Como positiva fue calificada la reunión solicitada por la Comisión de Desarrollo Económico con la de Gobiernos Autónomos, en razón de que se abordaron temáticas fundamentales que deberán tomarse en cuenta en las leyes que se aprobarán en la Asamblea Nacional, a fin de que sean armónicas con la Constitución de la República. En este caso, las reformas a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y el Código Territorial, Cootad, que deben tomar en cuenta las competencias de los municipios en el tema de tránsito.
En esta reunión de trabajo se clarificó que es obligación de los municipios ejercer la competencia exclusiva de planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público (total) dentro de su territorio cantonal, por tanto, deben guardar coherencia el Cootad y las reformas a la Ley de Tránsito.
Así mismo, consideraron oportuno que el directorio de la Comisión Nacional de Tránsito esté conformado, en su mayoría, por los gobiernos autónomos descentralizados, las regiones y la autoridad nacional, para poder articular el sistema; y, mientras se conforman los gobiernos regionales (mancomunidades), se establezca una transitoria en la que se determine que el control de tránsito se delegue a la Policía Nacional, pero aclarando que el alcalde será la máxima autoridad.
Estimaron pertinente enfocar las reformas hacia la movilidad peatonal no motorizada (bicicletas que no contaminan el ambiente), motorizada, pero dando prioridad a la pública sobre la privada. También analizar el tema de la corrupción en la transportación, porque conviene terminar con esta lacra que ha explotado insanamente al trabajador del transporte, mediante normas que reconozcan los derechos de trabajo para los choferes. Debe existir una competencia gestionada y concurrente de los municipios, dijeron.
Así mismo, la ley de tránsito debe regular claramente que los recursos que se obtengan por licencias, matrículas y multas deben ser redistribuidos de manera equitativa entre todos los municipios, sobre la base de dos porcentajes: el primero, en función de lo que un municipio reciba de su parque automotor y, el otro, con un fondo de compensación que permita equilibrar a aquellos que siendo pequeños puedan mantener la competencia. Y esto se podría conseguir desde la autoridad nacional.
En la ley, igualmente, se debe regular claramente el tema de las ordenanzas, para lo cual propusieron que los municipios podrían establecer directrices más precisas sobre la realidad de cada localidad. Actualmente, algunas de ellas están por fuera de la ley y en contradicción, por lo que es necesario suprimirlas, a fin de que no existan conflictos de autoridad.
En la normativa se debe determinar que el control de las carreteras a nivel nacional estará a cargo del Consejo Nacional de Tránsito, pudiendo delegar a la Policía Nacional su ejercicio.
El vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Carlos Zambrano, indicó que estas reuniones de trabajo con la mesa de Gobiernos Autónomos serán permanentes, a fin de armonizar criterios sobre las reformas a la Ley de Tránsito, hasta conseguir el texto definitivo que presentarán al Pleno de la Asamblea.
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