El presidente del Parlamento Indígena de las Américas, José Poyo, mantuvo una reunión de trabajo con asambleístas de diversas bancadas legislativas y los miembros de la Comisión de Derechos Colectivos, con quienes compartió sus experiencias en materia legislativa relacionados con los derechos colectivos.
El Pleno de la Asamblea Nacional, en su sesión 203, aprobó con 79 votos el proyecto de Ley de Redistribución de los Ingresos para el Gasto Social, enviado por el Ejecutivo con el carácter de urgente en materia económica, que genera recursos económicos para financiar el incremento del bono de desarrollo humano.
El Pleno de la Asamblea Nacional se allanó a la objeción parcial al proyecto de Ley Orgánica Derogatoria a la Ley de Burós de Información Crediticia y Reformatoria a la Ley del Sistema Nacional del Registro de Datos Públicos, a la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario y a la Ley de Compañías, por el cual se elimina la Central de Riesgos, se crea el Registro Crediticio con dictámenes claros para evitar abusos; se condona las deudas de la banca cerrada de hasta $5.000.
La Comisión de Fiscalización y Control Político, a través de la prosecretaria, Ruth Recalde, notificó a ocho de los nueve miembros del Consejo de la Judicatura, con el trámite del juicio político propuesto en su contra por el asambleísta Mauro Andino, por incumplimiento de funciones, ya que no existió evaluación a jueces, ni acciones de capacitación a los funcionarios de la Función Judicial.
La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por el asambleísta Mauro Andino, presentó informe favorable del proyecto de Ley Reformatoria al Código Civil y Código de Procedimiento Civil, que regula el contrato de promesa de compraventa, de iniciativa del legislador Andrés Páez (ID).
Este contrato de promesa de compraventa debe contener el acuerdo sobre los elementos esenciales que formarán parte del contrato futuro definitivo; se realizará por escrito en todos los casos, y por escritura pública cuando la normativa determine tal requisito para la validez del documento principal.
Con la finalidad exclusiva de evitar eventuales perjuicios, las y los Registradores de la Propiedad y Registradores Mercantiles, según correspondan, inscribirán las promesas de compraventa y harán constar tal inscripción en los certificados de gravámenes que emitan. Esta inscripción será requisito de validez de estos contratos.
La normativa determina, además, que la condición debe ser física y legalmente posible; y, cumplirse literalmente, en la forma convenida.
El contrato de promesa de compraventa contendrá una condición o un plazo para su cumplimiento, así como el plazo para celebrar el contrato principal. En los casos que el plazo esté concebido en términos vagos u oscuros, el juez competente, mediante un ejercicio de interpretación podrá señalarlo. Y, en los casos que se haya omitido el plazo, el juez competente lo determinará, bajo las siguientes reglas:
Si el objeto de contrato de promesa de compraventa recae sobre bienes muebles, el plazo para el cumplimiento de la obligación será de tres meses, contados desde la fecha de celebración del mismo; si recae sobre inmuebles, el plazo será de seis meses, señala la propuesta de Andrés Páez Benalcázar.
MG/pv
Una vez que, con fecha 9 de marzo, la Comisión de Fiscalización y Control Político, presidida por Silvia Salgado Andrade, notificó a las partes con el trámite del pedido de juicio político en contra de los nueve miembros del Consejo de la Judicatura, planteado por el asambleísta Mauro Andino Reinoso, se abrió el plazo de 15 días para que se presenten las respectivas pruebas de cargo y descargo.
En la sesión 205 del Pleno, el presidente de la Legislatura, Fernando Cordero Cueva, impuso la condecoración Asamblea Nacional del Ecuador "Dr. Vicente Rocafuerte", al Mérito Cultural, al ecuatoriano, Jorge Efraín Perugachy Gualsaquí, en reconocimiento de su aporte al desarrollo de las artes plásticas en nuestro país.
La Asamblea Nacional
La Viceministra de Ambiente, Mercy Borbor; el gerente subrogante de Petroecuador, Carlos Ordóñez; y, el superintendente General de la Refinería Esmeraldas, Nelson Chulde, en la Comisión de Biodiversidad, señalaron que el arrastre de cinco galones de hidrocarburo a las riberas del río Teaone, fue una contingencia menor inmediatamente controlada.