El Comité de Instituciones Financieras Populares y Solidarias, que agrupa a ocho organismos gremiales, presentó a la Comisión de Desarrollo Económico, presidida por la asambleísta Saruka Rodríguez, una propuesta que busca regular las operaciones de las instituciones financieras populares y solidarias, al amparo de lo que establecen los artículos 309 y 311 de la Constitución vigente.La titular de la Comisión 4 indicó que iniciarán el proceso de análisis de las dos propuestas existentes sobre esta temática. La primera presentada por el asambleísta César Rodríguez, así como las opiniones del Comité de Instituciones Financieras para elaborar un proyecto que satisfaga sus demandas.
El documento entregado a los comisionados está dividido en siete secciones con un total de 131 artículos, 13 disposiciones transitorias y cuatro derogatorias a través del cual se establece el ámbito de aplicación en lo que se refiere a la constitución, funcionamiento, supervisión, disolución y liquidación de las instituciones financieras, populares y solidarias que intermedian recursos con el público.
Define cómo se constituirán las instituciones del sector financiero popular y solidario que serán sociedades de personas, sin fines de lucro, autogestionadas democráticamente, gobernadas y controladas por sus socios. Serán clasificadas por el organismo de control por segmentos, tomando en cuenta los criterios de participación en el mercado, las operaciones que desarrollan, el número de instituciones y la situación geográfica.
Se crea la Superintendencia de Instituciones Financieras, Populares y Solidarias, que será un organismo técnico, autónomo y especializado, con personalidad jurídica y de derecho público, que se encargará del control de estas instituciones. También se determina la existencia de una Junta Directiva que será la encargada de dictar las políticas para el sector y las normas de aplicación de la ley.
Prevé políticas relacionadas con lo que son tributos, inversiones de las empresas públicas en las instituciones financieras, populares y solidarias, así como esquemas de promoción y creación de entidades de capacitación y difusión del sistema financiero, popular y solidario.
Contiene disposiciones que determinan el capital mínimo de constitución, número de integrantes, denominación, autorización de apertura de oficinas e instituciones. Se señala la aplicación de un catálogo único de cuentas que será dispuesto por el organismo de control donde se dará a conocer la información financiera de la institución, es decir, se transparentan sus actividades. Se incluyen procesos de prevención de lavado de activos, los burós de información crediticia y regula lo que son las cooperativas de ahorro y crédito tanto de primero, como de segundo piso.
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