El tema de la inclusión en nuestro país todavía no es entendido de manera adecuada, dijo la asambleísta Betty Carrillo, representante de la provincia de Tungurahua, al argumentar los detalles de su proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI).
Comentó que la dinámica dentro de los educadores especiales es bastante dura y difícil, pues incluso tienen que atender a “niños de 30 años”, llevarles al baño y cargarles. La inclusión no significa ponerles en las mismas aulas a niños especiales con los de educación regular, ya que el menor con discapacidad termina perdiendo su autoestima y hasta desvalorizado, subrayó.
También hay niños y niñas con diversas discapacidades en un mismo salón (sordos, con parálisis cerebral, síndrome de Down, etc.), precisó, al enfatizar que el problema es que no existe el número de maestros preparados para dar atención especial, falta infraestructura y aulas suficientes para las diferentes discapacidades.
Entonces, esa intencionalidad de incorporar a las personas con discapacidad a la educación y, como tal, a una actividad productiva resulta poco viable, reiteró, tras sugerir que en el artículo 47 de la LOEI se establezca un currículo específico en cuanto a la educación especial, tomando en cuenta las particularidades.
Adicionalmente, planteó que en el artículo 115 se defina una equidad remunerativa acorde al trabajo que realizan los maestros de educación especial
Por último, habló de la necesidad que en las juntas distritales de resolución de conflictos intervengan personas con perfiles especializados en mediación y negociación, psicólogos, entre otros.
Cumplimiento de la ley
Entre tanto, la asambleísta Myriam González, vicepresidenta de la Comisión de Educación, explicó que el Art. 47 de la Ley de Educación garantiza la inclusión e integración de los ciudadanos en los establecimientos educativos, eliminado las barreras del aprendizaje.
Además, se determina que el ministerio correspondiente tiene que velar por esa participación y que los planteles fomenten todos los apoyos y adaptaciones físicas, curriculares, de promoción, según las necesidades, la capacitación del personal docente en metodología de educación en discapacidad, por lo que se debería exigir el cumplimiento de la normativa, comentó.
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