El Gerente del Banco Central, Mateo Villalba, presentó en la Comisión de Desarrollo Económico el alcance del informe semestral de cumplimiento de la Ley orgánica para el cierre de la crisis bancaria de 1999. Su exposición se fundamentó en cuatro ejes: la transferencia de los bienes, recálculo y liquidación de cartera, pago de acreencias y conclusiones.
Recordó que la gran mayoría de bienes inmuebles vinieron de Filanbanco en liquidación (13.943) 70.9%, luego del Banco del Azuay, (4.724) es decir, con una participación de más del 24% y el resto de entidades financieras, totalizando 19.667 inmuebles. Para el cumplimiento de la transferencia de estos bienes inmuebles y muebles, el Banco Central planificó dos etapas: la obtención de documentación habilitante, inspección y elaboración de minutas de los bienes; la suscripción de las escrituras de transferencia de dominio y la inscripción en los registros de la propiedad (INMOBILIAR y MAGAP)
Precisó que se condonaron operaciones inferiores a los 5 mil dólares, hubo un recálculo de cartera de acuerdo a criterios de la ley. El recálculo de la cartea se realizó a petición del ciudadano. Se eliminaron intereses aplicados, interés de mora, gastos judiciales y se estableció un plazo de 6 años incluido un año de gracia, con un interés del 5% anual.
Informó que existieron 473 solicitudes de reclamo, de las cuales 382 (82%) fueron analizadas y respondidas hasta el 20 de agosto de 2014; 86 solicitudes (18%) estaban en proceso de análisis hasta la fecha señalada. A la fecha, 460 reclamos han sido atendidas de un total de 473 (97% de avance, el 3% sigue en análisis).
El pago de acreencias se lo hizo primero al sector privado (12%), luego al público (88%). Los pagos se efectuaron hasta por un valor de 75.000 por acreedor y por una sola vez, por lo que se habilitaron 41.895 acreencias por 23,8 millones. A diciembre de 2014 se han cancelado 8.389 acreencias por 13 millones 570.701. Dijo que el 100% de bienes muebles están inventariados y avaluados.
Entre tanto, Roberto Parra, presidente del colectivo Deudores de Buena Fe pidió apoyo para dar solución a un grupo de 45 personas que hicieron declaraciones juramentadas y que por cuestiones administrativas no se resuelven sus casos
En esta reunión de trabajo también acudió Roberto Murillo, gerente de la Corporación Financiera Nacional quien señaló que de las 213 operaciones cuyos deudores solicitaron acogerse al beneficio del recálculo, se cancelaron 161 que suman 49, 39 millones de dólares; 14 operaciones generaron nuevas obligaciones por la cantidad de 15,36 millones de dólares; y están pendientes de análisis 38 operaciones por 42 millones de dólares.
JLVN/pv
