En la continuación de la sesión 89, con el voto unánime de los 73 asambleístas presentes, el Pleno exhortó al presidente de la República, Rafael Correa Delgado, que incluya al Hospital General Teófilo Dávila de Machala, provincia de El Oro, en el Decreto mediante el cual se declaró el estado de excepción sanitaria en las unidades y dependencias de salud pública.
La Comisión de Soberanía Alimentaria y de Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, aprobó el capítulo primero, de los principios, del proyecto de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua, en el que se ratifica la prohibición de privatizar el agua
La arquitectura si debe estar al servicio de alguien, es de los más necesitados, resaltó el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, durante la ceremonia inaugural de la XVIII Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito, que se cumplió en el Coliseo General Rumiñahui.
Insistió que se requiere una arquitectura que sea posible, que justamente pueda acompañar el desarrollo humano y de los pueblos, que se nutra de sus raíces culturales, valore el patrimonio cultural y rescate los materiales locales; una arquitectura que tampoco es impermeable a las corrientes universales, pero que puede decirse que es nuestra, agregó.
La Asamblea está sintonizada, desde ya hace mucho tiempo, con lo que ustedes hacen, lo que significa descubrir valores jóvenes de la profesión, dispuestos a encontrar las mejores y más inteligentes soluciones para el espacio público y, también, para la arquitectura necesaria, enfatizó.
Destacó que la Legislatura pretende aprobar, en el menor tiempo posible, una reforma importante a la Ley de Contratación Pública, incorporando todas las formas de concurso de arquitectura, lo cual facilitará implementar propuestas y desarrollar ideas, a fin de demostrar de lo que somos capaces en esta actividad y del espacio territorialmente más amplio.
Además, indicó que avanza significativamente el proceso de construcción del Complejo Legislativo, que permitirá contar con un parque lineal que integre a La Alameda y El Arbolito, que es el resultado de un trabajo coordinado con el Alcalde de la capital y el Colegio de Arquitectos, para cuyo efecto se presentaron 100 trabajos.
Acercarnos a lo necesario, a ese enorme conjunto de personas, que muchas veces nos veían o nos siguen viendo distantes a los arquitectos, es lo más humano, y quizás lo más inteligente, precisó, al entregar oficialmente el Acuerdo Legislativo, que declara a la Bienal Panamericana de Quito como un evento académico que aporta al desarrollo arquitectónico y cultural del Ecuador.
En la mesa directiva estuvieron presentes Fernando Cordero, presidente de la Asamblea Nacional, María Fernanda Espinoza, ministra Coordinadora de Patrimonio, Érika Sylva; ministra de Cultura; Gustavo Baroja, prefecto de la provincia de Pichincha; Augusto Barrera, alcalde de Quito; Alberto Andino, titular del Colegio de Arquitectos del Ecuador, provincial de Pichincha; Handel Guayasamín, presidente la Comisión Bienal y Daniela Ramos; coordinadora General.
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El Pleno de la Asamblea Nacional, en su sesión 203, aprobó con 79 votos el proyecto de Ley de Redistribución de los Ingresos para el Gasto Social, enviado por el Ejecutivo con el carácter de urgente en materia económica, que genera recursos económicos para financiar el incremento del bono de desarrollo humano.
El Pleno de la Asamblea Nacional se allanó a la objeción parcial al proyecto de Ley Orgánica Derogatoria a la Ley de Burós de Información Crediticia y Reformatoria a la Ley del Sistema Nacional del Registro de Datos Públicos, a la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario y a la Ley de Compañías, por el cual se elimina la Central de Riesgos, se crea el Registro Crediticio con dictámenes claros para evitar abusos; se condona las deudas de la banca cerrada de hasta $5.000.
La Comisión de Fiscalización y Control Político, a través de la prosecretaria, Ruth Recalde, notificó a ocho de los nueve miembros del Consejo de la Judicatura, con el trámite del juicio político propuesto en su contra por el asambleísta Mauro Andino, por incumplimiento de funciones, ya que no existió evaluación a jueces, ni acciones de capacitación a los funcionarios de la Función Judicial.
La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por el asambleísta Mauro Andino, presentó informe favorable del proyecto de Ley Reformatoria al Código Civil y Código de Procedimiento Civil, que regula el contrato de promesa de compraventa, de iniciativa del legislador Andrés Páez (ID).
Este contrato de promesa de compraventa debe contener el acuerdo sobre los elementos esenciales que formarán parte del contrato futuro definitivo; se realizará por escrito en todos los casos, y por escritura pública cuando la normativa determine tal requisito para la validez del documento principal.
Con la finalidad exclusiva de evitar eventuales perjuicios, las y los Registradores de la Propiedad y Registradores Mercantiles, según correspondan, inscribirán las promesas de compraventa y harán constar tal inscripción en los certificados de gravámenes que emitan. Esta inscripción será requisito de validez de estos contratos.
La normativa determina, además, que la condición debe ser física y legalmente posible; y, cumplirse literalmente, en la forma convenida.
El contrato de promesa de compraventa contendrá una condición o un plazo para su cumplimiento, así como el plazo para celebrar el contrato principal. En los casos que el plazo esté concebido en términos vagos u oscuros, el juez competente, mediante un ejercicio de interpretación podrá señalarlo. Y, en los casos que se haya omitido el plazo, el juez competente lo determinará, bajo las siguientes reglas:
Si el objeto de contrato de promesa de compraventa recae sobre bienes muebles, el plazo para el cumplimiento de la obligación será de tres meses, contados desde la fecha de celebración del mismo; si recae sobre inmuebles, el plazo será de seis meses, señala la propuesta de Andrés Páez Benalcázar.
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Una vez que, con fecha 9 de marzo, la Comisión de Fiscalización y Control Político, presidida por Silvia Salgado Andrade, notificó a las partes con el trámite del pedido de juicio político en contra de los nueve miembros del Consejo de la Judicatura, planteado por el asambleísta Mauro Andino Reinoso, se abrió el plazo de 15 días para que se presenten las respectivas pruebas de cargo y descargo.