Múltiples fueron los puntos de vista, tanto políticos cuanto doctrinarios, emitidos por los asambleístas, en el marco del primer debate de las reformas al Código Penal y al Código de Procedimiento Penal, en la continuación de la sesión 24 del Pleno. La discusión se retomará a las 15H00.
La presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, María Paula Romo, tras defender las reformas introducidas en marzo de 2009, cuando de un total de 150 artículos, solo cuatro o cinco fueron polémicos, explicó que lo que se pretende es dar respuesta a la ciudadanía sobre sus preocupaciones en torno a temas que han sido malentendidos, y hasta distorsionados, respecto de los índices de inseguridad en el país.
“No le vamos a mentir a la gente, no es que con esta reforma se va a bajar la delincuencia; estamos trabajando en un nuevo Código de Garantías Penales en el cual se recogerán todas las demandas de la sociedad”, dijo, al enfatizar que el problema de la delincuencia va más allá de la sola modificación de las leyes.
Se trata, dijo, de una problemática integral, en el cual tienen su responsabilidad los fiscales y jueces que no aplican adecuadamente la norma o que la interpretan de una manera equivocada.
Reveló que solo nueve de cada 100 noticias de delito que llegan a la Fiscalía son atendidas y de ellas únicamente dos llegan a sentencia en los juzgados o tribunales del país, por lo que se hace necesario determinar un conjunto de políticas encaminadas a reducir los índices de inseguridad, dentro de las cuales la nueva legislación penal es solo una parte.
Defensa de la vida
También se esgrimieron voces en el sentido que las reformas deben mirar hacia la defensa del bien supremo del ser humano, que es la vida, y no privilegiar los derechos de los delincuentes que agreden a los ciudadanos cada vez con más saña, sin que las autoridades cumplan con su deber de proteger la integridad y bienes de las personas.
Problema social
Para otros asambleístas, la delincuencia es un fenómeno social que debe ser atacado desde la ley penal, sí, pero también desde la búsqueda de mecanismos que permitan corregir las inequidades y marginalidad existentes, que ocasionan la falta de fuentes de empleo, lo cual incide en el crecimiento de la pobreza, indigencia y la comisión de delitos.
Leyes justas
Así mismo, sugirieron que solo con la aprobación de leyes justas, fuertes y claras, no habrá jueces pícaros que solapen a los delincuentes, dejando a la ciudadanía a merced de la inseguridad, cuando todos sabemos que existe una verdadera industria del delito en el Ecuador.
Trilogía perversa
Como una trilogía perversa se calificó a la ilegal asociación entre delincuentes, abogados pícaros y jueces corruptos que generan todo tipo de incidentes para alargar los procesos y dejar que opere la caducidad de la prisión preventiva, en los términos previstos en la Constitución y la ley, beneficiándose indebidamente de esta garantía, que ampara al inocente y no a los avezados delincuentes, muchos de ellos reincidentes, que salen de las cárceles para atracar a los ciudadanos honestos.
EG
