Diversos criterios se verten en torno al proyecto de Fomento Productivo, de iniciativa del Ejecutivo, y que fue tramitado por la Comisión de Desarrollo Económico. Se resalta el apoyo a las pequeñas y medianas empresas a través de la remisión de intereses, a los migrantes retornados quienes podrán beneficiarse de programas de crédito al sector agrícola, mediante la exoneración del Impuesto a la Renta por 10 años, para nuevas inversiones, tasas preferenciales de crédito y un seguro agrícola. Además, se impulsa la generación de empleo.
En la continuación de la sesión 503, la legisladora Verónica Guevara subrayó que la propuesta debería enfocarse a los sectores vulnerables del país, especialmente al sector agropecuario y campesino, mientras que el legislador César Carrión mencionó la necesidad de eliminar el artículo 46 del proyecto, porque afecta la estabilidad y desmotiva el servicio público, sobre todo a la Policía Nacional, pues la economía va de la mano con la seguridad, lo que incide, a su vez, en el desarrollo del país.
En cambio, el parlamentario Vicente Taiano consideró que es positivo el tema de eliminar gradualmente el Impuesto a la Salida de Divisas y que es indispensable revisar lo que se refiere a las acciones de cobro y coactivas que constan en la disposición cuarta del proyecto.
De su lado, Ximena Peña aseguró que la remisión del 2015 benefició a grandes sectores económicos, mientras que la Ley de Fomento Productivo se aplica en favor de pequeñas y medianas empresas. Recordó que la Ley de Movilidad Humana concedió 180 días para el registro del universo de migrantes retornados y mucha gente no alcanzó a registrarse. Con esta nueva normativa se extiende el plazo para que toda la comunidad migrante acceda a los beneficios.
Augusto Espinosa dijo que la dolarización se sustenta en el ingreso y salida de divisas, por tanto, la propuesta -tal como está concebida- puede generar un desequilibrio en la economía. El endeudamiento externo creció significativamente en el último año y hay que tener cuidado con debilitar al sector externo y que el país se quede sin liquidez, agregó.
Entre tanto, René Yandún sostuvo que el manejo de la deuda pública se haga con sustento legal, con proyección a largo plazo, transparencia y mucha responsabilidad, para garantizar la paz y el desarrollo del país y que, tal como manda la ley, los recursos que ingresan por concepto de préstamos se los utilice exclusivamente en inversiones sociales y productivas y no para gasto corriente, como se lo estaría haciendo al momento. En las zonas de frontera el tratamiento debe ser de protección a los pequeños y medianos empresarios, añadió.
Luis Fernando Torres resaltó que los jóvenes que sacaron préstamos para estudiar se beneficiarán de la remisión de multas, intereses y recargos, además los jueces de coactivas no abusarán más con los accionistas minoritarios. No comparte el criterio de gravar a los décimos tercero y cuarto sueldos.
El legislador Montgomery Sánchez solicitó incorporar un artículo en el sentido de que los deudores, personas naturales y jurídicas, comerciantes minoristas, artesanos y pequeños agricultores, que conforman la economía popular y solidaria, de la banca pública, puedan reestructurar sus deudas y se beneficien también de la remisión de intereses, multas y recargos en un 100 %, de aquellas obligaciones derivadas desde el 2 de abril de 2018, pues no se están tomando en cuenta aquellas deudas adquiridas a través de la Corporación Financiera Nacional, con ello se lograría mejorar y reactivar al sector productivo del país.
JLVN/eg
Asambleísta por la provincia de Azuay | Presidente de la Comisión Del Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa | Movimiento Patria Altiva i Soberana Visita mi Perfil
