La otra cara de la moneda. Eso fue lo que vieron los asambleístas de la Comisión del Desarrollo Económico, durante la presencia de agricultores de Guayas, quienes denunciaron que la banca pública les ha negado acceder a los beneficios de la Ley de Fomento Productivo, aprobada por la Asamblea en junio pasado.
Expusieron sus casos. Uno de ellos, el de Sandra Jiménez, quien quiere acogerse a la condonación de una deuda por 38.000, sin embargo, el Banco Nacional de Fomento (BNF) en Liquidación le negó esa posibilidad, porque sumados los intereses esta obligación sobrepasaba los 50.000 dólares, que es el techo para acogerse a la condonación, según la norma.
El espíritu de la Ley tiene que aplicarse, enfatizó el presidente de la Comisión, Esteban Albornoz, mientras Homero Castanier agregó que -a lo mejor- en los mandos medios no saben cómo aplicar esta norma.
Los comisionados aclararon que el techo para la aplicación de la condonación de la deuda se refiere al capital. Cuestionaron que no se haya capacitado al personal y no exista un proceso efectivo de socialización de la norma, sobre todo, para el campo.
Frente a estas preocupaciones, la Comisión llamará al presidente del directorio del BNF y otras autoridades para hacer un seguimiento más efectivo y verificar que no se perjudique a los agricultores.
Semanas atrás, autoridades del BNF en Liquidación y de BanEcuador acudieron a la Comisión y dieron cifras interesantes, parecía que todo estaba bien, pero vemos que en los temas en los cuales debe haber soluciones no hay, sostuvo César Rohón.
Según la Ley, las deudas de hasta 50.000 dólares con el BNF en Liquidación, cuando uno de los cónyuges o conviviente en unión de hecho ha fallecido, quedan extinguidas. Lo mismo se aplicará para quien haya adquirido una discapacidad posterior a la época en la que contrajo el compromiso. En tanto, para las personas adultas mayores, la condonación será del 50 %.
En la misma disposición manda que las personas naturales o jurídicas que mantengan obligaciones con esta entidad financiera deberán ser sujeto de remisión de los intereses o costas judiciales, siempre y cuando paguen al menos el 1 % del saldo del capital, dentro del plazo de un año.
De su lado, Fernando Burbano mostró su preocupación en otros temas de la norma. Sostuvo que se incluyó un mandato para que en los programas sociales del gobierno, como el de alimentación escolar, los proveedores, mayoritariamente, sean de la economía popular y solidaria. Pidió hacer un rastreo de este beneficio.
LILA/eg
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Asambleísta por la provincia de Azuay | Presidente de la Comisión Del Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa | Movimiento Patria Altiva i Soberana Visita mi Perfil
