El pedido lo realizó el asambleísta César Montúfar, quien pidió que el funcionario explique cuáles son los planes y acciones concretas que el Gobierno Nacional pretende llevar a cabo para la conformación y funcionamiento de los comités de defensa de la revolución o comités de apoyo al gobierno.
También indicará la base constitucional y legal que permitiría al Ejecutivo dicha conformación y funcionamiento; su pertinencia y necesidad de acuerdo con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, aún en fase de elaboración; la manera que éstos se constituirían formas genuinas de participación ciudadana y/o contribuirían a fortalecer los procesos de control social que manda la Constitución; las precauciones que tomará el Ejecutivo para que estas formas de organización de la ciudadanía no se constituyan en mecanismos de proselitismo político, financiado con recursos públicos, a favor de los movimientos políticos afines al Gobierno.
También pidió que informe las precauciones que tomará el Ejecutivo para que estas formas de organización social no se constituyan en mecanismos de represión y espionaje de ciudadanos que no compartan la ideología y políticas de Gobierno; la dependencia pública que estaría encargada de su conformación y funcionamiento; el presupuesto y las fuentes de financiamiento para este objetivo.
César Montúfar señaló que constituye una obligación política y de ética pública de esta Comisión contribuir a que la ciudadanía conozca los alcances y consecuencias de esta decisión gubernamental y se posibilite que la opinión pública genere un debate informado, veraz y contextualizado sobre esta temática que genera preocupación e incertidumbre en amplios sectores del país.
En otro orden, los comisionados acordaron solicitar al Presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, devuelva a la Comisión 11, el proyecto de Ley de Participación Ciudadana, elaborado por la Mesa especializada de la Comisión Legislativa y de Fiscalización, a fin de rectificar en lo que sea posible para mejorar la propuesta legislativa, tomando en cuenta que tiene plazo hasta octubre para cumplir la disposición constitucional determinada en la primera disposición Transitoria, numeral tercero de la Constitución.
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