En la segunda jornada de análisis del proyecto de reformas a la Codificación de la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, parlamentarios de distintas bancadas legislativas coincidieron que es justo que las juntas parroquiales tengan su representante en el Banco del Estado, pero que lo fundamental es que se garantice la entrega de recursos para cumplir sus competencias exclusivas en beneficio de sus habitantes.
La directora de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional, Elena Almeida, afirmó que en la 126 Asamblea de la Unión Interparlamentaria, que se desarrolló en Kampala-Uganda, nació la idea de candidatizar a Fernando Cordero Cueva a la Presidencia del Grupo Geopolítico de Latinoamérica y el Caribe (GRULAC), postulación que al momento cuenta con gran aceptación de los países miembros de este organismo internacional.
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, dispuso a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado la entrega del informe para segundo debate del proyecto de Código Integral Penal (COIP) hasta el 30 de octubre de 2012.
En efecto, a través de un memorando dirigido al asambleísta Mauro Andino, titular de la Comisión de Justicia, el secretario General de la Legislatura, Andrés Segovia, le informó que se ha autorizado la prórroga para la presentación del correspondiente informe, por lo que éste deberá estar listo hasta el 30 del presente mes.
Bajo estos parámetros, los legisladores Mariangel Muñoz y Xavier Tomalá, vocales del organismo, coincidieron en proponer que se profundice en el análisis de los nudos críticos de la normativa y avance en la construcción del informe – borrador del articulado que no ha tenido mayores objeciones.
Esta metodología permitirá cumplir, a cabalidad, los plazos establecidos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, expresó Mariangel Muñoz Vicuña, tras enfatizar que se ratificarán en que todo el tema referido a los menores – adolescentes infractores se mantenga en el Código de la Niñez y Adolescencia.
Destacó la importancia de definir jueces especializados y competentes para conocer actos delictivos en que están inmersos menores adolescentes. Se estudia la posibilidad de incrementar el tiempo de sanción, que actualmente contempla un internamiento de cuatro años, que es un medida socioeducativa que implica una serie de tratamientos y atenciones en razón de su proceso de desarrollo, para lo cual se tomaría en cuenta delitos graves y serios como sicariato, femicidio y narcotráfico, etc.
La representante de la provincia de Azuay comentó que se debe trabajar en proyectos y planes que hagan efectiva una verdadera rehabilitación y reinserción en la sociedad.
También anunció que los comisionados analizan la posibilidad que el tema de consumo de drogas pase al Código de la Salud, ya que se trata de un problema de salud pública, además que lo atinente con el tráfico, microtráfico, narcotráfico, el tráfico transnacional se puntualice en el Código Penal.
Explicó que el Consep ha remitido información, encuestas y propuestas en torno a las máximas cantidades que se considerarían para que una persona se la califique como consumidora y no traficante.
MG/pv
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, inauguró la residencia de la Escolta Legislativa que acoge a 80 de sus integrantes en un espacio cómodo con todos los servicios para su descanso, luego de cumplir su jornada laboral. Está ubicado en las calles Luis Saa y Piedrahita (esquina), frente al Palacio Legislativo.
La asambleísta Gioconda Saltos mantuvo una reunión con Marcelo Ávila, Técnico Nacional de la Dirección de Deportes del Ministerio del Deporte; Byron Jaramillo y Javier Figueroa, presidentes de las Federaciones de Cotopaxi y Sucumbíos, respectivamente, con la finalidad de promover la creación de clubes deportivos especializados de chearleaders.
Los dirigentes nacionales de la Confederación de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras del Ecuador, Fenocin, acudieron, esta mañana, a la Asamblea Nacional, con el propósito de inscribirse para participar en la consulta prelegislativa sobre el proyecto de Ley de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua.
Luis Alberto Andrango, presidente de la organización, destacó que la Fenocin ha resuelto participar activamente en este trascendental proceso, más aún cuando ésta ha sido una de las grandes demandas que el movimiento indígena y campesino ha venido planteando, bajo la visión de que toda acción tanto legislativa como de política pública que afecte o que incluya a los sujetos de derechos colectivos deben ser sometidas a consulta.
