Marisol Peñafiel Montesdeoca, joven imbabureña; líder de juventudes, vinculada a la dirigencia de organismos estudiantiles, barriales, parroquiales y de mujeres; de la niñez y adolescencia; convencida en l..
Cuatro autoridades de organismos internacionales debatirán este lunes, 20 de marzo, a las 15:00, en la Comisión de Justicia, sobre el proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal, de autoría de la asambleísta por Imbabura Marisol Peñafiel.
La Legisladora presentó esta iniciativa en el Foro Anual de Parlamentarios para la Acción Global (PGA) y en la Sesión de la Asamblea Consultiva de Parlamentarios para la Corte Penal Internacional (CPI), donde concitó el interés de estas instituciones mundiales.
A la mesa acudirán Ronny Monge y David Donat Cattin, miembro y secretario general del PGA; Michelle Reyes, coordinadora Regional para las Américas de la Coalición para la Corte Penal Internacional; y, Juan Hernández, coordinador del Comité Internacional de la Cruz Roja.
Los eventos a los que acudió Marisol Peñafiel, en representación de Ecuador, se desarrollaron en diciembre del año pasado, en Dakar-Senegal. Ahí, la asambleísta expuso sobre la vigencia del Código Orgánico Integral Penal (COIP) en Ecuador. Dijo que en ese cuerpo legal se incorporaron 32 artículos sobre infracciones por graves violaciones a los derechos humanos y contra el Derecho Internacional Humanitario, que devienen del Estatuto de Roma de la Corte Internacional Penal.
Se refirió a la necesidad de realizar enmiendas para cumplir los estándares mínimos, que se encuentran en los tratados internacionales suscritos por el país. Acotó que uno de ellos tiene que ver con la definición de genocidio. Explicó que “la actual redacción del tipo penal hace más onerosa la carga de la prueba, ya que la fiscalía deberá probar la intencionalidad genocida y, adicionalmente, que los hechos fueron realizados de manera generalizada y sistemática”, por lo que propone eliminar este último requisito.
Peñafiel afirmó que, en el capítulo sobre las graves violaciones a los derechos humanos y delitos contra el Derecho Internacional Humanitario, existen otros tipos penales que requieren observarse, a la luz de una nueva tipificación acorde a los instrumentos internacionales.
Además, sostuvo que se deben estudiar las normas procesales incluidas en el COIP, en el caso de cooperación con la Corte Penal Internacional, bajo las reglas del Estatuto de Roma, pero considerando nuestro sistema penal y el modelo de la Función Judicial.
La Comisión de Justicia conocerá, en esa misma sesión, la resolución del Consejo de Administración Legislativa a través de la cual remite a esta mesa el proyecto de Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular, efectuada el 19 de febrero de 2017, presentado por el presidente de la República, Rafael Correa.
LILA/pv
El proyecto rige para quienes ocupen o ocuparen puestos de elección popular, quienes presten o prestaren sus servicios y quienes fueren electos o ingresen al sector público, bajo cualquier modalidad, a partir del 6 de marzo del 2018. Manda que quienes, de alguna manera, tengan bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en territorios o jurisdicciones consideradas paraísos fiscales, deberán dejar de tenerlos hasta el 6 de marzo del 2018.
Según la iniciativa legal, no se considerará la transferencia de bienes o capitales si se entrega a empresas, corporaciones u otras formas asociativas o fideicomisos, en los cuales formaren parte de aquella, o tuvieran algún beneficio, participación o derecho. Tampoco se hará valedero si se ha realizado en favor de sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o a nombre de terceros vinculados a él. A las mismas condiciones deberá sujetarse cualquier tipo de inversión, fondos, depósitos a plazo fijo o variable que se mantuviere.
La Contraloría General del Estado será la encargada de solicitar la cesación de sus funciones, sobre la base de la declaración patrimonial.
Los servidores públicos que no cumplan estas disposiciones serán separados de sus puestos y se les impondrá sanciones. Para quienes estén sujetos a control político de la Asamblea Nacional, con excepción de ministros, se comunicará tal particular al Parlamento, a fin de que proceda al enjuiciamiento político e imponga la sanción; para los ministros se comunicará al Presidente de la República; en el caso de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, se remitirá al respectivo órgano colegiado; y, los demás servidores públicos se informará a la respectiva autoridad nominadora.
