Esta resolución lo tomaron los integrantes de la Comisión de Biodiversidad, presidida por la asambleísta Rosana Alvarado, luego de que el Consejo de Administración Legislativa (CAL), resolvió que este organismo se encargue de analizar las reformas propuestas por el legislador Pedro de la Cruz.
Los comisionados presentarán, hasta el lunes 12 de abril, una propuesta y metodología para socializar el cuerpo legal con los sectores relacionados con la temática, así como el cronograma de comparecencias para recibir observaciones, para viabilizar un trabajo participativo con la ciudadanía en general.
La normativa tiene por objetivo establecer los mecanismos mediante los cuales el Estado cumpla su obligación y objetivo estratégico de garantizar a las personas, comunidades y pueblos la autosuficiencia de alimentos sanos, nutritivos y culturalmente apropiados de forma permanente.
El régimen de la soberanía alimentaria está conformado por el conjunto de normas conexas, destinadas a establecer en forma soberana las políticas públicas agroalimentarias para fomentar la producción suficiente y la adecuada conservación, intercambio, transformación, comercialización y consumo de alimentos sanos, nutritivos, preferentemente provenientes de la pequeña, la micro, pequeña y mediana producción campesina, de las organizaciones económicas populares y de la pesca artesanal así como microempresa y artesanía; respetando y protegiendo la agrobiodiversidad, los conocimientos y formas de producción tradicionales y ancestrales, bajo los principios de equidad, solidaridad, inclusión, sustentabilidad social y ambiental.
Determina que el Estado a través de los niveles de gobierno nacional y subnacionales implementará las políticas públicas referentes al régimen de soberanía alimentaria en función del Sistema Nacional de Competencias establecidas en la Constitución y la Ley.
Su ámbito comprende los factores de la producción agroalimentaria; la agrobiodiversidad y semillas; la investigación y diálogo de saberes; la producción, transformación, conservación, almacenamiento, intercambio, comercialización y consumo; así como la sanidad, calidad, inocuidad y nutrición; la participación social; el ordenamiento territorial; la frontera agrícola; los recursos hídricos; el desarrollo rural y agroalimentario; la agroindustria, empleo rural y agrícola; las formas asociativas y comunitarias de los microempresarios, microempresa o micro, pequeños y medianos productores, las formas de financiamiento; y, aquellas que defina el régimen de soberanía alimentaria.
Las normas y políticas que emanen de esta Ley garantizarán el respeto irrestricto a los derechos de la naturaleza y el manejo de los recursos naturales en concordancia con los principios de sostenibilidad ambiental y las buenas prácticas de producción.
Conforme lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa la Comisión tiene 45 días para presentar el informe previo al primer debate; de estos al menos los 15 primeros días se destinarán al proceso de socialización con la ciudadanía y los sectores involucrados en esta temática..
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