La Comisión de los Derechos de los Trabajadores demandó del ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa, acciones concretas que permitan solucionar los conflictos en empresas como Marbelize S.A, Cuerpo de Ingenieros, Edesa-Prebam, Petroecuador, Erco y Vachangnon.
A la reunión de la comisión, a más del ministro, acudieron representantes de las centrales sindicales, trabajadores y ex trabajadores que se sienten lesionados en sus derechos.
En esta ocasión, el funcionario expresó que las políticas implementadas por su secretaría en materia de seguridad y salud laboral se sujetan a los mandatos legales vigentes y que a través de la unidad técnica de salud durante los últimos 8 años ha desarrollado estrategias de asesoría y capacitación, prevención de riesgos, lo que ha permitido elaborar un reglamento al que deben someterse todas las empresas.
A su vez, el asambleísta Armando Aguilar advirtió que es reiterativa la violación de los derechos laborales en empresas públicas y privadas. Citó el caso de Vachagnon, en donde “no puede ser posible que a dos años de vigencia del mandato 8 se permita la intermediación laboral” y que en el cantón Lago Agrio se intermediaba incluso la contratación para la recolección de desechos sólidos.
Aseguró que no se hacen respetar las sanciones impuestas a través de sentencias y se ha llegado a disminuir los sueldos, por lo que exigió la adopción de medidas inmediatas para corregir esas arbitrariedades.
Línder Altafuya sostuvo que los conflictos no se han resuelto y que en las 18.000 fojas enviadas por el Ministro no se evidencia ninguna solución a los conflictos, al tiempo que argumentó que “los directivos de la empresa ERCO hacen y deshacen con sus trabajadores”.
Señaló que se ha dejado en la desocupación a 184 trabajadores de Marbelize de Manta, sin pagarles la indemnización, al declarar la quiebra la empresa. También denunció que a los trabajadores del Cuerpo de Ingeniero del Ejército se les impone el reglamento militar violando sus derechos. Sobre los trabajadores de Petroecuador dijo que antes con las tercerizadoras ganaban 900 y hoy se les paga 300 dólares, lo que es inadmisible.
La presidenta del organismo legislativo, Nivea Vélez, manifestó que las acciones de fiscalización sirven para esclarecer este tipo de hechos, ya que en el país existen centenares de conflictos laborales, por lo que dejó sentada su inconformidad con la gestión del ministro Espinosa.
Por último, aseveró que los conflictos se producen por incumplimiento del mandato 8 que terminó la tercerización y otras formas precarias en la relación laboral; por despidos producidos por el cambio de denominación en las instituciones públicas y privadas, ante lo cual el Ministerio de Relaciones Laborales, que es el ente encargado de hacer respetar los derechos de los trabajadores y dar ejemplo en la selección de personal mediante concurso de méritos y oposición, no cumple a cabalidad su función.
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