En la exposición de motivos, el proyecto indica que los denominados paraísos fiscales permiten que las personas que más tienen puedan mover su riqueza a sitios donde no existe la obligación de declararla, con lo que se evitan cargas tributarias y son una vía, que facilita la concentración de la riqueza y ahonda las desigualdades sociales.
Explica que, según la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, en los paraísos fiscales se ocultan de 5 a 7 billones de dólares, mientras que de acuerdo con el Tax Justice Netwok, el dinero de los impuestos que se evaden supera los 255 mil millones de dólares anuales. Afirma que esa cantidad supera cinco veces a la necesaria para lograr los Objetivos del Milenio, propuestos por las Naciones Unidas.
LILA/pv
Las historias son similares. María Elsa Viteri, asesora del Colectivo Deudores de Buena Fe y Mónica Bolaños, expusieron sus criterios en el Pleno, antes que inicie el segundo debate del proyecto de Ley para la Restructuración de las Deudas de la Banca Pública, Banca Cerrada y Gestión del Sistema Financiero Nacional y Régimen de Valores. Son 20 años de sufrimiento, indefensión, violación a sus derechos y dignidad y, el mismo tiempo, una búsqueda constante de soluciones para honrar sus deudas, dijeron.
“No podemos permitir que se nos vea desde una perspectiva estrictamente financiera de la recuperación de la cartera; reclamamos que se reconozca la injusta situación de indignidad en la cual se nos intentó sumir durante 20 años”, aseveró Viteri. “Somos las víctimas quienes sufrimos de manera directa e indirecta la violación de derechos y somos nosotros quienes seguimos pagando las consecuencias de las decisiones políticas tomadas hace 18 años”, expresó Bolaños.
Para Viteri el problema medular es la falta de una auditoría e investigación, con el objetivo de verificar la situación de los deudores no vinculados, sus características y realidad. Este Colectivo pidió que se ubique tasa cero retroactiva a la deuda y el inicio de un interés a partir de la firma de un nuevo convenio de recálculo, “como parte de una justa compensación”.
Insistió que el proyecto no debe incorporar a ninguna empresa de cobranza, puesto que esto significa, indistintamente de quien sea, convertirse una vez más en un negocio. También pidió que no se dé paso a la inclusión de actores vinculados, como beneficiarios del proyecto.
En el proyecto de ley “se construyen normas orientadas a solucionar los problemas de quienes somos deudores de buena fe de la banca cerrada”, aseveró Mónica Bolaños.
Contó sobre la celebración de un contrato de arrendamiento mercantil con el exFilanbanco por parte de su tía abuela y madre, como deudora solidaria, en 1997, quienes ya fallecieron. Explicó que esta entidad exigió el pago del valor total de la obligación y la devolución del bien, dejando de lado todas las condiciones previstas en el mismo contrato de “leasing”. Agregó que este banco no hizo inscribió el contrato en el Registro Mercantil.
LILA/pv
El Pleno de la Asamblea Nacional, con el voto favorable de 75 legisladores, aprobó en segundo debate el proyecto de Ley para la Restructuración de Deudas de la Banca Pública, Banca Cerrada y Gestión del Sistema Financiero Nacional y Régimen de Valores, calificado por el Ejecutivo como urgente en materia económica, que tiene por objetivo dar facilidades para que 31 mil personas, conocidas como deudores de buena fe, puedan honrar sus obligaciones.
La normativa amplía los plazos para que estas personas cumplan sus obligaciones pendientes de pago; incorpora a todos los deudores de la banca cerrada para el recálculo, así como a los deudores de la cartera cerrada de la Corporación Financiera Nacional que no pudieron cumplir los convenios de recálculo. Habrá un plazo de 90 días para presentar nuevos documentos probatorios para que opere dicho recálculo.
También, autoriza al Banco Central la venta de la cartera a una compañía de servicios auxiliares de cobranza, de mayoría accionaria pública para la gestión de la cartera de la banca cerrada. Se condonan las costas, gastos, recargos, intereses e intereses de mora de las operaciones de crédito otorgadas a personas naturales y jurídicas que mantienen obligaciones con el Banco de Fomento en liquidación, siempre que los deudores paguen al menos el 5% del saldo de capital dentro del plazo de 180 días.
