes que han obtenido créditos educativos, con el objetivo de comprender de manera estructural los desafíos en el pago de estos créditos y las condiciones en que fueron otorgados.
En especial, se ha enfocado en fiscalizar la transitoria de una de las leyes económicas urgentes que exime multas, recargos y condonaciones para jóvenes que entraron en coactiva hasta el año 2019.
La parlamentaria ha liderado reuniones con la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) y equipos técnicos para abordar el agudizamiento del problema de pago educativo en 2019 y exacerbado por la contracción económica durante la pandemia. A través de testimonios de estudiantes y garantes, la subcomisión busca convocar a actores externos y especialistas del sistema financiero para analizar y proponer soluciones que garanticen el acceso a la educación sin barreras financieras para los jóvenes.
Cecilia Baltazar, presidenta de la subcomisión, encargada de fiscalizar el cumplimiento de la disposición transitoria primera de la Ley Reformatoria a la Ley de Educación Intercultural, en referencia a los educadores comunitarios y los requerimientos específicos para su institucionalización; informó que oportunamente convocaron al Secretario Nacional de Educación Bilingüe y al Ministerio de Trabajo para requerir información detallada sobre el cumplimiento de estas disposiciones.
También ha realizado un análisis exhaustivo de la documentación disponible para garantizar la institucionalidad del plan estratégico institucional, la estructura y el estatuto de la Secretaría Intercultural Bilingüe.
Como resultado de este trabajo, se ha obtenido los primeros documentos necesarios y se encuentra en proceso de ajuste el estatuto para su plena implementación.
Además, se ha trabajado en la institucionalización y asignación de recursos para garantizar el personal necesario en la plantacentral.Un aspecto fundamental del trabajo de la subcomisión es la normalización de la normativa que regula la interculturalización en el Ministerio de Educación. Se ha propuesto dedicar un día a la semana a la enseñanza de la lengua kichwa, como parte de un esfuerzo por cumplir con el mandato constitucional de promover un estado pluricultural.
En la comisión general, se escucharon las voces de varios actores culturales, quienes plantearon la importancia de incluir el fomento y promoción de todas las expresiones culturales en la reforma a la Ley de Cultura.
León Zamora, coordinador de proyectos de la Casa de la Cultura del Azuay, enfatizó la necesidad de generar políticas públicas de calidad y un régimen de protección social acorde a las necesidades de los gestores culturales.
Por su parte, Pablo Sánchez, director provincial de la Casa de la Cultura del Azuay, abogó por simplificar los procesos para el apoyo directo a los artistas y la integración de la Casa de la Cultura en el Fondo Nacional de Cultura, así como contratar en eventos al 50 % de artistas locales con un pago justo, sin tener que entrar en un concurso de compras públicas, ya que considera que se generan gastos exorbitantes en artistas internacionales.
Estas discusiones y avances reflejan el compromiso de la comisión y los actores involucrados en fortalecer el sector educativo y cultural, así como en promover condiciones favorables para los profesionales y gestores culturales en Ecuador.
SJ/pv
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