En la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, delegados del Ministerio de Educación, del Consejo de Educación Superior y del Consejo de la Judicatura dieron sus aportes al proyecto de reformas a las leyes que rigen el sector público y que tienen que ver con el derecho a la huelga, los procesos administrativos, el diálogo social y la libertad de asociación.
Geovanny Cardoso, de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias (CONAFIPS), al recordar que esta entidad funciona como banca de segundo piso, planteó como desafíos institucionales potenciar los mecanismos de fondeo, servicios financieros y transaccionales para contribuir al fortalecimiento del sector financiero popular y solidario y el desarrollo de actividades económicas y productivas de la Economía Popular y Solidaria (EPS).
En la Comisión de Régimen Económico, que analiza las reformas a la Ley de Economía Popular y Solidaria, la subdirectora del Servicio de Rentas Internas, Paola Hidalgo, planteó incentivos específicos para los actores de la economía popular y solidaria dirigido a exenciones generales en títulos de renta fija; gastos deducibles por contratación de empleo nuevo, personas con discapacidad, adultos mayores, migrantes retornados; retención 0% en pagos por financiamiento externo, así como el impuesto único para actividades agrícolas y pecuarias, a petición del sector.
“Ni la Constitución, ni las leyes obligan (al Ministerio) a la contratación de seguros”, dijo el ministro de Educación, Augusto Espinosa, quien acudió a la Comisión de Fiscalización para presentar, de manera oral y documentada, las pruebas de descargo, dentro de la sustanciación de la solicitud de juicio político en su contra. Explicó que no violó los artículos de la Constitución con los que lo inculpan y que actuó apegado al Reglamento General para la Administración, Utilización de los Bienes y Existencias del Sector Público.
La Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, proseguirá el tratamiento del proyecto de Ley de Reformatoria a las leyes que rigen el sector. También escucharán a la representante del sindicato de auxiliares de enfermería quienes piden revisión en sus jornadas de trabajo.
Se quiere desligitimar todo lo que se ha avanzado en educación y atacar a uno de los puntales fundamentales de la Revolución Ciudadana, que es la educación, dijeron los representantes de la Red de Maestros y de los Trabajadores de la Educación, quienes fueron recibidos en la Comisión de Fiscalización. Esto, en el marco del análisis de la solicitud de juicio político al ministro Augusto Espinosa.
El vicepresidente de la Comisión del Derecho a la Salud, Carlos Velasco, destacó que el proyecto de Ley que regula a las compañías que financien servicios de atención integral prepagada y a las de seguros que oferten cobertura de seguros de asistencia médica genera un proceso de estructura financiera adecuada a este tipo de empresas y que tengan como rol el beneficio de prestaciones a los ciudadanos.
La sesión No. 392 del Pleno continuará este martes 26 de julio, a las 9h30, a fin de proseguir el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica que regula a las Compañías que financien Servicios de Atención Integral Prepagada y a las de Seguros que oferten Cobertura de Seguros de Asistencia Médica, según la convocatoria efectuada por la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira.
La Comisión de los Derechos de los Trabajadores se reunirá el lunes próximo, a las 17h30, con la finalidad de recibir al ministro de Educación, Augusto Espinosa; al presidente del Consejo de Educación Superior (CES), René Ramírez y al presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, o sus delegados, a fin de que den sus criterios respecto del proyecto de reformas a la leyes que rigen al sector público.
El presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, Mauro Andino, convocó a la sesión 256, para el miércoles 27 de julio, a las 09:30, en la que avocará conocimiento de la resolución del Consejo de Administración Legislativa (CAL), que remitió el proyecto de Ley Orgánica de la Protección de los Derechos a la Intimidad y Privacidad sobre los Datos Personales, de iniciativa de la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira.
