Con la presencia de la Comisión de la Verdad, la Mesa de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea, presidida por María Paula Romo, profundizó el análisis del proyecto de Ley de Inmunidad y Protección para los miembros de dicho organismo, encargado de investigar los actos de violación de los derechos humanos registrados en el país durante el período 84 -88.En la reunión participaron Elsie Monge, Pedro Restrepo y Cristhian Bahamonde, director Ejecutivo de la entidad, que fuera conformada por el Presidente de la República, Rafael Correa Delgado, a través de un Decreto Ejecutivo, de mayo 2007.
Elsie Monge destacó que la conformación de la Comisión es un hito histórico para el Ecuador para establecer la verdad en cuanto a violaciones graves a los derechos humanos y que su existencia se basa en los principios de Naciones Unidas atinentes a la protección y promoción de estos derechos mediante la lucha contra la impunidad.
La norma siete de la Declaración Universal dispone: “Que las comisiones que investigan violaciones de derechos humanos, incluidas las comisiones de la verdad, deben establecer procedimientos que ofrezcan independencia, imparcialidad y competencia, para lo cual se debe garantizar a sus miembros los privilegios e inmunidades necesarias para su protección, incluso cuando haya cesado su misión, especialmente con respecto a toda acción en difamación o cualquier otra civil o penal que se les pudiera imputar”, explicó.
Elsie Monge informó que los comisionados, a lo largo de la investigación, han recogido más de 770 testimonios en 18 provincias del país y a nivel internacional, y que definieron que la indagación se haga al período 84 al 2008, lo que demuestra la amplitud y el deseo de buscar la verdad, con el propósito de que estos delitos no queden en la impunidad y, lo que es más, se eliminen las prácticas aberrantes de violaciones graves a derechos humanos.
Subrayó que dentro de las recomendaciones, plantearán cambios institucionales sobre dichas prácticas, la reparación a víctimas no solamente individual sino social; parte de la reparación social sería el destierro de los métodos que lesionan al convivir armónico de la sociedad, al tiempo de aclarar que no les corresponde hacer juicios de valor ni acusar a nadie y que su trabajo será presentado a la Fiscalía para que inicie los procesos judiciales, si así lo determina, concluyó.
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