La propuesta legal deja sin efecto la suspensión de los beneficios concedidos por la Ley para el Cierre de la Crisis Bancaria de 1999, a los deudores que, habiendo suscrito convenios de recálculo hubieren incumplido dos pagos consecutivos. Estos deudores tendrán el plazo de 90 días para solicitar al Banco Central la modificación del convenio de recálculo. Los que no hubieren suscrito convenios, tendrán el plazo de 90 días para solicitarlo y 120 días para suscribir el beneficio que podrá contener opciones de fraccionamiento de la operación y de sus garantías, previa autorización de la entidad financiera respectiva.
Uno de los elementos importantes incorporados en la ley es el relacionado con la aplicación del principio que más favorezca al deudor, en el proceso de solución de las respectivas obligaciones. El plazo para la cancelación de las deudas será de 12 años, incluido el un año de gracia.
En el debate, los diferentes sectores políticos expusieron sus puntos de vista en torno al proyecto. En ellos, el legislador Oswaldo Larriva, de Azuay, sugirió que se vele también por los acreedores de buena fe, como el caso de los perjudicados por instituciones cooperativas, con recursos por más de 60 millones de dólares que se llevaron sus administradores.
Carlos Bergmann, de Manabí, recordó que el feriado bancario es la mayor tragedia que ha vivido el Ecuador en su historia y hoy se busca un mecanismo para atender la dura situación que viven cientos de familias por las consecuencias de esa nefasta decisión.
Entre tanto, Luis Fernando Torres, de Tungurahua, tras manifestar su acuerdo con dar todas las facilidades a los deudores de buena fe para que honren sus obligaciones, observó que sería importante que la Comisión del Régimen Económico investigue las denuncias de Pedro Delgado, expresidente del Banco Central del Ecuador, para garantizar la transparencia del cierre de la crisis bancaria de 1999.
Para Galo Borja, vicepresidente de la Comisión de Régimen Económico, que estudió el proyecto urgente, consideró necesario que esta ley permita terminar de una vez por todas el drama de centenares de ciudadanos que fueron afectados por el feriado bancario, pero también esperamos terminar con la famosa central de riesgos.
El legislador René Yandún, de la provincia del Carchi, aseguró que está de acuerdo con la aprobación de esta ley, pero resulta una ley incompleta, puesto que es necesario exigir del Banco Central del Ecuador los balances financieros de los bancos cerrados para saber qué pasó con los activos, qué pasó con los pasivos y dónde están esos bienes.
Mientras, el representante de la provincia de Pichincha, Henry Llanes, expresó que coincide con la necesidad de solucionar definitivamente el tema de la crisis bancaria, pero a más de este tipo de leyes, el Gobierno debió ordenar una auditoría para establecer los verdaderos costos que representó este hecho que inicialmente fue de 8 000 millones y al momento superaría los 11 000 millones de dólares.
La asambleísta Rosana Alvarado, primera vicepresidenta de la Asamblea, aclaró que aquí no hay condonación de deudas, que eso no ha sido presentado por el Ejecutivo y que tampoco eso ha sido el pedido por ninguna persona de honor, lo que se hace con esta ley es dar a los deudores de buena fe un mecanismo para que puedan honrar sus deudas y, de esta manera, “superar una historia marcada por el dolor, por el sufrimiento, por la mala aplicación de la ley”.
La tipificación del femicidio por parte de la actual Legislatura fue uno de los logros que destacó Marisol Peñafiel, coordinadora del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescente y Jóvenes, tras recordar la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Indicó que, en lo que va del año, se han registrado 33 casos. Dijo que los avances son importantes, pero que falta mucho por hacer.
La legisladora subrayó que la figura del femicidio ayudó a visibilizar este problema, porque antes se lo consideraba como un asesinato más en las estadísticas. Expresó que la ausencia de un tipo penal invisibiliza esta realidad e impide al Estado tener elementos para entender este fenómeno.
Según la Fiscalía, a partir de un estudio de 170 muertes de mujeres ocurridas entre 2005 y 2007 en Cuenca, Guayaquil, Esmeraldas y Portoviejo, se encontró que de las 80 que correspondían a homicidios, 62, es decir un 77.5%, eran femicidios. Además, de otras 13 (16.3%) se sospecha que también lo fueron.
“Se confirma así lo que es una constante en nuestras sociedades latinoamericanas: la gran mayoría de las muertes violentas e intencionales de mujeres son la expresión extrema y mortal de relaciones de violencia, control y abuso que establecen los hombres sobre la población femenina”, “las mujeres pierden la vida por razones de género”, dice el documento.
