La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por María Paula Romo, en cumplimiento del artículo 58 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, presentó el informe para primer debate de la Ley Derogatoria No. 2 para la depuración de la normativa.En esta ocasión, el organismo propone la depuración de 159 decretos, considerando que tales normas, aunque forman parte del ordenamiento jurídico ecuatoriano, han perdido eficacia, tanto por el transcurso del tiempo fijado para la vigencia de la ley; por el cumplimiento de la finalidad que con su expedición se propuso alcanzar, cuanto porque los presupuestos establecidos en ellas han sido recogidos por otros cuerpos legales promulgados posteriormente.
Dicho informe plantea la derogatoria de leyes, decretos legislativos, decretos supremos y codificaciones referentes, principalmente, a la destilación de aguardientes; impuestos a las ventas de alcoholes, sal y cigarrillos para financiar obras públicas como escuelas, colegios, puentes, carreteras, edificios estatales; regulación para el manejo del monopolio fiscal de aguardientes, fósforos y tabaco, entre otros contenidos legales, que actualmente han perdido eficacia.
El 12 de enero 2010, el presidente de la República, Rafael Correa Delgado, remitió al titular de la Asamblea, Fernando Cordero Cueva, el proyecto de Ley de Depuración de la Normativa Legal, que comprendía alrededor de 700 normas caducas.
En razón de la extensión y complejidad del tema, la Comisión de Justicia logró del Consejo de Administración Legislativa, CAL, la autorización para tratar el proyecto en partes, es decir que se aprueben como leyes diferentes, a fin de realizar un exhaustivo análisis del contenido de cada una de las normas.
El primer paquete de 107 cuerpos legales obsoletos fue aprobado por la Asamblea Nacional el pasado mes de mayo. No obstante, el Ejecutivo, a solicitud de la ministra Coordinadora de la Producción, Empleo y Competitividad, Nathalie Cely Suárez, presentó una objeción parcial en el sentido de que se exceptúe de la depuración lo atinente al Abono Tributario, pues crea un instrumento de política exterior idóneo para compensar a los productores que se vean perjudicados por medidas impuestas por terceros países, lo que resulta indispensable para mantener y atraer la inversión productiva.
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