Según convocatoria efectuada por presidenta de la Legislatura, Gabriela Rivadeneira, hoy a partir de las 09h30, los asambleístas iniciarán el primer debate del proyecto de Ley de Creación de la Universidad Regional Amazónica IKIAM.La Universidad Regional Amazónica IKIAM es una institución de educación superior de derecho público, sin fines de lucro, con personería jurídica propia, con autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica acorde con los principios establecidos en la Constitución y la Ley Orgánica de Educación Superior.
El promotor de este Centro Superior de Educación Amazónico, será la Función Ejecutiva, a través del Ministerio de Coordinación del Conocimiento y Talento Humano. Tendrá su sede matriz en el Tena provincia de Napo y podrá contar con las sedes, extensiones, unidades académicas o similares, programas y carreras que sean aprobadas de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Educación Superior y demás normas reglamentarias aplicables.
Posteriormente, a las 11h00, los asambleístas analizarán el informe de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, sobre el pedido de aprobación del "Memorando de Entendimiento entre la República del Ecuador y la República de Guatemala sobre el Combate al Tráfico Ilícito de Migrantes y Protección de las Víctimas".
El debate de este tema se desarrollará sobre la base del informe preparado por la Comisión de Integración, Soberanía, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, que sugiere ampliar en el futuro la protección de los derechos a las familias de los migrantes víctimas de tráfico ilícito; extender las protecciones a las víctimas de tráfico y trata cuya integridad está en peligro y consagrar la necesidad de respetar la confidencialidad de sus datos y la protección integral de su vida y seguridad, una vez que el Estado ecuatoriano, luego de la ratificación del instrumento, decida con el consentimiento previo de la contraparte, modificar el Memorando de Entendimiento.
También, pide a la Comisión de Justicia la tipificación de las conductas antijurídicas que deben tomarse como tráfico ilícito, con el fin de que estos casos no queden en la impunidad, ni se haga extensiva esta figura a personas que tan solo han ayudado a los migrantes a ejercer su derecho a la movilidad, sin que medie abuso, violencia o explotación bajo cualquiera de sus formas; que las funciones del Estado competentes impulsen la aprobación del proyecto de Código Orgánico de Movilidad Humana, para contar con el marco normativo que regule la situación jurídica de las personas migrantes, adecuado a la realidad migratoria y acorte con los preceptos previstos en la Constitución y en los tratados internacionales vigentes.
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