El femicidio está vigente desde agosto de 2014, recordó Marisol Peñafiel. Desde esa fecha hasta el siguiente agosto, durante un año se presentaron 45 casos: 21 en la Costa, 18 en la Sierra y 6 en la Amazonía. Ahora se entiende que existe la muerte violenta de las mujeres por razones asociadas con su género, sostuvo la parlamentaria por Imbabura.
Sin embargo, insistió que aún falta avanzar en otras materias. Por esta razón presentó el proyecto de Ley de Acceso Integral a una Vida Libre de Violencia de Género, que lo conoce la Comisión de Justicia e iniciará su tratamiento.
La asambleísta explicó que la violencia contra las mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad, adultas mayores y personas LGBTI requiere de una especialidad, a fin de precisar las formas y modalidades en que se expresa este problema.
Manifestó que este ejercicio implica reconocer otros tipos de violencia considerando sus contextos geográficos, étnico culturales, edad, identidad sexual, estado de salud, movilidad humana, entre otros, por lo que se requiere recoger otras modalidades de violencia, que se dan incluso en los contextos tecnológicos.
La asambleísta explicó que el proyecto busca desarrollar el mandato constitucional sobre los procedimientos especiales en materia de violencia contra la mujer. Afirmó que su propuesta es de carácter penal específica y social sobre violencia de género.
Según un estudio del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), del 2011, sobre relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres, seis de cada diez habían sufrido en algún momento de su vida algún tipo de violencia: física, sexual o psicológica, de las cuales esta última es la más recurrente; mientras que la sexual la han vivido al menos cuatro de cada diez mujeres, “lo que expresa la gravedad del tema”, acotó.
LILA/pv
Normas que garantizan a las mujeres los derechos de acceso a la tierra, agua, propiedad y vivienda; salud, educación, seguridad, trabajo, justicia, cultura e identidad son las aprobadas por la Asamblea Nacional en el actual período legislativo. La igualdad de género ha sido una preocupación y lucha permanente entre los parlamentarios. De las 60 normas aprobadas, alrededor de 20 hacen referencia directa a esos aspectos.
La Ley de Tierras determina que las mujeres y madres de familia, que asumen la manutención del hogar, serán prioridad en la redistribución de la tierra rural y dispone que, en el caso de que tenga título sobre esta, el Estado debe garantizar su propiedad. La Ley de Aguas reconoce los derechos de la mujer en el acceso a este recurso, en condiciones de igualdad y prohíbe toda discriminación.
Las reformas al Código Civil permitieron que la mujer pueda participar en la administración de la sociedad conyugal, que antes solo estaba permitido a los hombres; mientras que la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial propicia el ejercicio del derecho al hábitat seguro y equilibrado y a una vivienda digna y adecuada.
“Los derechos a la tierra, propiedad y vivienda son esenciales para la igualdad y bienestar de las mujeres. Los derechos de acceso y dominio sobre la tierra, vivienda y propiedad … son fundamentales para la supervivencia diaria de las mujeres y sus hijos, así como para su seguridad física y económica”, indica la ONU Mujeres.
Pero, las luchas por sus derechos no quedan ahí. La Asamblea, con la aprobación de diversas normas, avanza hacia otros campos, que permitan a las mujeres reinvidacarse y continuar. Atendió las demandas de uno de los sectores más desprotegidos de la sociedad: reconoció el trabajo de las amas de casa para que puedan acogerse a la pensión por jubilación, viudedad y orfandad.
En lo laboral, también se implementó la figura de despido intempestivo ineficaz, para que las mujeres embarazadas o por maternidad no puedan ser despedidas. La madre puede extender su licencia por maternidad hasta un año. Se reconoce la labor de las trabajadoras domésticas, quienes tienen derecho a una remuneración justa y al seguro social. Para que generen emprendimientos dispuso medidas de incentivo para que el sistema financiero oriente productos que promuevan la inclusión económica de madres solteras, así como líneas de crédito a sectores preferentes como las mujeres.
La inequidad en el ámbito laboral es uno de los temas centrales que, precisamente, preocupa a ONU Mujeres, que en este Día de la Mujer, estableció como tema principal “Las mujeres en un mundo laboral en transformación: hacia un planeta 50-50 en 2030”.
