El presidente de la Comisión Ocasional de Educación, César Rodríguez, se reunió con 16 rectores de universidades, quienes expusieron sus razones para solicitar unánimemente el respeto a la Disposición Transitoria Vigésima de la Constitución, que determina: “El Ejecutivo creará una institución superior con el objetivo de fomentar el ejercicio de la docencia y de cargos directivos, administrativos y de apoyo en el sistema nacional de educación. La autoridad educativa nacional dirigirá esta institución en lo académico, administrativo y financiero.En el plazo de cinco años a partir de la entrada en vigencia de esta Constitución, todas las instituciones de educación superior, así como sus carreras, programas y postgrados deberán ser evaluados y acreditados conforme a la ley. En caso de no superar la evaluación y acreditación, quedarán fuera del sistema de educación superior".
Los rectores afirmaron que reconocen como fundamentales los procesos de evaluación y acreditación; que no tienen oposición al proceso propuesto por la mencionada Disposición Transitoria Primera, argumentando que es necesario transparentar con urgencia los fundamentos del informe del CONEA; y que se someterán, en la medida de la claridad y la transparencia, a dicho proceso, pero no a decisiones arbitrarias que desconocen la realidad del país.
Esta reunión de trabajo se produjo después del pedido de información realizado al CONEA con fecha 13 de noviembre, en que el presidente de la Comisión Ocasional solicitó le sea remitida toda la información de sustento teórico, técnico, metodológico y de investigación, de la evaluación global de las universidades y escuelas politécnicas del Ecuador.
Las universidades que estuvieron presentes fueron: Metropolitana, SEK, Alfredo Pérez Guerrero, de Otavalo, UCT, Equatorialis, Unita, Javeriana, de Especialidades Turísticas, Ecuteq, Universidad Politécnica del Carchi, Universidad Iberoamericana, Og Mandino, Universidad del Pacífico, Escuela Superior Ecológica Politécnica Amazónica, Universidad Israel”.
El asambleísta Rodríguez inició el diálogo invitando a los rectores a expresar sus observaciones al informe del CONEA, así como las razones que han tenido ya sea para presentar impugnaciones o para ofrecer una visión global de sus instituciones.
Después de escuchar atentamente las intervenciones, afirmó que estará vigilante de un proceso que no puede, por ningún motivo, violentar las disposiciones constitucionales, reconociendo, sin embargo, la imperiosa necesidad de que en ese proceso de 5 años sean evaluadas y acreditadas todas las instituciones de educación superior y permanezcan solo aquellas que demuestran la calidad necesaria.
En el pleno de la Asamblea, continuó Rodríguez, dije con absoluta claridad que no voy a votar por un proyecto de Ley que violente un mandato constitucional del cual fui responsable; pero tampoco voy a defender a ninguna universidad en particular, tengo absoluta autonomía. Sin embargo, no voy a ser parte de quienes quieren poner en riesgo a una población estudiantil y laboral sin un adecuado procedimiento, pero si mañana, después de los correctivos, cambios, sugerencias, las universidades no han alcanzado el nivel que requieren, entonces, sí, tendrán que desaparecer, concluyó.
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