El Pleno de la Asamblea inició el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Educación General, que tiene por objetivo garantizar el derecho humano a la educación; desarrollar y profundizar los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el ámbito educativo y establecer las regulaciones básicas para la estructura, los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. Se exceptúa del ámbito de esta ley, la educación superior, que se rige por su propia normativa.
El proyecto, que contiene 138 artículos, cinco disposiciones generales, 22 transitorias y una final, considera a la educación de forma integral, multidimensional y como un proceso durante toda la vida, por tanto, impone al Estado la obligación de garantizar su acceso universal. Confiere derechos y obligaciones a sus actores, estudiantes, docentes y padres de familia y rompe la visión caduca que considera a los estudiantes como sujetos pasivos-receptivos de la educación que les provean sus maestros y los considera actores de su proceso educativo.
Posibilita la participación concurrente de los municipios en la prestación de servicios educativos; regula el funcionamiento de la educación particular, bajo el control de la autoridad educativa nacional; y, crea los gobiernos escolares ciudadanos como instancia de participación y veeduría en las instancias educativas.
Se incorpora el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, dada la trascendencia de la dinámica y características identitarias de los pueblos y nacionalidades del Ecuador. El Instituto de Lenguas Ancestrales, en el marco de Educación Intercultural Bilingüe, tiene la misión concreta de garantizar el establecimiento de una política lingüística de las lenguas ancestrales y la aplicación de los principios constitucionales de la interculturalidad, respeto a las identidades y fomento del plurilingüismo.
Crea el Instituto Nacional de Evaluación; garantiza la carreta educativa a los docentes y les ratifica el carácter de servidores públicos a quienes regula en el ámbito salarial, con las mismas condiciones de los servidores públicos.
Se establecen normas claras y consistentes que determinan la carrera docente, el ingreso a la carrera por concursos y los derechos de los profesionales de la educación pública, sin desconocer los legítimos beneficios que derivan de las promociones, los estímulos y las remuneraciones variables, conforme lo determinado para los servidores del sector público.
En lo referente a los procesos disciplinarios, se introducen con oportuno énfasis los principios y garantías fundamentales del debido proceso, en virtud del Estado Constitucional de Derechos. Articula un Sistema Nacional Educativo, por los niveles y modalidades educativos y comprende las políticas, programas, proyectos, actores, instituciones y los recursos que se requieren para cumplir con los principios y fines del sistema y garantiza el derecho de los actores del sistema nacional de educación a participar, de manera democrática e inclusiva, en la formulación del Plan Nacional de Educación.
JLVN/eg
