“Necesitamos una ley profundamente democrática, una ley que garantice la concreción del derecho humano al agua, una ley que permita una regulación eficiente de su uso, una ley que asegure la distribución equitativa de este recurso”, dijo el presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, Miguel Carvajal, en la apertura de la Mesa de Diálogo Nacional, último paso del proceso de consulta prelegislativa sobre el proyecto de Ley de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua.
Al dar la bienvenida a los delegados de las 17 organizaciones de tercer grado convocadas para esta fase de la consulta prelegislativa, Miguel Carvajal recordó que dictar una nueva ley en materia del agua es fundamental, considerando que desde 1972, cuando se dictó la normativa vigente, el Ecuador ha cambiado y la legislación debe ajustarse a la realidad del siglo XXI.
Subrayó que era importante escuchar a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias, a través de sus diversas organizaciones, para evitar una posible vulneración de sus derechos colectivos pero, a la vez, para adaptar la ley a las actuales condiciones del país.
Calificó como positivo el trabajo cumplido por la comisión durante las 22 audiencias públicas y tres comisiones generales a nivel provincial, a través de las cuales se pudieron establecer los consensos y disensos que se someten a discusión en la Mesa Nacional.
Expresó la aspiración del organismo legislativo para, en el menor tiempo posible, entregar el informe a la Presidencia de la Asamblea, a fin que se reabra el debate del proyecto de Ley de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, puesto que luego de cuatro años hay necesidad de hacer ajustes a esta normativa.
Consensos y disensos
De su lado, el vicepresidente de la comisión, Mauricio Proaño, expuso los consensos y disensos establecidos en las audiencias provinciales, en torno a los cinco temas sustantivos del proyecto de Ley de Recursos Hídricos, así como otras propuestas que fueron recogidas en esta fase del proceso.
Respecto del primer tema sustantivo, referente a tradiciones ancestrales, lugares rituales y sagrados, los consensos se refieren a que la administración y conservación de los mismos se realice a través de los pueblos y nacionalidades; y, que se elabore un inventario de estos lugares. No hubo disensos, dijo el legislador Proaño.
En torno a la gestión y manejo ancestral, que es el segundo tema sustantivo, Mauricio Proaño indicó que los consensos giran en torno a la responsabilidad compartida del Estado y los sistemas comunitarios en la preservación, conservación y manejo del agua; que el Estado debe garantizar el derecho humano al agua y la eficiente gestión; y, mantener los mecanismos propios en esta materia. Como disensos se recogieron pronunciamientos en el sentido que no puede establecerse un porcentaje para la recopilación y almacenamiento del agua lluvia; y, el capítulo atinente a las facultades de las juntas de agua y de regantes.
Sobre el uso, usufructo y administración del agua, tercer tema sustantivo, se consensuó que los gobiernos autónomos descentralizados deben establecer alianzas público-comunitarias; establecer sanciones por contaminación del agua; mejorar el texto para restaurar la naturaleza; y, la responsabilidad compartida del Estado y los sistemas comunitarios en la conservación. Las diferencias de criterios se refieren a precisar el alcance del aprovechamiento productivo del agua; quién debería fijar el régimen tarifario; las tarifas diferenciadas, con una cantidad vital gratuita; y, el no pago de tarifa para riego.
En función del cuarto tema sustantivo, es decir, el derecho propio o consuetudinario, los acuerdos subrayan en la prohibición de toda forma de privatización del agua; la redistribución y asignación del agua para riego; el reconocimiento de la autonomía interna de los sistemas comunitarios; y, el fortalecimiento de la participación de las comunidades. De otro lado, son dos los disensos y se refieren a la revisión del cálculo del volumen de agua por lluvias y caudales; y, el cambio en la prelación del uso del agua, poniendo en primer término al turismo.
Los consensos sobre el quinto tema, de la participación y representación en los organismos oficiales, se orientan a la existencia de una autoridad única del agua; fortalecer la participación comunitaria; la integración de los consejos de cuenca; el conocimiento y resolución de conflictos conforme el derecho consuetudinario; y, garantizar la vigencia plena de los derechos colectivos. El disenso está en la conformación del Consejo Intercultural.
El legislador Mauricio Proaño citó como aspectos importantes otras propuestas como la creación del Fondo del Agua; establecer una normativa sobre la destrucción de los ecosistemas que generan agua; el control del desperdicio de agua; la desalinización del agua marina; y, desarrollar un articulado sobre las responsabilidades laborales y tributarias de las juntas de agua y de riego.
Tras la explicación del vicepresidente del organismo legislativo, se declaró abierta la participación de los delegados de las distintas organizaciones de tercer grado, en la Mesa de Diálogo Nacional sobre la Ley de Recursos Hídricos.
EGpv
