Con 80 votos el Pleno, en su sesión 184, conformó la comisión especializada multipartidista que estudiará el Informe a la Nación del presidente de la República, Rafael Correa Delgado, presentado el pasado 10 de agosto del año en curso, en la Asamblea Nacional, de conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Amplio debate generó el proyecto de Ley de Protección del Cóndor Andino y Otras Especies de Fauna y Flora Amenazadas o en Peligro de Extinción en el Ecuador, que tiene por objetivo proteger, en forma integral, a las especies silvestres nativas de flora y fauna que, por cualquier motivo, se encuentren amenazadas o en peligro de extinción dentro del territorio nacional, favoreciendo la adopción de medidas de precaución, prevención, conservación y coordinación para evitar la desaparición de las mismas.
En el segundo debate del proyecto de Ley de Protección del Cóndor Andino y Otras Especies de Fauna y Flora Amenazadas o en Peligro de Extinción en el Ecuador, el presidente de la Comisión de Biodiversidad, Rolando Panchana Farra, ponente de esta normativa señaló que aproximadamente 4.030 animales y plantas en nuestro país se encuentran en peligro de extinción y que el cóndor andino está en riesgo de desaparecer, tomando en cuenta que en la actualidad apenas existen 50 ejemplares.
Con 54 votos, el Pleno en su sesión 183, se allanó a 31 de las 32 objeciones propuestas por el presidente de la República a la Ley Orgánica de Discapacidades que tiene por objetivo asegurar la prevención, detección oportuna, habilitación y rehabilitación de la discapacidad y garantizar la plena vigencia, difusión y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.
La presidenta de la Comisión Ocasional de Personas con Discapacidad, María Cristina Kronfle al destacar que el proyecto de Ley de Discapacidades es el resultado de casi un año de lucha y esfuerzo para normar una ley que garantice los derechos de este grupo de personas, fue enfática en señalar que “por fin vamos a inaugurar la justicia para las personas con discapacidad”.
Al recordar que la objeción es parte de las atribuciones del Presidente de la República, pero que también es atribución de la Asamblea Nacional y de sus legisladores insistir en los textos que creyere conveniente pidió a los parlamentarios insistir en el texto de la Disposición Transitoria Tercera, a través de la cual se establece la obligación de la autoridad sanitaria nacional de expedir la norma técnica de calificación de las personas con discapacidad, en el plazo máximo de un año, contado a partir de la publicación de la Ley, pues el Ejecutivo propone que “Dentro del plazo de un (1) año de publicada la presente Ley, la autoridad sanitaria nacional expedirá la norma técnica para la calificación de las personas con discapacidad. Hasta que dicha norma técnica entre en vigencia, los equipos calificadores del Sistema Nacional de Salud, utilizarán los instrumentos técnicos del Sistema Nacional de Calificación vigente”.
Estamos conscientes que existen personas que tienen carné inmerecidamente, porque no hubo una verificación correcta o se realizaron omisiones, pero si hay otras personas que merecidamente deben tenerlo, pues nos hemos demorado más de una década para llegar a tener 342 personas carnetizadas, por ello dijo que es imposible que en un año podamos recalificarnos todas las personas con discapacidad, como propone el Ejecutivo.Al someternos a un nuevo proceso de recalificación dejarían de tener valía jurídica esos carnets. Esto no puede pasar, dijo al señalar que ya existe el respaldo en nuestra ley para existan recalificaciones a los casos que injustamente e inmerecidamente se entregaron este documento.
La discapacidad está ligada a la pobreza, subrayó al insistir que este grupo de personas difícilmente podrá acceder a una nueva recalificación, por lo tanto, no podemos retroceder sino más bien tomar en cuenta lo que dice la normativa aprobada en la Asamblea Nacional, es decir que solo se estudien los casos de aquellas personas que inmerecidamente se les entregó el carné.
