Alrededor de 60 asambleístas participaron en el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Comunicación, con sus aportes, que serán recogidos por la Comisión Ocasional, a fin de analizarlas, sistematizarlas y elaborar el informe previo a la segunda discusión.
Se abordaron temas relacionados con la conformación del Consejo de Comunicación; la distribución equitativa de las frecuencias radioeléctricas; la necesidad de establecer mecanismos para controlar a los monopolios y oligopolios; la profesionalización para quienes laboran en comunicación; la garantía de la responsabilidad ulterior; generar una normativa de comunicación y no de medios; la calidad de la programación; la promoción de la producción nacional, documental y la teleducación y de programas infantiles.
El proyecto, que contiene 104 artículos, tiene como objetivo garantizar el ejercicio integral y la plena vigencia de los derechos de comunicación que comprenden: la libertad de expresión, de información, comunicación y el acceso a la información pública que tienen las personas, comunidades, colectivos, pueblos y nacionalidades en su propia lengua y con sus propios símbolos.
La ley se aplicará a las personas, comunidades, colectivos, pueblos y nacionalidades, medios de comunicación públicos, privados y comunitarios, comunidades sociales y todos aquellos que formen parte del Sistema de Comunicación Social.
La normativa observa medidas de protección integral para preservar el interés superior de niñas, niños y adolescentes, conforme lo determina la Constitución, los Tratados Internacionales y el Código de la Niñez y Adolescencia, principalmente respecto de los contenidos que se difundan, garantizando la prevalencia de los fines informativos, educativos y culturales.
Se prevé el ejercicio de los derechos de la comunicación, que no estará sujeto a censura previa, salvo los casos establecidos en la Constitución, Tratados Internacionales vigentes y la Ley, al igual que la responsabilidad ulterior por la vulneración de estos derechos.
Determina que las personas naturales o jurídicas tienen derecho al acceso, a través de procesos transparentes de concesión de frecuencias y en igualdad de condiciones, a su uso para la creación y fortalecimiento de medios de comunicación públicos, privados y comunitarios, de conformidad con la ley, precautelando que en su uso prevalezca el interés colectivo, así como el acceso de las bandas libres para la explotación de redes inalámbricas y otras tecnologías.
En el informe para segundo debate se deberán incorporar los siete puntos del acuerdo ético-político respaldado por los jefes de bloque de las diversas bancadas legislativas quienes ratificaron la plena vigencia del mismo en el cual se garantiza el respeto a la libertad de expresión y desarrolla los principios que en esta materia contiene la Constitución y los acuerdos internacionales suscritos por el Ecuador.
Entre los temas consensuados se destaca que el Consejo de Comunicación e Información será autónomo e independiente del Gobierno y de los poderes fácticos; sus funciones estarán orientadas a garantizar los derechos de los ciudadanos y fortalecer la comunicación; tendrá facultades de regulación administrativa, pero de ninguna manera podrá clausurar o suspender administrativamente ningún medio de comunicación. En los casos en que las sanciones explícitas en las leyes así lo determinen, iniciará las acciones ante la justicia constitucional y ordinaria.
Se garantizará la libertad de expresión sin censura previa y con responsabilidad ulterior, conforme lo establece la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 13 numerales 1 y 2. Los límites democráticos a la libertad de expresión deben darse exclusivamente en los ámbitos de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, salud pública, defensa nacional y orden público, conforme lo dispuesto en los artículos 13, numerales 4 y 5, de la Convención Americana de Derechos Humanos y 19 de la Constitución de la República del Ecuador.
Al cierre del debate, el titular de la Legislatura, Fernando Cordero Cueva, destacó la actitud de los asambleístas que demuestra la capacidad de debatir un tema tan importante como este, más allá de las discrepancias ideológicas que puedan existir. “Tenemos ya un esqueleto del proyecto de Ley de Comunicación y creo que estamos en condiciones de construir colectivamente una normativa que responda a los intereses de todos los ciudadanos. A partir de mañana la Comisión tiene la ardua tarea de procesar todas las inteligentes opiniones del primer debate y socializarlas para elaborar un informe que garantice la aplicación del acuerdo ético- político sobre esta materia”, concluyó.
JLVN/eg