Otro de los asuntos que preocupa a esta organización internacional es la violencia de género. Indica que en el mundo 7 de cada 10 experimentan violencia física y en Ecuador 6 de cada 10. Asumiendo las coordenadas de prevención y disminución de este fenómeno, que ha llevado incluso hasta la muerte de las féminas. La Legislatura tipificó y penalizó el femicidio, acoso sexual, estupro, abuso sexual y violación, con especial protección a grupos vulnerables, entre ellos a mujeres.
De igual forma, tipificó la trata de personas, la explotación sexual y considera como delitos la prostitución forzada, turismo sexual, pornografía, tráfico ilícito de migrantes, trabajos forzados u otra de forma de explotación laboral, la unión de hecho servil y adopción ilegal. Visualizó la vulnerabilidad a la que estaban expuestas las menores de edad y determinó que la edad mínima para contraer matrimonio sea a los 18 años.
Una de las normas que ha permitido que desde el Estado, a través de las diferentes políticas públicas, se impulse el desarrollo e igualdad del sector femenino es la Ley de los Consejos de la Igualdad.
En otros avances, por resolución del Parlamento, el recién nacido puede llevar en primer lugar el apellido de la madre por mutuo acuerdo de la pareja. Los medios de comunicación no podrán publicar contenidos discriminatorios que se generen por identidad de género y, más bien, exige que se fomente la igualdad; en su nómina laboral deberá conformarse con criterios de equidad y paridad.
La Asamblea también elevó a ley la vulnerabilidad de las mujeres embarazadas frente al fenómeno de las drogas y determinó que, en la prevención y combate del mismo, se tenga especial cuidado a ellas. A este grupo se lo amparó, asimismo, en la Ley que regula a las compañías salud prepagada y de atención integral. En esta prohíbe que se excluya a las prestaciones por razones de edad.
Las leyes aprobadas en la Asamblea protegen no solo a las ecuatorianas que se encuentran en nuestro territorio, sino también a las migrantes y todas quienes estén en movilidad humana. Las Ley Orgánica de Movilidad Humana determinó, dentro de sus principios, la igualdad ante la ley y la no discriminación de todas las personas que se encuentren en movilidad humana, por su condición migratoria, origen, sexo, género, orientación sexual u otra condición.
Fijó derechos para estas personas, a fin de que puedan emprender, defenderse de la justicia, acceder a educación y seguridad social. Para quienes retornen, dispone que se ejerzan mecanismos para la inserción educativa, certificación de competencias laborales y homologación de títulos, acceso al sistema financiero, exoneración de aranceles para que traigan su menaje de casa, a programas de emprendendimiento, con lo que podrán retornar con mayores garantías para que madres, que por necesidad dejaron abandonados a sus hijos, puedan volverse a encontrar y reunificar a su familia.
LILA/pv
A través de múltiples comparecencias ante la Comisión de Régimen Económico, diversos sectores afectados por el feriado bancario de 1999, expusieron las repercusiones y secuelas que dejó este hecho y presentaron propuestas, acogidas en el informe para segundo debate del proyecto para la restructuración de las deudas de banca pública, banca cerrada y gestión del sistema financiero nacional y régimen de valores, aprobado por unanimidad de los comisionados.
En el caso de los deudores del Banco Nacional de Fomento en Liquidación y de los que forman parte de la cartera transferida a BanEcuador, que se hallan el situación de incumplimiento de pagos, alcanzan a más de 32 mil personas naturales y jurídicas, que globalmente acumulan una deuda superior a los 149 millones de dólares, que representan el 100% de la cartera respectiva.
En sus inicios, el proyecto estuvo dirigido al sector agropecuario y pesquero artesanal. Hoy, se incluye a los segmentos artesanal, servicios, pequeña industria, forestal, comercio directo, turismo y pequeña minería, como beneficiarios de la remisión y restructuración de deudas, que dispone esta normativa.
Los parlamentarios consideraron que todos estos sectores necesitan una asistencia financiera integral, que entre otros aspectos, debe vincular a todos los deudores de esta cartera, extender el plazo inicial para realizar la restructuración de deudas; ampliar el plazo de los créditos; condonar las deudas de quienes por enfermedad, tuvieran una discapacidad que les inhabilite para el trabajo e incorporar en la restructuración el otorgamiento de seguros de desgravamen y de riesgo contra desastres naturales.