Dijo que en el carné que reposa en el Conadis consta el diagnóstico de cada una de las personas con discapacidad y el por qué fue entregado el mismo, y lo justo es que los empleados del Coandis con una comisión especializada de este organismo empiecen a cotejar estos diagnósticos para poder determinar y verificar cada caso y en los que no concuerden con el diagnóstico sea evaluada nuevamente.
Hay que comprender que estamos en una etapa donde por fin estamos inaugurando justicia con las personas con discapacidad, no podemos por una duda o por unos pocos casos decir que todos tienen que volver a realizar todos los trámites para verificar su discapacidad, por ello, insistió en que el Pleno se ratifique en el texto de la Disposición Transitoria Tercera
La Comisión está de acuerdo con el criterio del Ejecutivo, sin embargo, no concuerda con el sometimiento de todas las personas con discapacidad nuevamente a un proceso de evaluación y calificación, sin que exista previamente la auditoría de los casos que podrían ameritar el retiro, rectificación o anulación del registro de discapacidad. Argumenta que para estos casos existentes el proyecto de ley prevé, en su artículo 10, la facultad de la autoridad sanitaria nacional de revisar la calificación, por considerar que la misma pudo ser concedida por error, negligencia o dolo del equipo calificador especializado, reitero.
Respecto de los demás artículos objetados numeral 3 del Art 3; el 7 del Art. 4; Art.6; tercer inciso del Art. 9; primer inciso de los Arts. 11, 13 y 23; tercer inciso del Art. 25; segundo inciso del Art. 26; Art. 27; segundo inciso de los Arts 28, 30, 33; primer inciso de los Arts. 38 y 49; Art. 54; Art. 66; último inciso Art. 67; Art. 76; ultimo inciso Art. 78; segundo y tercer inciso del Art. 80; segundo inciso Art. 85; primer inciso de los Arst. 89, 96 y 7 del Art. 99; Arts. 100, 102 y 103; disposición transitoria primera, segunda, sexta, séptima, octava, décima y undécima; y, observación al número 15 de las disposiciones reformatorias y derogatorias, la Comisión sugiere aceptar las observaciones del colegislador.
El proyecto tiene como propósito asegurar la prevención, detección oportuna, habilitación y rehabilitación de la discapacidad y garantizar la plena vigencia, difusión y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.
JLVN
El primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Carlos Cassinelli, en diálogo con los medios de comunicación, señaló estar de acuerdo con la propuesta del presidente de la República, Rafael Correa Delgado, sobre la autodepuración de los legisladores.
El Secretario General de la Asamblea Nacional, Andrés Segovia, en diálogo en el informativo Acción Legislativa, informó que el proceso de inscripción de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubias para la consulta prelegislativa del proyecto de Ley Orgánica de Culturas marcha con absoluta normalidad, de acuerdo con el cronograma establecido y que se puede observar que existe mucha expectativa sobre los temas sustantivos a ser consultados.
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, recibió la visita del vicepresidente de la República de El Salvador, Salvador Sánchez Curen, con quien compartió experiencias sobre el proceso de cambio que vive el Ecuador y absolvió inquietudes sobre el funcionamiento de la Legislatura y la expedición de normas, como la Ley Orgánica de Discapacidades.
La asambleísta Marllely Vásconez, representante nacional por PAIS, resaltó que en este nuevo período legislativo se deberán aprobar los proyectos de ley de Comunicación, de Recursos Hídricos y el Código Integral Penal, que han concitado el interés de la ciudadanía, tomando en cuenta que permitirán alcanzar el buen vivir de las personas, que fue un objetivo de la revolución ciudadana.
El titular de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, convocó a los asambleístas a la sesión 184 del Pleno, para este jueves 30 de agosto de 2012, a las 09:30, con el propósito de cumplir una importante agenda de trabajo, que incluye la designación de la comisión especializada que analizará el informe presentado por el Presidente de la República, de conformidad con lo previsto en el Art. 44 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa
