Con la presencia del viceministro de Comercio Exterior, Julio Oleas, la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, intensificó el análisis y debate sobre la propuesta del Ejecutivo de denunciar 13 tratados bilaterales de Protección Recíproca de Inversiones.La asambleísta Linda Machuca, vicepresidenta del organismo, recordó que se ha pedido una prórroga del plazo (máximo veinte días) para presentar el respectivo informe, conforme el Art. 58 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, a fin de ampliar los espacios de discusión.
De su parte, Vladimir Vargas sugirió que se presente una información exacta respecto de los supuestos perjuicios que causaría la vigencia de dichos tratados, tras preguntar si es preferible introducir rectificaciones a ciertos artículos que se opondrían a las disposiciones de la Constitución antes de aprobar la denuncia.
El viceministro Julio Oleas manifestó que los 13 convenios en referencia contradicen el artículo 422 de la Constitución, que establece la prohibición de celebrar instrumentos internacionales en los que el Estado ceda jurisdicción soberana a instancias de un arbitraje fuera de nuestra nación.
Comentó que en estas áreas de arbitraje está el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), controlado, en última instancia, por el Banco Mundial, tras enfatizar que en este tema están en juego 3 mil 200 millones de dólares.
Aclaró que ir por el camino de una reforma demoraría entre 5 a 8 años, a lo que se sumaría 10 ó más años que dichos instrumentos internacionales seguirían vigentes, en razón de la cláusula de protección, lo que significaría que por casi 20 años se mantendría con la misma norma.
La denuncia comprende urgencia y oportunidad en defensa de los intereses nacionales, más aún cuando la ecuación de las relaciones internacionales tiene que ver con seres humanos y hoy el capital está por sobre los derechos humanos en los procesos de arbitraje, por lo que se trata, también, de equilibrar este hecho, precisó.
El legislador Fernando Bustamante, titular de la Comisión 5, indicó que el miércoles de la próxima semana será invitado el Procurador General del Estado, Diego García, para que clarifique los aspectos jurídicos y legales, lo que permitirá tener mayores elementos de juicio para la elaboración del pertinente informe.
MG/pv
