La presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, Nivea Vélez y el Secretario Regional de la Internacional de Servicios Público, Juan Diego Gómez convocaron para el miércoles 8 de diciembre a la reunión de seguimiento de las reformas de la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP).
Nivea Vélez recordó que en el foro “Por una ley de servicio Público desde la normativa internacional del trabajo y el diálogo social”, que se realizó el pasado 24 de noviembre en la Sede Legislativa, se resolvió realizar esta reunión que tiene como propósito contar con la mayor participación y el aporte en la consolidación de un proceso unitario de organizaciones del sector público para alcanzar el objetivo común, de una ley que garantice los derechos y conquistas de las y los trabajadores.
El evento, que se realizará el miércoles 8 de diciembre a partir de las 9h00 en la sede de la Internacional de Servicios Públicos-ISP ubicado en la Cochapata E11-94 y Juan de Abascal, edificio del Colegio de Periodistas de Pichincha, 3er piso, a las 9h00, contará con la participación de las organizaciones involucradas con la problemática.
Vélez, quien participará con la ponencia “Deslaboralización o Garantía de los derechos de las y los Servidores Públicos: la Constitución de Montecristi y su puesta en vigencia”, señaló que es necesario que hagamos prevalecer la Constitución en las leyes que se dictan en la Asamblea, en las políticas que define el Gobierno, en los recursos que se asignan para su cumplimiento, para lo cual es menester identificar los retos que debemos plantearnos como construir una conciencia ciudadana, que comprenda cuál es el alcance y realidad; del Socialismo del Siglo XXI, y confrontarlo con los planteamientos constitucionales.
Por último, afirmó que es necesario informar y difundir las herramientas que la Constitución incorpora, de manera que las personas conozcan, no solo cómo pueden defender sus derechos, sino cómo exigirlos; fortalecer las organizaciones, como un mecanismo que aglutina a los diferentes sectores, para defender derechos y avanzar en su garantía y ejercicio; participar en la elaboración de las leyes, con propuestas claras que aporten en su construcción; impulsar las acciones legales que sean necesarias cuando las leyes o las decisiones del Estado son contrarias a derechos, avanzar, si es necesario hasta instancias internacionales.
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