En el marco del seguimiento a la aplicación del Decreto Ejecutivo 317, la Comisión de Participación Ciudadana recibió a representantes de asociaciones, federaciones y expertos en materia económica. Este encuentro permitió conocer diversas perspectivas sobre el decreto expedido por el Ejecutivo.
Este decreto del 2 de julio de 2024, dispuso a BanEcuador la condonación de créditos coactivados en fase de apremio y calificados con riesgo E, con montos hasta cinco mil dólares, considerados irrecuperables.
En este aspecto, Bernardo Bravo, presidente de la Asociación de Productores Agrícolas María Victoria, expresó su preocupación por el incumplimiento del decreto por parte de la gerencia de BanEcuador. Subrayó la importancia de fomentar el empleo en los sectores rurales y exigió el cumplimiento total del decreto para apoyar a este sector vital.
Por su parte, Julio César Ramírez, presidente de la Federación Afro-Palenque de los Humedales de Esmeraldas y San Lorenzo, coincidió con Bernardo Bravo en que el decreto no está beneficiando a los sectores más vulnerables. Ramírez destacó que, desde el 2010, enfrentan problemas significativos con la producción de coco y sus derivados, sin recibir respuestas adecuadas de las autoridades competentes. Este problema continúa afectando negativamente a las comunidades y economías locales. Añadió que no se pongan trabas en la condonación de créditos.
Por último, el académico Felipe Andrade informó que se pretendía beneficiar a 7 mil deudores, con un costo al patrimonio de 18 millones de dólares aplicable a deudas desde el 2016. En el análisis, propuso medidas alternativas para aliviar la situación, sugiriendo la organización de ferias de emprendimiento como una estrategia para apoyar la comercialización de productos del sector agrícola.
Tras las exposiciones, la Comisión solicitará a BanEcuador los acuerdos relacionados con el Decreto Ejecutivo 317, a fin de verificar su cumplimiento y evaluar la seriedad de las acciones.
SH/am