Consideramos que éste es un derecho y una conquista, que tenemos que ejercerlos, haciendo efectiva dicha consulta establecida en la Constitución, dijo, al informar que el pasado viernes desarrollaron una reunión- taller con todas las organizaciones de base, en la que se evaluó el procedimiento a seguir para la inscripción en las diferentes provincias y la tarea de la dirigencia nacional al respecto.
Precisó que la Ley de Recursos Hídricos es clave para generar un proceso de cambio y bienestar, alrededor de los temas de soberanía alimentaria y del buen vivir; urge combatir esa historia funesta de privatización de la cual ha sido objeto el agua, entendiendo como un derecho humano fundamental al que todo ecuatoriano y ecuatoriana debe acceder.
Se requiere profundizar en la consulta el debate sobre aspectos que no lograron oportunamente consenso, como el orden de la prelación del uso del agua, el fondo para la conservación de las fuentes hídricas, garantizar efectivamente el mandado constitucional de desprivatización del recurso y de redistribución en manos de la gente, de los que riegan, que producen, de quienes nos alimentan, sostuvo.
Anunció que 52 organizaciones de segundo y tercer grado intervendrán en la consulta, a las que se sumarían comunidades que directamente participarán. Estimamos tener en provincias una buena presencia y luego los delegados oficiales pasen a ser parte de las siguientes audiencias públicas, añadió.
Entre tanto, Loida Olivo, secretaria Nacional de la Mujer de la Fenocin, comentó que es importante ejercer el derecho a la participación ciudadana, que no ha sido obra y gracia de nadie, sino resultado de la permanente lucha de las organizaciones y movimientos sociales.
Queremos ser parte de las decisiones que se toman en el país. Nuestras ideas y propuestas tienen que ser tomadas en cuenta, ya que constituyen demandas del pueblo, de los compañeros campesinos, de cada una de las mujeres y hombres que trabajan diariamente en sus “chacras”, para dar de comer a la comunidad, agregó.
Como campesinos no podemos permitir la mínima posibilidad a la privatización del agua, peor que ésta quede monopolizada, en manos de poca gente cuando somos los ecuatorianos, en su conjunto, los que tenemos derecho al agua y cada uno de los recursos naturales, concluyó.
MG/pv
Por convocatoria del presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, este miércoles 10 de octubre, a las 09:30, se reinstalará la sesión 191 del Pleno, con el propósito de continuar el primer debate del proyecto de Ley Reformatoria a la Codificación de la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, que busca armonizar la legislación con el régimen de competencias establecido en la Constitución, de manera que las juntas parroquiales rurales formen parte del capital accionario, del directorio y de la comisión ejecutiva de esta entidad, con el fin de que puedan intervenir y ser parte activa en sus decisiones.
La vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización y Control Político, Marllely Vásconez, indicó que este organismo legislativo busca transparencia en el proceso que investiga sobre la entrega de créditos por parte del Banco Cofiec al ciudadano argentino Gastón Duzac.
El Secretario de la Asamblea Nacional informó que el Pleno deberá analizar en primer debate los proyectos de ley interpretativa del mandato constituyente No. 8; las reformas al artículo 968 del Código de Procedimiento Civil; la Ley Interpretativa de la disposición general de la Ley de Educación Intercultural; y, la reformatoria a la Ley de Participación Ciudadana y Control Social para la regulación de la revocatoria del mandato a las autoridades de elección popular, temas que podrían ser incluidos en la próxima semana.
El asambleísta César Rodríguez solicitó la comparecencia de los ministros de Defensa Nacional y de Sectores Estratégicos, así como del Secretario Jurídico de la Presidencia de la República, para que expliquen las razones por las que se han expedido los decretos 1312 de 24 de septiembre de 2012 y 1304, de 19 de septiembre de 2012, mediante los cuales se dispone que los valores que se recaben producto de la venta o disolución de las empresas TAME y Flopec EP, así como los excedentes que se obtengan durante su existencia, pasarán a formar parte del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, a través del Seguro de Retiro, Invalidez y Muerte.
