Francisco Vacas, ministro de Relaciones Laborales, fue la primera autoridad que compareció ante la Comisión de Régimen Económico y Tributario para explicar el objetivo central del proyecto de Ley para la Defensa de los Derechos Laborales, remitido por el Ejecutivo en calidad de urgente en materia económica. Para mañana, a las 10:00, fueron invitados los extrabajadores de los casinos y salas de juego, que de una u otra forma fueron afectados en sus derechos, para que presenten sus observaciones.
El funcionario recordó que en el país existían dos grupos de empresas de casinos y salas de juego, las legales e ilegales. Los primeros, contaban con aproximadamente 4.500 empleados en 20 empresas; y los segundos, con 3000 trabajadores, en 12 empresas.
Entre las ilegales se encontraban las empresas Profiseries y Viña Carolina (antes Invermun), que tenían aproximadamente 1200 trabajadores y manejaban el 80% del mercado nacional.
Tras la consulta popular se dio el cierre de los casinos y salas de juego ilegales, debiendo liquidar a los trabajadores como despido intempestivo. Pero por incumplimiento, actualmente existe un fallo del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, en el Ministerio de Relaciones Laborales, donde se reconoció el pago de la indemnización, proceso que se encuentra en la etapa de ejecución.
El Ministro mencionó que Profiseries y Viña Carolina no tienen un solo activo, ni una sola cuenta bancaria a su nombre, pues son empresas panameñas. De lo poco que se logró rematar se recaudaron apenas 20 mil dólares. Por la venta de máquinas se alcanzaron 200 mil dólares, pero no se puede conseguir más dinero para continuar la liquidación, añadió.
A ello se suma que la empresa Profiseries le debe al Servicio de Rentas Internas, aproximadamente 80 millones de dólares por concepto de impuestos; al IESS, cerca de 4 millones; y, por liquidación a extrabajadores, 4 millones.
Además están en proceso acciones penales por retención del monto de aportación al IESS, temas de defraudación fiscal y lavado de activos, informó el Ministro.
Sin embargo, se conoce están en poder de personas vinculadas a las empresas determinados inmuebles, como un edificio en Machala, un edificio y una casa en Guayaquil, departamentos en Salinas, una casa grande en Quito y varios terrenos. Por tanto el Ministerio de Relaciones Laborales requiere una herramienta para actuar sobre estos bienes, añadió.
Respecto a las empresas legales, informó que éstas liquidaron con 7 millones de dólares a todos sus extrabajadores y no existe conflicto alguno.
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