En la propuesta se viabiliza la posibilidad de cancelación de obligaciones, lo que facilita a los deudores reinsertarse en la producción nacional; permite a los pequeños y medianos productores dedicados a las actividades agroproductivas y de pesca artesanal, que son deudores del Banco Nacional de Fomento, en liquidación, honrar sus obligaciones en condiciones más favorables, en cuanto a monto y plazos para pago.
Se establece una remisión de las costas, gastos, recargos, intereses e intereses de mora de sus operaciones de crédito y la posibilidad cierta que dichas deudas puedan ser restructuradas o refinanciadas por el liquidador de la entidad.
Entre otros aspectos, se establece un plazo de 12 años, incluido un año de gracia, para el pago de créditos, se condonan deudas de hasta 40 mil dólares adquiridos por personas naturales en sociedad conyugal, en la que uno de los cónyuges ha fallecido, padece una enfermedad catastrófica y raras o huérfanas o con discapacidad, debidamente certificada por la institución estatal correspondiente, por una sola vez.
Se incorpora a deudores por operaciones vinculadas de hasta 25 mil dólares, que no tuvieron responsabilidad en las decisiones de la banca; se autoriza liberar bienes puestos en garantía de crédito, cuando superen el 200% de la deuda; se modifica la fecha de pago del interés en los créditos recalculados desde el 1 de enero de 2010.
Se modifica la tasa de interés de recálculo de los créditos otorgados por el Banco Nacional de Fomento a 5% como máximo y hasta 180 días para restructurarlos.
JLVN/pv
En dos meses concluye el actual período legislativo y lo que deja para la historia son saldos positivos sobre la representación y participación política de la mujer. Desde 1831, por primera vez, en la Asamblea la presencia femenina alcanza el 42% y el liderazgo lo llevan tres mujeres: Gabriela Rivadeneira, presidenta; Rosana Alvarado y Marcela Aguiñaga; primera y segunda vicepresidenta, respectivamente.
La eficacia de su presencia en el Parlamento permitió que en las 60 leyes aprobadas se transversalice el tema de género y se logren derechos, como el real acceso a la tierra, propiedad, agua, vivienda. Permitió que se tipifique el femicidio, reconozca el trabajo de las amas de casa, trabajadoras domésticas, permita un trato preferencial en la entrega de créditos, tipifique el acoso y abuso sexual, prohíba la difusión en medios de comunicación de contenidos discriminatorios; exige el trato por igual en varias normas, que buscan la convivencia social igualitaria.
Desde el regreso a la democracia, en 1979, el período legislativo 2013-2017 es el que registra el mayor porcentaje de participación femenina. Según datos del Archivo y Biblioteca de esta institución en 1979 no existe la participación de ninguna mujer, mientras que en 1984 llegó apenas al 4,2%, con tres diputadas, y en 1986 se redujo a una sola parlamentaria. Entre 1988 y 1986 el promedio bordeó el 5%.
La inclusión de la mujer en la política y representación en la Asamblea se incrementó a partir de 1998, que llegó al 13%; 2003 al 18%; 2006 al 26%; 2007 al 35%; 2009 al 29%; y, 2013 al 42%. De acuerdo con los archivos de la Asamblea, la primera mujer en actuar en el Pleno fue la diputada Nela Martínez, que se principalizó en 1945.
A pesar de los avances en cuanto a la representación femenina, la desventaja se mantiene en los cargos decisorios, sobre todo a nivel mundial. En el Poder Legislativo, el promedio mundial de mujeres en el parlamento es de 17% y en el Continente Americano bordea el 20%, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Este organismo advierte que aún “existen obstáculos que impiden la participación más representativa y efectiva de las mujeres en los diferentes ámbitos de toma de decisión ”.
“La visibilización de las lideresas otorga mayor importancia a los derechos de las mujeres, en general, y promueven cambios de actitudes acerca de sus roles y habilidades”, dice la Cepal, mientras que la ONU recuerda que “las mujeres constituyen la mitad de la población mundial y, por ende, su voz debe ser escuchada en el proceso democrático”.
Esa misma tendencia de representación femenina en la Asamblea se traduce en las comisiones, encargadas de discutir, elaborar y aprobar los proyectos de ley, así como fiscalizar. El 46% de las mesas son presididas por mujeres. De las trece comisiones, seis son dirigidas por mujeres.
