En el debate sobre el pedido de declaratoria de interés nacional de la explotación petrolera en los bloques 31 y 43, los parlamentarios defendieron los derechos de los pueblos en aislamiento voluntario, consagrados en la Constitución de la República. Destacaron que en el informe de la Comisión de Biodiversidad se pone especial énfasis en la garantía de los citados derechos.
En la sesión 256, el Pleno recibió en comisión general a Jofre Poma, alcalde de Lago Agrio, a Blanca Grefa, presidenta de la Organización Ficae y a Alicia Cauilla, representante waorani, quienes dieron a conocer sus puntos de vista respecto de la explotación petrolera que se ha dado durante 40 años en la región amazónica y sobre la propuesta de explotación en los bloques 31 y 43.
Con la asistencia de 112 asambleístas, el Pleno de la Asamblea Nacional inició el segundo debate del proyecto de resolución para declarar de interés nacional la explotación responsable de los bloques 31 y 43, basado en la petición de la Presidencia de la República, realizada de conformidad con el artículo 407 de la Constitución y en los informes y alcances entregados por los ministerios involucrados en esta materia.
La presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira y el representante legal del Alto Comisionado de Naciones Unidas para el Refugio, John Fredrikson, suscribieron el convenio marco de cooperación interinstitucional, que tiene como objetivo coordinar acciones entre las dos instituciones para facilitar que el desarrollo normativo de la Constitución de la República refleje los requisitos de los derechos humanos de las personas en movilidad, conforme a los compromisos nacionales, regionales e internacionales y especialmente para promover el respeto de todos los derechos de las personas que viven el hecho migratorio.
En el marco del diálogo mantenido con los actores públicos y privados del sector florícola, quienes acudieron a la Comisión de Desarrollo Económico, el asambleísta Patricio Donoso solicitó a este organismo preparar un proyecto de resolución a través del cual se exhorte al Ejecutivo concretar acuerdos comerciales con Europa y Estados Unidos, que son los mercados más grandes que tiene Ecuador, a fin de apoyar al sector floricultor.
La Comisión del Derecho a la Salud continúa recibiendo aportes al proyecto de Ley Orgánica General de Salud. En esta oportunidad escuchó los planteamientos de los representantes del Ministerio de Salud y de la gestión antipiratería respecto de la vigilancia, control de falsificación y adulteración de medicamentos. Posteriormente receptó las propuestas de la delegada de la red Douglas Ecuador, quienes promueven los derechos de las madres y de los grupos vulnerables a través del acompañamiento con amor ven los partos.
Esta mañana, el asambleísta Mauro Andino, presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, puso en consideración y explicó a los miembros del organismo el contenido y alcances del informe borrador, para segundo debate, del proyecto de Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Comentó que el tema, de manera íntegra, ha sido discutido ampliamente por cerca de dos años, al enfatizar que han registrado aproximadamente 50 comisiones generales y receptado más de 200 observaciones de parte de la Academia, organizaciones sociales, colectivos ciudadanos, entre otros.
La construcción del texto se ha sometido, en todo instante, a las normas constitucionales y los instrumentos internacionales, dijo, al puntualizar que el Código tiene como finalidad normar la intervención estatal para proteger la convivencia social frente a las infracciones penales, evitar la impunidad y regular el ejercicio del poder punitivo del Estado.
Libro Preliminar
Indicó que el Libro Preliminar actúa como un sistema de principios básicos, pero indispensables, que orientan y condicionan el desempeño de los operadores de justicia para realizar la adecuación típica de una conducta prohibida por la norma penal, el establecimiento de responsabilidades y la imposición de sanciones en el uso legítimo y racional del poder punitivo.
Libro Primero
Comentó que se ha conciliado la concepción humanista con la eficiencia, pensando en los derechos de cada uno de los sujetos contrapuestos: procesado y víctima. Se ha tipificado la mala práctica profesional, el terrorismo y delincuencia organizada, el femicidio, la violencia intrafamiliar, la trata de personas, la responsabilidad de las personas jurídicas, el plago y el aborto, etc.
Hemos definido también que el consumo de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización constituye un problema de salud pública, sin embargo, la producción y tráfico son delitos de suma gravedad, lo que, atendiendo la inquietud del CONSEP, se decidió que la normativa de salud establezca las dosis máximas para el consumo y anexar a la Ley de Sustancias Estupefacientes y Sicotrópicas un cuadro de valores para distinguir la producción y tráfico de mínima, mediana, alta y gran escala, agregó.
Libro Segundo
Contempla la adopción real de la oralidad en todas las fases del proceso, como el medio idóneo para poner en marcha los principios rectores del sistema acusatorio, que debe estar presidido por la idea del debate, controversia, de contradicción, de lucha de contrarios, con el objetivo de reducir los tiempos y garantizar la inmediación de los juzgadores en el proceso, sostuvo.
Libro Tercero
Andino manifestó que el Libro III del proyecto de Código Penal determina condiciones que contribuyan a desarrollar las capacidades de las personas a las que se les ha impuesto una sanción penal, de modo que puedan ejercer sus derechos, cumplir sus responsabilidades, alcanzar su inclusión social y gozar de respeto a su dignidad humana. Se destaca que la principal competencia de los jueces de garantías penitenciarias es ser garante de los derechos de personas privadas de libertad.
La salud, educación, cultura, deporte, el aspecto laboral, los vínculos familiares, la reinserción e inclusión, constituyen los pilares fundamentales del nuevo sistema de ejecución penal relativo a la rehabilitación social, precisó.
Jóvenes infractores
Tomando en cuenta el mandato de la Constitución, la Comisión de Justicia ratifica la necesidad de excluir a los adolescentes en conflicto con la ley penal, por considerar que este grupo generacional debe gozar de una justicia especializada.
Sin embargo, se propone el internamiento de 2 a 4 años para personas de 12 a 14 años de edad; internamiento de 5 a 7 años a los jóvenes de 14 a 16 años de edad; y, el internamiento de 8 a 10 años para personas de 16 hasta antes de los 18 años, para delitos graves como asesinato, violación, sicariato, etc, así como medidas socioeducativas efectivas, concluyó Mauro Andino.
MG/pv
"No más al acoso, no más al maltrato", manifestó la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, al recibir de un grupo de alrededor de 300 estudiantes de Quito y de las comunidades rurales de ocho provincias del país el Manifiesto por un sistema educativo libre de acoso escolar - bullying que se reunieron en el Salón de la Libertad, José Mejía Lequerica, en la sede legislativa.
El Pleno de la Asamblea, con 85 votos afirmativos y seis abstenciones condenó enfáticamente las acciones premeditadas y planificadas del 30 de septiembre del 2010, que tuvieron como finalidad la desestabilización política del país y la configuración de un golpe de Estado en detrimento de los procesos de cambio que vive el país.
Pedro de la Cruz, presidente del Parlamento Andino, Patricio Zambrano y Silvia Salgado integrantes de este organismo coincidieron en la necesidad de continuar la reingeniería de la estructura institucional y funcionamiento de este organismo con la finalidad de fortalecer y dar un renovado dinamismo al proceso andino de integración, con el fin de adecuar la Comunidad Andina (CAN) a los retos del actual contexto internacional.
