La presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira y el representante legal del Alto Comisionado de Naciones Unidas para el Refugio, John Fredrikson, suscribieron el convenio marco de cooperación interinstitucional, que tiene como objetivo coordinar acciones entre las dos instituciones para facilitar que el desarrollo normativo de la Constitución de la República refleje los requisitos de los derechos humanos de las personas en movilidad, conforme a los compromisos nacionales, regionales e internacionales y especialmente para promover el respeto de todos los derechos de las personas que viven el hecho migratorio.
La Comisión del Derecho a la Salud continúa recibiendo aportes al proyecto de Ley Orgánica General de Salud. En esta oportunidad escuchó los planteamientos de los representantes del Ministerio de Salud y de la gestión antipiratería respecto de la vigilancia, control de falsificación y adulteración de medicamentos. Posteriormente receptó las propuestas de la delegada de la red Douglas Ecuador, quienes promueven los derechos de las madres y de los grupos vulnerables a través del acompañamiento con amor ven los partos.
Esta mañana, el asambleísta Mauro Andino, presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, puso en consideración y explicó a los miembros del organismo el contenido y alcances del informe borrador, para segundo debate, del proyecto de Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Comentó que el tema, de manera íntegra, ha sido discutido ampliamente por cerca de dos años, al enfatizar que han registrado aproximadamente 50 comisiones generales y receptado más de 200 observaciones de parte de la Academia, organizaciones sociales, colectivos ciudadanos, entre otros.
La construcción del texto se ha sometido, en todo instante, a las normas constitucionales y los instrumentos internacionales, dijo, al puntualizar que el Código tiene como finalidad normar la intervención estatal para proteger la convivencia social frente a las infracciones penales, evitar la impunidad y regular el ejercicio del poder punitivo del Estado.
Libro Preliminar
Indicó que el Libro Preliminar actúa como un sistema de principios básicos, pero indispensables, que orientan y condicionan el desempeño de los operadores de justicia para realizar la adecuación típica de una conducta prohibida por la norma penal, el establecimiento de responsabilidades y la imposición de sanciones en el uso legítimo y racional del poder punitivo.
Libro Primero
Comentó que se ha conciliado la concepción humanista con la eficiencia, pensando en los derechos de cada uno de los sujetos contrapuestos: procesado y víctima. Se ha tipificado la mala práctica profesional, el terrorismo y delincuencia organizada, el femicidio, la violencia intrafamiliar, la trata de personas, la responsabilidad de las personas jurídicas, el plago y el aborto, etc.
Hemos definido también que el consumo de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización constituye un problema de salud pública, sin embargo, la producción y tráfico son delitos de suma gravedad, lo que, atendiendo la inquietud del CONSEP, se decidió que la normativa de salud establezca las dosis máximas para el consumo y anexar a la Ley de Sustancias Estupefacientes y Sicotrópicas un cuadro de valores para distinguir la producción y tráfico de mínima, mediana, alta y gran escala, agregó.
Libro Segundo
Contempla la adopción real de la oralidad en todas las fases del proceso, como el medio idóneo para poner en marcha los principios rectores del sistema acusatorio, que debe estar presidido por la idea del debate, controversia, de contradicción, de lucha de contrarios, con el objetivo de reducir los tiempos y garantizar la inmediación de los juzgadores en el proceso, sostuvo.
Libro Tercero
Andino manifestó que el Libro III del proyecto de Código Penal determina condiciones que contribuyan a desarrollar las capacidades de las personas a las que se les ha impuesto una sanción penal, de modo que puedan ejercer sus derechos, cumplir sus responsabilidades, alcanzar su inclusión social y gozar de respeto a su dignidad humana. Se destaca que la principal competencia de los jueces de garantías penitenciarias es ser garante de los derechos de personas privadas de libertad.
La salud, educación, cultura, deporte, el aspecto laboral, los vínculos familiares, la reinserción e inclusión, constituyen los pilares fundamentales del nuevo sistema de ejecución penal relativo a la rehabilitación social, precisó.
Jóvenes infractores
Tomando en cuenta el mandato de la Constitución, la Comisión de Justicia ratifica la necesidad de excluir a los adolescentes en conflicto con la ley penal, por considerar que este grupo generacional debe gozar de una justicia especializada.
Sin embargo, se propone el internamiento de 2 a 4 años para personas de 12 a 14 años de edad; internamiento de 5 a 7 años a los jóvenes de 14 a 16 años de edad; y, el internamiento de 8 a 10 años para personas de 16 hasta antes de los 18 años, para delitos graves como asesinato, violación, sicariato, etc, así como medidas socioeducativas efectivas, concluyó Mauro Andino.
