Aproximadamente 70 trabajadores de la Compañía Ecuatoriana del Caucho ERCO fueron recibidos por la Comisión 2 de la Asamblea, en donde denunciaron la violación de sus derechos, al no hacerse efectivas, puesto que los empresarios se niegan a aceptar las aspiraciones.
Tras aseverar que la huelga de hambre, que se inició hace 45 días, ha sido calificada como ilegal, el asesor jurídico del Comité de Empresa de los Trabajadores, Patricio Ortiz, dijo que no cederán en su lucha por la dignidad y honestidad, frente a una transnacional que pretende imponer sus criterios aún sobre la normativa constitucional.
Expresó que el pliego de peticiones planteado hace mucho tiempo se fundamenta en la Constitución, el Código de Trabajo y el Contrato Colectivo, pero que los empresarios, de manera sistemática, han violado los derechos de los trabajadores. Se han firmado contratos colectivos, aparentemente con el consentimiento de las partes, pero al día siguiente de su firma son pisoteados, enfatizó.
Agregó que los trabajadores generan utilidades de hasta 130 millones anuales de los cuáles solo reciben 200 dólares por año.
José Chávez, dirigente de la CEOSL, dijo que por tres ocasiones han sido recibidos por los ministros de Relaciones Laborales, Richard Espinoza, de Producción Nathaly Celi y el Inspector del Trabajo, Antonio Alarcón a quienes les expusieron que la empresa emplea prácticas ilegales en contra de sus trabajadores.
Por las razones anotadas, solicitaron la comparecencia del ministro de Relaciones Laborales para que explique, entre otros aspectos, si los representantes legales de la compañía ERCO y los dirigentes del Comité de Empresa suscribieron un acuerdo suspendiendo los términos del proceso y la huelga por 45 días; que si en el referido acuerdo consta expresamente en el literal b), que los trabajadores declararon la huelga al amparo de lo dispuesto en el Código del Trabajo.
También pidieron que el inspector del trabajo, quien presidió el tribunal de conciliación y arbitraje, responda los fundamentos jurídicos que tuvieron los vocales de mayoría para dictar el fallo que afecta a los trabajadores.
La presidenta de la Comisión de Derechos de los Trabajadores, Nivea Vélez, dijo que éste es un problema a nivel nacional y, por lo tanto no pueden permanecer indiferentes, mientras que la vicepresidenta, Dora Aguirre, expresó que los derechos no se negocian, se respetan.
A su vez, las asambleístas Silvia Salgado y Rosana Alvarado sostuvieron que los derechos no se piden de rodillas, sino de pie y dignidad, a la vez que respaldaron la propuesta para que el Ministro Espinoza acuda a dar explicaciones.
RSA/pv
