La Comisión de Seguridad, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, presidida por el asambleísta Fernando Bustamante Ponce, inició el trámite del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana, de iniciativa del Presidente de la República; y, el de Creación del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, de autoría de la segunda Vicepresidenta de la Asamblea, Rocío Valarezo.
La propuesta del Ejecutivo se orienta a la transformación de la Policía Nacional, que asuma las responsabilidades que por disposición constitucional le corresponde en materia de seguridad ciudadana, protección interna y orden público, pues como institución profesional puede responder a las necesidades técnicas, logísticas, y operativas en la forma dispuesta en la Carta Magna.
Establece la creación de una carrera profesional, organizada sobre la base de los perfiles correspondientes a cada agrupación policial y que tengan reconocimiento económico.
También, la propuesta gubernamental promueve crear el servicio civil de investigación como apoyo a la investigación de la infracción en procesos judiciales para garantizar el acceso a la justicia y la no impunidad, así como el servicio de protección pública con la finalidad de responder a la seguridad de las personas protegidas que en razón de sus funciones requieran de ésta.
Entre tanto, el proyecto de la legisladora Rocío Valarezo Ordóñez, de la provincia de El Oro, determina la creación del Sistema de Seguridad Ciudadana, con la finalidad de consolidar el esfuerzo nacional optimizando las acciones del Estado e integrando la participación ciudadana de manera planificada y coordinada.
Este Sistema estará compuesto por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana; Consejos Provinciales de Seguridad Ciudadana; Consejos Cantonales de Seguridad Ciudadana; Comités Parroquiales de Seguridad Ciudadana; y, el Instituto Nacional de Seguridad Ciudadana.
La segunda autoridad del Legislativo consideró clave que las alcaldías, prefecturas, juntas parroquiales y otras instituciones, a las que debe sumarse el esfuerzo privado y especialmente la participación ciudadana, desplieguen acciones de autoprotección, dentro de un sistema organizado y debidamente articulado para enfrentar los efectos y combatir las causas y orígenes de la descomposición social.
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