MG/pv
"No más al acoso, no más al maltrato", manifestó la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, al recibir de un grupo de alrededor de 300 estudiantes de Quito y de las comunidades rurales de ocho provincias del país el Manifiesto por un sistema educativo libre de acoso escolar - bullying que se reunieron en el Salón de la Libertad, José Mejía Lequerica, en la sede legislativa.
En el marco del Segundo Seminario Internacional sobre Derecho Parlamentario, Seguridad Jurídica y Técnica Legislativa, a la doctora Libia Rivas Ordóñez le correspondió la ponencia relativa a “la Garantía Normativa en el Proceso de Elaboración de Leyes”.
Mencionó que la Constitución de 1998 reconocía exclusivamente las garantías: amparo, hábeas data, hábeas corpus, mientras la de 2008 establece otro tipo de garantías adicionales a las jurisdiccionales y, lo que es más, determina mayores garantías jurisdiccionales para defender derechos.
Se dispone la obligación de hacer y adecuar formal y materialmente las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución, los tratados internacionales y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades, por lo que en ningún caso la reforma constitucional, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos del poder público atentarán contra los derechos, explicó.
Argumentó que, bajo estos parámetros, la Función Legislativa al expedir las leyes, la Función Ejecutiva al dictar reglamentos, los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) y, en general, los demás órganos del poder público con potestad normativa, están obligados a adecuarlas formal y materialmente a los derechos.
Puntualizó que no solo los jueces son garantes de derechos, sino que también las funciones Legislativa, Ejecutiva y los órganos del poder público con potestad normativa, tras manifestar que ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías jurisdiccionales.
Sostuvo que el contenido de los derechos se desarrolla de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas, a la vez que advirtió que cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos constituye una inconstitucionalidad.
MG/pv
La Comisión de Desarrollo Económico se reunirá mañana , a las 15h00, con la finalidad de recibir a actores públicos y privados para hablar de la situación del sector florícola, sus necesidades y su importancia para el desarrollo del Ecuador.
El presidente de la República, Rafael Correa, remitió a la Asamblea Nacional un proyecto de reformas al artículo 96 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador (Código de la Democracia), mediante la cual se prohíbe la designación como candidatos a los familiares del Presidente y Vicepresidente de la República, de los ministros de Estado y de quienes ejercen la Función Ejecutiva en los gobiernos autónomos descentralizados, dentro de la misma organización política o alianza por la cual fue elegido o pertenezcan los mandatarios indicados.
Al inaugurar el Segundo Seminario Internacional sobre Derecho Parlamentario, Seguridad Jurídica y Técnica Legislativa, la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, ratificó que dará todo el soporte institucional y técnico para mejorar constantemente el accionar general del Parlamento y de sus funciones específicas: legislar y fiscalizar, a fin de contribuir al desarrollo del país.
Señaló que es fundamental generar espacios de intercambio de conocimiento, para que la tarea legislativa alcance mayores niveles de calidad, con mejores herramientas, que permitan sacar literatura, pensamiento en temas de legislación no solo para la labor interna, tras expresar que a nivel regional seguimos con debilidades de los parlamentarios para poder sostener los procesos de avance y evolución parlamentaria que hemos tenido especialmente en los últimos años.
Mencionó que la Asamblea del Ecuador cumple cinco años con la actual Constitución, por tanto, se requiere seguir promoviendo herramientas y normativas legales para afianzar este proceso.
Anunció que la capacitación se irá ampliando con la participación de las otras instituciones del Estado y de universidades tanto en su parte de docencia, académica, investigación como estudiantil, para cimentar que este pensamiento legislativo tenga mayor fuerza a mediano y largo plazo, al recordar que se ha establecido convenios de cooperación con el IAEN y la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central.
La presidenta Gabriela Rivadeneira señaló que el objetivo es que la Escuela Legislativa ponga en marcha mallas curriculares, que permitan una especialización en técnica legislativa en el área de legislación y de fiscalización.
Por último, resaltó la trayectoria de los expositores: Piedad García Escudero, de la Universidad Cumplutense de Madrid; Julio Echeverría, de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador; Libia Rivas, Secretaria de la Asamblea, quien cuenta con varias maestrías; Richard Ortiz, especializado en Alemania.
El evento se desarrolla en el Salón José Mejía Lequerica de la Sede Legislativa.
MG/pv
De conformidad con la convocatoria efectuada por la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, para las 09h00 está prevista la instalación de la sesión 256 del Pleno, con la finalidad de tratar en segundo debate la solicitud del Presidente de la República para la declaratoria interés nacional la explotación responsable de los bloques 31 y 43.
En el marco del segundo programa Contigo ¡de ley!, la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, aseguró que las garantías que se incluyen en las más de 16 resoluciones que se incorporan en la declaratoria de interés nacional de la explotación de los bloques petroleros 31 y 43, no solo protegen a las actuales ciudadanas y ciudadanos, sino, y fundamentalmente, a las próximas generaciones.