La Comisión de Justicia y Estructura del Estado avanza en el análisis del proyecto de Código Orgánico Integral Penal. Esta vez recibió al Alcalde de Quito, Augusto Barrera, quien presentó sus propuestas sobre las sanciones a las infracciones y contravenciones de tránsito, considerando que los accidentes de tránsito son la causa principal de muertes violentas y las víctimas frecuentes son el peatón y el ciclista.
Dijo que la reforma apunta a establecer mayores sanciones a los conductores en estado de embriaguez, aquellos que usan el celular mientras conducen, los que no usan el cinturón, no respetan las luces del semáforo, el paso cebra. La propuesta busca precautelar la seguridad de las personas, explicó.
Informó que cuando inició la gestión de la actual administración municipal, había una tasa de 16.4 fallecidos por accidentes de tránsito por cada 100 mil personas. Ahora, estamos en el 13% y la meta sería reducir al 10%, subrayó.
Augusto Barrera enfatizó que no es suficiente establecer una ley, sino también trabajar en un plan de concienciación vial orientado a la ciudadanía, sobre las consecuencia de manejar en estado de embriaguez o pasarse una luz en rojo, de hablar por celular mientras se conduce, entre otros aspectos.
Dijo que en un día existen 3000 vehículos que se pasan el semáforo en rojo, lo cual es una de las causas más frecuentes de accidentes y pérdida de vidas humanas.
Propuso que si el conductor ebrio se niega a hacerse el control de alcocheck sea sancionado con todo el peso de la ley, es decir, se entenderá que tiene el nivel más alto de dicha sustancia; así mismo planteó que las personas que se encuentren en estado de embriaguez con 0.3 gramos de alcohol, en lugar de la pérdida de cinco puntos se suspenda la licencia de conducir de seis meses a un año, y cuando sea más de 0,8 gramos de alcohol se retire de dos a cuatro años la licencia. En el caso de que sea un conductor de transporte público se establezca como sanción la suspensión de la licencia. En cuanto a la utilización de celular cuando se conduce, dijo, la sanción debería estar multa del 10 al 30% de la remuneración básica unificada y una pérdida de seis puntos en la licencia.
En otro orden, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado recibió al doctor Víctor Manuel Álvarez, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, quien explicó que tal como está redactado el artículo 137 del proyecto de Código Integral Penal afecta los derechos de los profesionales de la salud, por lo que pidió su eliminación.
Víctor Álvarez indicó que los gremios de profesionales de la salud y otros trabajadores de este ramo trabajaron una propuesta conjunta que esperan sea tomada en cuenta, misma que estaría orientada para que toda infracción culposa en el ejercicio profesional esté tipificada en la Ley Orgánica de Salud y solo las infracciones dolosas estén en el Código Penal.
JLVN/pv
