Asambleísta por la provincia de Loja | Integrante de la Comisión De Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología | Alianza CREO-SUMA
En la exposición de motivos del mencionado proyecto se dice que: “la Internet podría ser utilizada como medio para la realización de actos discriminatorios y la comisión de delitos de odio. La difamación a través de las redes sociales, se podría manifestar en insultos o expresiones de descrédito motivadas en la etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portador VIH, discapacidad o cualquier diferencia física”
La propuesta en este sentido se da para recuperar una efectiva participación de las y los estudiantes en los organismos de cogobierno de las universidades y escuelas politécnicas públicas en el ejercicio de su autonomía, aquella equivaldrá a un porcentaje del cincuenta por ciento del total del personal académico con derecho a voto
Esto con el fin de esclarecer los hechos y aportar a que se conozca la verdad sobre lo ocurrido en los procesos abiertos por las actividades delictivas de ciertos funcionarios públicos que beneficiaron a Odebrecht y otras empresas extranjeras. Según Cruz este pedido lo hace amparada en el artículo 442, 443, 519, 522 y 523 del Código Orgánico Integral Penal, y con el fin de que se haga justicia en el país, visto que en los últimos años no ha sido totalmente posible. Agregó que en gran parte de los procesos en que se han visto involucrados importantes funcionarios del Estado, han recibido información privilegiada que les ha permitido salir del país.
La Asmbleísta Jeannine Cruz manifestó que el 29 de mayo de 2017, la Contraloría General del Estado emitió un informe preliminar, suscrito por Pablo Celi, Contralor subrogante, sobre el examen especial que realizó a las cuentas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) sobre el destino de $2.500 millones, considerados como “deuda del Gobierno” y que desaparecieron de su balance, por lo tanto, es necesario que el funcionario en mención informe los elementos técnicos y las conclusiones de dicho documento.
La parlamentaria considera que el enjuiciamiento político que impulsa su bloque, contra el Vicepresidente tiene argumentos y sobre todo esta amparado en lo que dispone la Constitución en su art. 129.2. Agregó que en ese sentido, considera necesario absolver varias interrogantes respecto a la responsabilidad política en el control y supervisión de proyectos estratégicos por parte de Jorge Glas.
La parlamentaria aseguró que la Policía y las Fuerzas Armadas son las entidades que cumplen esta función y por lo tanto la implementación de este grupo armado es inconstitucional, ya que no pueden existir grupos públicos de control y seguridad al margen de las fuerzas del orden. Según la Asambleísta Jeannine Cruz, la creación de este cuerpo significa un fortalecimiento del poder coercitivo del Estado, y no un mecanismo de política pública que permita democratizar el acceso a los derechos y restringir la posibilidad de arbitrariedades tanto públicas como privadas.
Como asambleísta de Loja donde el 70% son pequeños productores que garantizan la soberanía alimentaria, mi posición en la Asamblea Nacional sera de defensa de la producción tradicional. Loja tiene un potencial de bidoversidad, la producción de café que se da en Vilcabamba y Puyango, es un ejemplo de ello, introducir transgenicos es acabar con la producción cacao, café y otros productos. En nuestra provincia creemos importante preservar nuestras semillas, es parte del conocimiento ancestral, las semillas son vida para la tierra y el ser humano. “En varias fincas agrícolas de mi provincia se preservan las semillas y se producen alimentos sin usar productos químicos”.
