En la sesión 24 del Pleno, bancadas de diversas tendencias partidistas expresaron sus puntos de vista sobre el proyecto de Ley de Protección e Inmunidad a la Comisión de la Verdad, que se tramita en primer debate. Unos a favor de conceder esta garantía, fundamentándose en los principios constitucionales que establecen la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad; y, otros con criterio opuesto, en virtud de que esta prerrogativa no es aplicable a una comisión especial creada mediante decreto.
En este marco, legisladores de PAIS manifestaron la necesidad de que a los integrantes de este organismo se otorgue inmunidad, a fin de que puedan laborar sin temor y favor, con total independencia e imparcialidad, en la investigación de las presuntas violaciones a los derechos humanos, esto no quiere decir que se constituirá en un tribunal de excepción, sino en una comisión que establecerá los indicios de responsabilidad.
Adicionalmente, recordaron que el artículo 417 de la Constitución establece el principio pro ser humano, por medio del cual se garantiza la vida de quienes investiguen presuntos hechos de lesa humanidad, por tanto, el informe preparado por la comisión está enmarcado en la norma constitucional, por tanto, esta ley es procedente.
Consideraron que el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la vida e impedir delitos de lesa humanidad, en virtud de lo cual conviene garantizar el trabajo de esta comisión, dotándoles de inmunidad a sus miembros para preservarles de un juicio a quienes están investigando y buscando justicia, sobre hechos relacionados con las violaciones a los derechos humanos.
Aclararon que no se trata de un tribunal de justicia ad hoc, sino que busca esclarecer la verdad en posibles actos de violación de derechos humanos, pues nada justifica la muerte de personas y lo que se pretende es que en el país no vuelvan a ocurrir estos hechos lamentables. A través de este proyecto se pretende preservar la vida de toda persona.
Preocupaciones constitucionales
En cambio, asambleístas de otros sectores, entre ellos el Prian, PSP, Madera de Guerrero, PRE, ADE y MPD, señalaron sus preocupaciones acerca de la constitucionalidad del proyecto, toda vez que no existe norma expresa que faculte a la Asamblea a otorgar esta clase de prerrogativas a otros funcionarios y, menos aun, a una Comisión creada mediante Decreto Ejecutivo.
Subrayaron que lo conveniente sería que la Comisión de la Verdad dé a conocer el informe final y determine los presuntos responsables de esos actos contrarios a los derechos humanos y no darles inmunidad anticipadamente, tras recordar que este es un derecho constitucional y legal otorgado a los asambleístas en el ejercicio de sus funciones.
No hay argumento claro, preciso y jurídico que faculte al Pleno a conceder inmunidad a los miembros de una comisión con carácter de especial. “Para decir la verdad no se necesita inmunidad, quien dice la verdad no tiene temor a nada ni a nadie”, dijeron.
Así mismo, restaron probidad a la Comisión de la Verdad, por cuanto sus miembros no presentarían imparcialidad ni independencia para entregar el informe, pues está integrada por personas que en el pasado crearon violencia y caos en el país.
Hay que analizar bien a quiénes se va a otorgar la inmunidad y por qué plazo, porque esta garantía no puede ser atribuida como un cheque en blanco, agregaron.
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