El presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, Jaime Abril, oficializó ante la Secretaría de la Asamblea la entrega del informe para segundo debate del proyecto de Ley de Recursos Hídricos y Utilización del Agua, la cual se orienta a beneficiar al interés de los 14 millones de ecuatorianos.
Aseguró que se han recogido la mayoría de aportes de los diferentes colectivos ciudadanos y actores sociales, especialmente la preocupación de los sectores indígenas y campesinos, en lo atinente a conformación de la Autoridad Única del Agua y, lo que es más, se elimina cualquier posibilidad de privatización del recurso, tras precisar que el texto está en clara concordancia con la Constitución.
Omar Juez y Lídice Larrea, vocales del ente parlamentario, mencionaron el amplio proceso de máxima socialización y la construcción colectiva del cuerpo legal. “Jamás hemos recibido presiones de nadie, hemos actuado con conciencia de país y en función de satisfacer las expectativas de la comunidad nacional”, enfatizaron.
Alcances y contenido
El economista Jaime Abril reiteró que durante el período de socialización participaron activamente los usuarios del agua, los regantes, indígenas, campesinos, las cámaras de la producción, así también la Conaie y Ecuarunari que quisieron imponer una agenda propia y en ningún instante expusieron propuestas alternativas para abrir un debate sobre los nudos críticos; luego optaron por retirarse de la mesa.
Explicó que la Autoridad Única del Agua está compuesta por el Consejo Plurinacional e Intercultural, la Secretaría Nacional y la Agencia de Regulación y Control, institucionalidad en la que tienen participación los indígenas, campesinos, pueblos y comunidades para formular, planificar y diseñar políticas. El Consejo, que estará integrado por un 50% del Estado y el restante por usuarios, regantes, pueblos, tiene que administrar todo lo que es el proceso de la gestión del líquido.
Se acaba todo tipo de concesiones y éstas se convertirán en autorizaciones, por tanto, la gestión del agua es pública y comunitaria, argumentó, tras precisar que en el caso de Interagua la disposición constitucional 316 determina la excepcionalidad para que una empresa pueda manejar una gestión del agua, pero bajo la competencia del alcalde la respectiva ciudad.
Bajo esas consideraciones, el municipio tiene la plena facultad para realizar auditoría y evaluación, a fin de analizar si ha cumplido con los parámetros de asistencia, inversión, beneficios a la población, de ello dependerá dar por terminado o continuar con la negociación.
Aguas termales y envasadoras
Respetando la inversión en el sector privado, puesto que contribuye al desarrollo económico, la Comisión de Soberanía Alimentaria determinó que en las nuevas autorizaciones se modifique sustancialmente las irrisorias tarifas que venían pagando al Estado y que el envasamiento sea mediante elementos biodegradables, en el lapso de tres años, una vez que cuenten con la pertinente tecnología, sostuvo, al enfatizar que el asambleísta Pedro de la Cruz compartió en un 90% con el texto.
El informe de mayoría está suscrito por Jaime Abril, Lídice Larrea, Omar Juez, Yandri Brunner, Jimmy Pinoargote y Susana González. El cuerpo legal contiene 266 artículos, tres disposiciones generales y 20 disposiciones transitorias.
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