El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad un Proyecto de Resolución que exhorta a varias autoridades para encontrar un camino jurídico para resolver la crisis en la que se encuentran becarios y deudores de créditos educativos, la propuesta nace desde la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional tras detectar, durante el seguimiento del cumplimiento de la Ley de Eficiencia y Simplificación de Trámites, serios problemas de decenas de becarios y beneficiarios de créditos educativos, quienes están enfrentando deudas, que sin duda deben ser honradas, pero respetando su condición de estudiantes y entendiendo, por sobre todo, los problemas económicos que arrastra el país y que han impactado de manera directa en sus hogares, o en su defecto, han impedido que puedan conseguir un empleo digno, que les permita pagar las deudas adquiridas con el Estado Ecuatoriano.
En la Comisión de Régimen Económico y Tributario convocamos a todos los sectores involucrados con la situación que enfrentan los estudiantes. Era de nuestra responsabilidad, escuchar de primera mano los testimonios de los afectados para entender la dimensión de los hechos y encontrar una solución justa, para ello han comparecido autoridades y delegados de diversas entidades públicas como la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, así como los representantes de los estudiantes.
Una vez escuchados sus argumentos acordamos, los miembros de la Comisión, elevar ante el Pleno la exhortación que se sustenta en principios éticos y preceptos constitucionales, cuyo fin, es defender el derecho a la educación y al trato justo de todos los ecuatorianos en materia crediticia.
Si queremos ser aún mucho más precisos en los caminos jurídicos y procedimientos frente a las deudas de los Becarios, al interior de la Comisión hemos tomado como base jurídica, el artículo 19 de la “Ley para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal” que dispone la remisión del 100% de interés, multas y recargos derivados de las obligaciones pendientes de pago hasta el 2 de abril del 2018, por pagos relacionados a becarios y créditos educativos otorgados por cualquier institución pública, o por el anterior IECE.
Como mecanismos para encontrar soluciones justas en La Comisión de Régimen Económico se pusieron en consideración las siguientes:
El Senescyt y el Instituto de Fomento al Talento Humano, deberán iniciar los procesos de revisión sobre la situación de los beneficiarios de las becas y los créditos educativos otorgados.
En los contratos de créditos educativos otorgados por Estado, no se incluirán cláusulas o condiciones más exigentes que las establecidas en los créditos de carácter no mercantil.
Dentro de los procedimientos de cobro, solicitamos se permita el refinaciamiento de los créditos educativos impagos, la concesión de facilidades de pago y la simplificación de requisitos para su otorgamiento.
Solicitar al Senescyt y al Instituto de Fomento al Talento Humano, revisen los valores por tasas de interés, recargos, costos administrativos, operativos, financieros u otros, para que estén dentro de los límites y parámetros previstos en la Ley.
Exhortar a los directivos del Banco del Pacífico, revisen sus reglamentos y protocolos internos y, de ser el caso, lo modifiquen a fin de que se apliquen condiciones más beneficiosas y justas para los deudores de buena fe de créditos educativos.
Debo resaltar que del debate se desprende la necesidad de que: si las entidades involucradas en el otorgamiento de becas, encuentran infracciones en los procesos de entrega, otorgamiento de créditos educativos, becas, cobro voluntario y coactivo, entre otros, deberán realizar los actos administrativos en contra de los culpables y resarcir los perjuicios causados.
Tras las reuniones mantenidas con quienes se sienten afectados y el equipo de trabajo de la Comisión hemos detectado otros problemas que esperamos puedan superarse, cito tres de ellos: primero que no les sean imputables los valores por fluctuación monetaria debido a que son factores que se producen por causas exógenas. Segundo considerar el certificado como mecanismo de validación transitoria de los títulos académicos apostillados y finalmente que se minimice la justificación de los fondos públicos únicamente a tres rubros.
Con esta Resolución, la Comisión cumple con el derecho al conocimiento y al desarrollo que deben ser nuestros objetivos mayores, el acceso a ellos, nos garantizan mayor equidad.
Esta propuesta proporcionará tranquilidad a nuestros becarios y estudiantes que usan el crédito educativo, les da confianza en que estamos legislando a su favor, claro está, sin trastocar los principios de transparencia y equidad que deben primar en todas nuestras decisiones.
Asambleísta por la provincia de Manabí | Integrante de la Comisión Del Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa | Unidad Primero - Alianza PAIS. Leer más
