Luego de 73 años el país tendrá un nuevo Código Integral Penal moderno en beneficio de la justicia, no del juez, cliente o abogado y en el Libro III de Ejecución de Penas se incorporan normas positivas en materia de rehabilitación social, destacaron los parlamentarios en la continuación de la sesión 257 del Pleno.
La presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, intensificó los diálogos con representantes del sector médico del país, en el objetivo de buscar consensos en el tema de tipificación de la mala práctica profesional dentro del proyecto de Código Orgánico Integral Penal (COIP).
En la reunión de trabajo estuvieron presentes el Decano de la Facultad de Medicina, dirigentes del gremio de enfermeras, de la Fundación Carlos Rodríguez, estudiantes de Medicina y varios asambleístas. La legisladora María José Carrión, integrante de la Comisión de Salud, coordinó la sesión de trabajo.
Reunión ampliada
La presidenta Gabriela Rivadeneira señaló que esta semana se podría aprobar en su totalidad el nuevo Código Penal, toda vez que falta viabilizar el Libro Tercero, así como las reformatorias y derogatorias, por tanto, la subsiguiente semana se convocaría a una sesión ampliada con la activa participación de todas la organizaciones inmersas en la temática de salud, para definir un texto de consenso en torno a la mala práctica profesional.
En todo caso, el texto que entraría a la reconsideración del Pleno debe garantizar el ejercicio de la profesión de los médicos, pero, a la vez, los intereses y derechos de los ciudadanos y ciudadanas víctimas de la mala práctica médica y de sus familias, evitando toda posibilidad de auspiciar la impunidad, enfatizó.
Sostuvo que existen dos vías para superar el inconveniente: mediante un veto parcial del Presidente de la República y, por otro lado, que la Asamblea Nacional establezca un articulado de consenso para ponerlo a reconsideración del Pleno y luego incorporarlo como parte del proyecto de Código Penal ya aprobado.
Reiteró la apertura total de la Legislatura para analizar las diversas propuestas que provengan de los colectivos ciudadanos, de la Academia, de los gremios médicos y demás sectores.
MG/pv
A partir de las 08:30, la Asamblea Nacional desarrollará mañana el minuto cívico, ceremonia especial en la que participará la presidenta de la Legislatura, Gabriela Rivadeneira, así como el Grupo Operacional Especializado de la Policía Nacional que cumple sus funciones en calidad de Escolta Legislativa y estudiantes de la Unidad Educativa Manuela Cañizares.
La presidenta de la Comisión de Derechos Colectivos, Zobeida Gudiño, informó que en los próximos días entregarán el informe para segundo debate del proyecto de Ley de creación de los Consejos de Igualdad, en cumplimiento del mandato de los artículos 156 y 157 de la Constitución.
La presidenta de la Comisión de Educación, asambleísta Ximena Ponce, anunció que el organismo concluirá el martes próximo el proceso de sistematización de las observaciones de los legisladores y de las múltiples organizaciones y colectivos ciudadanos en torno a los proyectos de creación de las universidades Uniartes, Ikiam, Unae y Yachay.
Luego de ello, continuó, las propuestas serán remitidas a la Secretaría General de la Legislatura, por tanto, la subsiguiente semana podrían entrar a resolución definitiva del Pleno.
Destacó el intenso proceso de socialización que llevó adelante la Comisión, conjuntamente con las autoridades de Ejecutivo, es decir, con los correspondientes ministros promotores o proponentes de las normativas, posibilitó dar respuesta inmediata a una serie de inquietudes de la población sobre los términos formales de los anexos, especialmente en torno al número de carreras, ubicación, fecha de funcionamiento, infraestructura, planta de profesores, el currículo académico, etc.
La creación de las cuatro universidades viene a atender una demanda en cuanto a contenidos temáticos que se articulan con la otra oferta de educación universitaria que ya existe en el país tanto pública como privada, fundamentalmente se orienta a cumplir los requisitos de calidad, marcando, así, la diferencia con los centros de educación superior de garaje, que en décadas pasadas proliferaron, agregó.
Precisó que el proceso de socialización fue interesante, porque reveló que en la ciudadanía existe una preocupación cada vez más fuerte respecto a los temas de educación, más aún cuando las propuestas están en la línea de consolidar la transformación de la educación, con parámetros de calidad y que el alumnado aportará en los cambios del país.
MG/pv
Por iniciativa del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Personas en Movilidad, bajo la coordinación de la asambleísta Linda Machuca, se desarrolló un encuentro ,con el propósito de intensificar el análisis de la situación de los refugiados, la migración y el drama de la población colombiana por efectos del conflicto armado interno.
Al Foro debate se dieron cita John Fredrikson, representante en Ecuador del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR); Christian Visnes, director del Consejo Noruego para Refugiados; Hege Araldsen, embajadora de Noruega en Chile; María Landázuri, viceministra de Movilidad Humana, así como los legisladores que representan a los compatriotas migrantes, entre otras autoridades.
Los asistentes dedicaron sus mayores esfuerzos a definir estrategias y políticas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos que tienen la condición de refugiados en nuestro país.
Desafío
Linda Machuca mencionó que un desafió de la legislación es la construcción y aprobación del proyecto de Ley de Movilidad Humana, para dar respuesta a elementos que están presentes en el día a día del país como: la emigración, considerando que tres millones de ecuatorianos residen en otras naciones; inmigración, tomando en cuenta que miles de extranjeros llegan a vivir y trabajar acá; también que somos país de tránsito para la gente que desea pasar a otros territorios; el refugio; la trata de personas; y, el hecho del retorno.
Entonces, el Grupo Parlamentario ha venido motivando estos espacios de diálogo, a fin de recoger la mayor parte de insumos para la formulación de dicha normativa, dijo, al sostener que la Cancillería, a través del Viceministerio de Movilidad Humana, lidera el proceso participativo, en que están incluidos algunos asambleístas inmersos en el área de movilidad.
Organismo humanitario
John Fredrikson explicó que ACNUR es un organismo internacional, humanitario y apolítico, creado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1950. En Ecuador está presente desde el año 2000. Para la entidad, la población de interés incluye a refugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos, apátridas y personas en situación similar al refugio, explicó.
Crear espacios de paz
María Landázuri indicó que en Ecuador hay 59.707 refugiados, de los cuales 58.751 son de nacionalidad colombiana y el resto de Cuba, Afganistán, Perú, Irak y otros, al enfatizar que esta comunidad no está aislada o ubicada en campamentos y, así, pueden desplazarse por todo el territorio nacional. El reto es garantizarles una integración total con su familia, con igualdad de oportunidades, deberes y derechos, en el propósito de generar una cultura de paz, dijo.
MG/pv