Desde abril de 2007, el pueblo ecuatoriano expresó su pronunciamiento en cinco oportunidades sobre temas fundamentales de la política nacional, incluyendo el referéndum aprobatorio de la Constitución aprobada en Montecristi, en 2008, y las enmiendas constitucionales de 2011.
Cinco proyectos de reformas a la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública se debaten en la Comisión de Régimen Económico, de iniciativa de los legisladores Mónica Alemán, Mercedes Cuesta, Absalón Campoverde y Henry Cucalón. Todos buscan mejorar los procesos de control en la contratación pública.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en uso de las atribuciones que le confiere el Art 63.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los Arts. 27 y 31 del Reglamento, resolvió por cuatro votos a favor y dos en contra, desestimar de plano la solicitud de medidas provisionales interpuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Los temas de debate se enfocaron en la participación ciudadana y control social que debe ejercer la población, así como garantizar los fondos para las parroquias de Río Verde y Río Negro del cantón Baños de Agua Santa, y las parroquias Matus, el Altar, la Candelaria y Bayusig del cantón Penipe.
Con la presencia de las autoridades de los hospitales Carlos Andrade Marín y Baca Ortiz, la Comisión de Salud analizó la situación y realidad de la atención oncológica en el país. William Garzón, presidente del organismo legislativo, expresó que al hablar del cáncer y su lucha siempre se asocia con Solca, sin tomar en cuenta la activa y eficiente gestión de los centros públicos en esta materia.
Acompañado de ciudadanos manabitas y esmeraldeños, la bancada de CREO presentó en la unidad de Gestión Documental de la Asamblea Nacional el pedido de juicio político al ministro de Finanzas, Carlos de la Torre. Posteriormente, ofreció una rueda de prensa, donde aclaró las razones y motivos para llevar a cabo este proceso.
José Serrano Salgado, presidente de la Asamblea Nacional, acudió al llamado del primer mandatario Lenín Moreno, para sumarse a la defensa de la voz popular expresada en las urnas el pasado 4 de febrero. El Titular de la Legislatura, junto con las autoridades de las otras Funciones del Estado, suscribió un documento a través del cual reiteran al país que ese pronunciamiento “constituye una expresión clara y legítima de la voluntad soberana del pueblo”.
Con el voto unánime de los nueve asambleístas presentes, la Comisión de Fiscalización y Control Político, presidida por María José Carrión, calificó la solicitud de juicio político contra Carlos Ochoa, superintendente de Comunicación.
En la apertura del Foro “Juntos por la Salud de los Ecuatorianos”, Jorge Yunda, vicepresidente de mesa legislativa que tramita el nuevo Código en esta materia, destacó la importancia de la prevención y la educación para evitar enfermedades.
“La decisión del pueblo expresado en las urnas respecto a la nueva conformación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Transitorio, es un mandato que se debe respetar y cumplir”, dijeron las legisladoras Wilma Andrade y Silvia Salgado.
