A propósito del Seminario Regional Combatiendo la Violencia contra las Mujeres, la asambleísta ecuatoriana María Paula Romo, presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, dijo enfáticamente que hay una marcada distancia entre la ley y la vida real.Inmediatamente, recordó el sufrimiento y angustia que soportaron dos jóvenes mujeres estudiantes de la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro, actualmente de 22 años de edad, a quienes el Rector y las autoridades pedagógicas del plantel les expulsaron y negaron la matrícula para avanzar en sus carreras para oficiales de las FFAA bajo el argumento de que habían incurrido en una grave falta disciplinaria: haberse embarazado.
Las chicas engendraron sus bebés con compañeros de la propia Escuela, pero para ellos no se tomó en cuenta la referida falta. Ellas se convirtieron en madres solteras de dos niñas y no pudieron ni siquiera obtener el reconocimiento del apellido de los progenitores, refirió.
En todo caso, las muchachas desarrollaron una tenaz lucha y perseverancia hasta que la administración de justicia obligó a los personeros de la institución a dejar insubsistente la citada decisión y facilitar el reingreso a las aulas, siendo fundamental que la Constitución y las leyes les sirvieron de base para argumentar la legalidad de sus demandas y derechos, agregó.
Por último, expresó que “ese ejemplo, más la garantía de derechos expuestos en la Carta Política, debe ser la línea de conducta para lograr la igualdad, equidad y una sociedad justa, con perfecta inclusión, al tiempo que exhortó a mantener un compromiso no solo en materia de legislación sino para vigilar la consecución de metas.
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