En el marco del segundo encuentro Andino de Movimientos Ciudadanos por el Derecho a la Educación, el presidente de la Comisión Especializada Ocasional de Educación, César Rodríguez, señaló que la estrategia de las clases oligárquicas y burguesas del Ecuador, ha sido desproveer a los pueblos del derecho de una educación liberadora, a través del desmantelamiento del Estado, desde la privatización de servicio y la politización de la educación a sus máximos niveles de polarización.“En la Constitución aprobada en el 2008, se definieron los cambios trascendentales en el rumbo político del país, que se derivan de un paradigma vanguardista de convivencia y desarrollo: el Sumak Kawsay o Buen vivir, un modelo que entiende el desarrollo como bien común, inclusión y sostenibilidad, y se erige como antítesis del modelo neoliberal y la economía de mercado, cuya noción de desarrollo acumulativo, privatizador y excluyente genera enormes inequidades, provoca el deterioro de la calidad de vida y de las relaciones sociales, degrada el ambiente en América Latina y el mundo y, lo peor, altera la sensibilidad de las personas y los pueblos convirtiéndolos en centrales de enajenación” recalcó.
En el evento, que se desarrolló en el salón del ex senado, de la Asamblea Nacional, participaron diferentes actores de la educación y la cultura, Rodríguez manifestó que el giro radical en la estructura política del Estado ecuatoriano determinó la necesidad y estableció el mandato perentorio de reformular todo el cuerpo jurídico de los subsistemas del Sistema de Inclusión y Equidad y que prueba de la realización política de este mandato es la inminente aprobación de la nueva Ley Orgánica de Educación.
En este marco indicó que el nuevo proyecto de Ley plantea una administración desconcentrada de la educación y que la gestión va desde el nivel central, que asume básicamente el rol de regulador y aterriza progresivamente en los niveles desconcentrados zonales, distritales, hasta la unidad educativa.
“Respecto al financiamiento y administración del recurso de inversión educativa, el rol de la comunidad organizada es imperativo y permanente; la detección temprana y focalizada de desviaciones, errores, irregularidades y delitos de corrupción son una tarea esencialmente ciudadana. El colectivo, la comunidad activa, involucrada y con capacidad real de incidencia y decisión son la única vía para viabilizar y garantizar los procesos” enfatizó.
Sostuvo que el nuevo proyecto de Ley de Educación General, busca recuperar lo público en el marco de la participación ciudadana; asegurar servicios básicos para todas las instituciones educativas; involucrar a todos los subsistemas del Sistema de Inclusión y Equidad en la dinámica educativa.
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