En la Comisión de Derechos Colectivos, Saúl Lara Paredes y Franklin Tapia, rector y coordinador de la parte académica de la Universidad Tecnológica Indoamérica (UTI), respectivamente, se comprometieron a agilizar los procesos de graduación para que más de 700 estudiantes de este centro de estudios puedan graduarse y obtener su título académico.
En ceremonia especial, que se cumplió en el salón del Pleno, el presidente de la Función Legislativa, Fernando Cordero Cueva, impuso al Pabellón del Colegio San Gabriel, la condecoración Asamblea Nacional “Dr. Vicente Rocafuerte”, al mérito educativo, en razón de cumplir 150 años de vida institucional.
“La Asamblea Nacional es una entidad que ha experimentado cambios notables en el trabajo legislativo, caracterizado por la seriedad en la que se desarrolla y por el respeto a las distintas funciones del Estado. Muchas de sus afirmaciones sobre la Asamblea, no han sido adecuadamente verificadas y seguramente están fuertemente influenciadas por el discurso incoherente de algunos “opositores” que pretenden desconocer y cuestionar el trabajo realizado; mismo que, como usted conoce perfectamente, ha sido reconocido por la ciudadanía ya que hoy, la Asamblea Nacional, tiene dieciocho veces más adhesión ciudadana que la que tuvieron los congresos de la partidocracia”, manifestó el titular de la Función Legislativa, Fernando Cordero, en comunicación dirigida al presidente de la República, Rafael Correa Delgado, en respuesta al oficio No. T.1.C.1-SNJ-12-435 de nueve del presente mes. Haga click aquí para ver el documento.
Autoridades, personal docente y los estudiantes del Colegio San Gabriel se darán cita a la Sede Legislativa, donde realizarán una sesión solemne como parte del programa de festejos por los 150 años de vida de la institución educativa.
El asambleísta Andrés Páez Benalcázar, en rueda de prensa, anunció que oportunamente propondrá el enjuiciamiento político de los integrantes del Consejo Nacional de la Judicatura de Transición, Paulo Rodríguez, Fernando Yávar y Tatiana Arias, a quienes les acusó de violar expresas normas legales al viabilizar la designación de Wilson Merino, Ximena Vintimilla y Mariana Yumbay como magistrados de la Corte Nacional de Justicia.
El presidente de la República, Rafael Correa Delgado, formuló un veto total al proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
El Pleno de la Asamblea Nacional, en su sesión 157, negó la moción de archivo del proyecto de Ley de Servicio Cívico Militar y de las Reservas de las Fuerzas Armadas Nacionales, propuesto por el presidente de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, Fernando Bustamante, quien argumentó que la propuesta vulnera normas respecto a las competencias que le corresponden al Ejecutivo determinadas en el artículo 135 de la Constitución, es decir, que solo el Presidente de la República puede presentar proyectos de ley que creen, modifiquen o supriman impuestos, aumenten el gasto público. Por tanto, pasó el primer debate.
La actual ley no reconoce los derechos de las personas usuarias y/o consumidoras con el carácter de derechos humanos, constitucionales reconocidos y garantizados; no establece mecanismos claros de control de calidad ni un sistema de protección, reparación y sustitución de derechos; las sanciones no responden a la realidad económica actual, dijeron algunos asambleístas de distintas bancadas quienes resaltaron la importancia de contar con una nueva legislación que garantice los derechos de las personas usuarias y/o consumidoras en armonía con los proveedores.
El asambleísta Marco Murillo junto a autoridades, docentes, trabajadores y estudiantes de la Universidad Interamericana del Ecuador y ciudad Politécnica Universitaria y Tecnológica del Ecuador, de la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, dijo que en el proceso de evaluación a las universidades se “han visto violaciones constitucionales, como al artículo 26 que establece el derecho a la educación de todas y todos las ecuatorianos”.
La Comisión de Fiscalización, presidida por la asambleísta Silvia Salgado, con seis votos a favor archivó la solicitud de juicio político al canciller, Ricardo Patiño, propuesto por el legislador Fernando Aguirre, en razón de que no se determina el incumplimiento de funciones establecido en el artículo 131 de la Constitución.
