El Pleno de la Asamblea continúa el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Servicio Público. La normativa en discusión identifica y detalla la gama de principios que fundamentan al servicio público, la carrera administrativa y el desarrollo profesional, así como las garantías de los derechos de los servidores públicos en su misión de atender de manera eficiente y oportuna las reales necesidades de la ciudadanía, a fin de alcanzar su desarrollo.
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, convocó para mañana, a las 9H30, a los asambleístas para continuar el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Servicio Público, que tiene como objetivo establecer normas que respondan a las exigencias de la sociedad de brindar un servicio público eficaz, eficiente y de calidad.
La asambleísta Aminta Buenaño, al señalar que el informe de minoría que suscribió junto a Carlos Samaniego, Mariángel Muñoz y Marisol Peñafiel, al cual se sumó Rocío Valarezo, tiene por objetivo reordenar todo el sistema nacional de cultura y desarrollar los preceptos constitucionales referidos a los derechos culturales que les asiste a todos los ecuatorianos, tras indicar que al momento existe un caos en las 64 instituciones del sector, por tanto, la ley debe delinear la conformación de una institucionalidad que permita la gestión de los diversos campos de la cultura, con una lógica ejecutiva, técnica y política.
Con seis votos a favor, cuatro en contra y una abstención, la Comisión de Comunicación aprobó el artículo que reconoce y garantiza el derecho a la libertad de pensamiento y expresión, mismo que comprende la búsqueda, recepción, intercambio, producción y difusión de información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, en cualquier forma, señas y signos; por cualquier herramienta o medio de comunicación, en su propia lengua y sin ningún tipo de censura previa directa o indirecta, pública o privada, con responsabilidad ulterior.
En el marco de la Cumbre de Presidentes de los Parlamentos que integran UNASUR, los titulares de los órganos legislativos de Chile y Venezuela, Jorge Pizarro y Cilia Flores, respectivamente, propusieron que Fernando Cordero Cueva, Presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador, mantenga la coordinación con los Parlamentos de la región, para alcanzar la aprobación definitiva del Tratado Constitutivo de Unasur y sus instrumentos conexos, entre ellos el de la creación del Parlamento Suramericano.
Luego de la sesión solemne de inauguración de la Cumbre de Presidentes de los Parlamentos de las Naciones Suramericanas, que contó con la presencia del primer Mandatario ecuatoriano, Rafael Correa Delgado, presidente pro Témpore de Unasur, se iniciaron las deliberaciones en torno al documento elaborado por el Grupo de Trabajo que servirá de base para la aprobación del Protocolo Adicional para la conformación del Parlamento Suramericano.
La Unasur surge no de una confrontación trágica, no de una guerra internacional, sino del despertar de los pueblos sudamericanos, del levantamiento y la toma de conciencia colectiva de los pueblos hermanos en sentido a que finalmente ese mandato de Bolívar sea objetivado y cumplido que es la unión de las naciones, afirmó Héctor Arce, Presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia, en la inauguración de la Cumbre de Presidentes de los Parlamentos de Naciones que integran la Unasur.
“Me da mucho gusto anunciarles que la semana pasada nuestra Asamblea Nacional, en Ecuador, ratificó los tratados constitutivos, tanto del Banco del Sur, cuanto del Sistema Único de Compensación Regional, Sucre; Ecuador, ténganlo por seguro, le apunta sin vacilación alguna a la nueva arquitectura financiera regional, que tanto necesitamos”, afirmó el presidente de la República del Ecuador, Rafael Correa Delgado, en la sesión solemne de inauguración de la Cumbre de Presidentes de los Poderes Legislativos que integran la Unión de Naciones Suramericanas, Unasur. Descargue el discuso del Presidente de la República Aquí
La presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, asambleísta María Paula Romo, denunció que el Consejo de la Judicatura (CJ), con fecha 2 de junio, decidió incrementar las remuneraciones de las escalas 15 a la 18 en montos que bordean los seis mil dólares, mientras los jueces de primera instancias y los operadores de justicia llevan congelados sus sueldos alrededor de ocho años.