La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Saberes Ancestrales recibió a la delegada de la Defensoría del Pueblo, Lorena Chávez, quien explicó las acciones ejecutadas en el contexto de los casos de violencia y abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes. En este contexto, dijo que no se ha capacitado en materia de abuso sexual a los defensores públicos.
Aseguró que, del estudio realizado se colige que la Función Judicial no está capacitando a sus operadores en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, lo cual incide en una problemática mayor, en función de la falta de conocimiento especializado en las actuaciones judiciales de estas materias. No existe suficiente personal de Fiscalía especializado en temas de niñez y adolescencia, tampoco tienen esta especialización la Policía y otros organismos relacionados.
En el caso de los centros de acogida que son regentados por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), aseveró que tampoco cuentan con los protocolos respectivos para el traslado y recepción de las víctimas de violencia, en algunos casos son llevados en patrulleros. “Es necesario poner atención al problema de salud mental de las ecuatorianas y ecuatorianos”, dijo.
Añadió que no hay sistema informático de seguimiento de los casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes; no existen suficientes departamentos de Consejería Estudiantil (DECE) y en algunos casos de abuso en una unidad educativa las víctimas tienen que acudir al departamento de consejería más cercano para presentar su denuncia.
De su lado, Sandra Ruiz, del Consejo para la Igualdad Intergeneracional, subrayó que se articulan las acciones de prevención entre las diversas entidades, tomado como grupo de atención prioritaria a niños, niñas, adolescentes y personas adultas mayores. “Hemos cumplido con la función de observancia de la política pública, para reportar los casos de posible vulneración de derechos en el segmento de menores, para lo cual contamos con un procedimiento específico y se han establecido los criterios básicos atinentes al reporte de este tipo de casos”, agregó.
Entre tanto, el subsecretario del Ministerio del Interior, John Game detalló las acciones en materia de prevención de la violencia en contra de la integridad sexual de niñas, niños y adolescentes. Entre otros mecanismos, identificó la aplicación del programa Algel Watch, en coordinación con el Gobierno de los Estados Unidos, que permite el control migratorio de personas que estén requeridas por la justicia o con condenas por delito sexual y que estén próximos a venir al Ecuador, con información en tiempo real. Esto reduce el riesgo de ingreso de personas con este perfil a nuestro país, enfatizó.
El presidente encargado de la Comisión de Educación, Eduardo Zambrano agradeció la información entregada por la Defensoría del Pueblo, el Consejo para la Igualdad Intergeneracional y el Ministerio del Interior. “Sin duda, el informe que vamos a presentar al Pleno traerá una serie de reacciones”, dijo.
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