“Ya no se va a distribuir los recursos por la ley del más fuerte”, dijo la Ministra de Finanzas, Elsa María Viteri, quien explicó ante la Comisión de Gobiernos Autónomos, Concope, AME y Canajupare, su propuesta para la distribución del presupuesto para los municipios, consejos provinciales y juntas parroquiales.Las transferencias totales por niveles de Gobierno ascienden a 1740 millones de dólares. De los cuales 466 millones corresponden a los consejos provinciales, 1.167 millones a los municipios y 106 millones a las juntas parroquiales, recursos que, según la ministra, son considerados, estrictamente, con base a la normativa constitucional, dejando a un lado el viejo modelo caótico con las 19 leyes existentes.
Manifestó que la fórmula de cálculo es solidaria para que todo el territorio se desarrolle en forma equitativa, para ello se establece un gasto estandarizado por habitante considerando varios aspectos y se suma el incentivo por esfuerzo fiscal. El monto a transferir se calcula con miras a cubrir la brecha en un 75%.
Añadió que el Ejecutivo mira a los gobiernos seccionales como aliados estratégicos para conseguir el desarrollo equitativo de toda la población.
“El Ministerio de Finanzas ha puesto a disposición de esta comisión un sistema técnico, responsable con la sostenibilidad del país y acorde con la Constitución”, subrayó.
Al respecto, el asambleísta Paco Moncayo, entre otros aspectos, recordó que la descentralización en gran medida se debe al esfuerzo de los municipios. Fue participe de alcanzar una fórmula que genere equidad.
Guillermina Cruz manifestó que el Ministerio de Finanzas no ha realizado un estudio real de las necesidades insatisfechas de las provincias. Puso de ejemplo el Consejo Provincial de Napo que, con la propuesta, tendría 250 mil dólares adicionales, pero aquello no alcanzaría ni para un puente. Al cantón Quijos se le sube 40 mil dólares al año y a las juntas parroquiales, 2 mil dólares, dijo.
Paúl Granda, presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, tras proponer que primero se defina el monto de los recursos que se distribuirán a los gobiernos autónomos, para planificar sobre esa base, aclaró que en la Constitución no existe la derogatoria de las leyes especiales. En todo caso, la distribución deberá definirse en el marco de la solidaridad, añadió.
Montgómery Sánchez, presidente del Consorcio de Consejos Provinciales del Ecuador planteó que en el Código de Organización Territorial se determine con claridad que cuando se creen los gobiernos regionales no se disminuyan los recursos de los consejos.
Hugo Quiroz Vallejo, presidente de la Consejo Nacional de Juntas Parroquiales Rurales del Ecuador subrayó que no se ha dimensionado la importancia de la población rural. Los 106 millones de dólares anuales que se destinarían son insuficientes para 4 millones de ecuatorianos que viven en las parroquias, señaló.
El asambleísta José Picoita requirió mayor precisión en el cálculo, con el fin que no se perjudique a las provincias. Por ejemplo, dijo, Loja solamente con el FONDVIAL recibiría más recursos de los que recibiría con la fórmula.
Andrés Roche, subrayó que se encuentran vigentes las leyes especiales y las compensaciones. Según los cálculos los recursos a distribuirse a los gobiernos autónomos descentralizados llegarían a los 1990 millones de dólares.
El asambleísta Paco Fierro informó que por decisión de la comisión de Gobiernos Autónomos la provincia de Chimborazo también será partícipe de los recursos que genera la Ley 047.
Por último, Virgilio Hernández, presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, destacó la decisión de generar los acuerdos indispensables con los gobiernos locales, a fin de promover un país equitativo, a la vez que aseguró que mientras no existe el Código Territorial las leyes especiales que generan recursos siguen vigentes.
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