En cambio, la representación en los grupos parlamentarios es más notable. En la Asamblea, los legisladores se han unido en nueve grupos, de los cuales ocho son coordinados por mujeres, es decir casi el 90%. De hecho, 68 legisladores se juntaron para formar el Grupo Parlamentario de los Derechos de las Mujeres. Estas agrupaciones trabajan sobre temáticas específicas, para transversalizarlas en las diferentes iniciativas legales. El enfoque de género también lo trabaja el Grupo Parlamentario Tránsito Amaguaña y el Grupo Parlamentario de Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes.
Las principales autoridades de la Asamblea y estos grupos han permitido que el tema de género se discuta a nivel mundial, a través del debate en diferentes eventos fuera y dentro del país. En la sede legislativa se organizó, por ejemplo, el II Foro Beijing + 20: la Equidad de Género. Aquí se discutió sobre mujeres y economía, poder de los medios de comunicación en la igualdad de género, niña e igualdad de derechos, entre otros temas.
Tejiendo mis Derechos, fue otra actividad impulsada por la presidenta Gabriela Rivadeneira, que tuvo la participación de 2 mil 800 organizaciones sociales, de 221 cantones y las 24 provincias del país. En retazos de tela que alcanzaron los 416 metros, sus integrantes plasmaron los derechos alcanzados a través de la legislación y los que faltan por cumplir, como un recordatorio para quienes ejerzan el rol legislativo.
Asimismo, parlamentarios de países de las Américas y el Caribe debatieron sobre la legislación y políticas públicas implementadas en los diferentes países para defender eficazmente la equidad de género.
La presencia de las mujeres ecuatorianas en el exterior dio la oportunidad de que lleguen a ocupar dignidades trascendentales como en Parlaméricas; Parlatino, del que Gabriela Rivadeneira fue presidenta; Frente Parlamentario contra el Hambre; Grupo Parlamentario Interamericano Tránsito Amaguaña y la Unión Interparlamentaria.
LILA/pv
La Asamblea Nacional constituye un espacio, que evidencia la participación de las mujeres en la esfera pública. Está integrado en un 42% por mujeres y lo lideran tres: una presidenta (Gabriela Rivadeneira) y dos vicepresidentas (Rosana Alvarado y Marcela Aguiñaga). El antiguo Congreso no alcanzaba ni el 8%.
El empoderamiento femenino se traduce en la participación de la mujer en los diferentes escenarios de la sociedad: político, económico y laboral, pero también es preciso visibilizar las luchas que se gestan en la vida cotidiana, a través de prácticas que generan equidad frente al patriarcado (organización social donde el poder de autoridad lo ejerce el hombre y que fomenta la desigualdad entre ellos y ellas).
Para la antropóloga mexicana, Marcela Lagarde, la ideología patriarcal desemboca en otras formas de dominación, como el femicidio, marginación de las mujeres, feminización de la pobreza, ampliando la brecha entre hombres y mujeres.
Frente a esta realidad, en marzo de 2016, la Legislatura inauguró la campaña bautizada como Tejiendo mis Derechos. Una iniciativa encaminada hacia la construcción de una sociedad equitativa y protección de los derechos de las mujeres ecuatorianas. Se habla en plural, en la medida que la expresión femenina contempla diversidad, matizada por otras vertientes sociales como la etnia, cultura, edad y religión.
Tejiendo mis Derechos plasmó la reivindicación de los logros de las mujeres, a través de conquistas ancestrales que han marcado hitos. "Por eso, las mujeres de hoy les debemos homenaje a las luchadoras incasables del pasado¨, expresa Verónica Freire, servidora legislativa.
Pero no solo la Asamblea marca un hito en esta materia. A escala macropolítica, la Constitución de Montecristi establece como garantía el derecho a la integridad física, psíquica, moral, sexual y reproductiva, igualdad formal, material y no discriminación en una amplia concepción de la libertad humana.
La normativa garantiza una vida libre de violencia, en el ámbito público y privado. De ahí que el Estado adopta medidas para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, especialmente contra mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, con capacidades especiales y contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad.
Contexto histórico nacional
La revolución liberal de 1895, liderada por Eloy Alfaro, marcó un antes y un después en la historia de la mujer ecuatoriana. La lojana, Matilde Hidalgo, se convirtió en la primera doctora en Medicina. En 1941, a pesar de haber ganado las elecciones para diputada de Loja, solo figuraba como primera suplente. Centenares de mujeres se unieron en protesta de esta injusticia.
Tres años más tarde, Tránsito Amaguaña fundó la Federación Ecuatoriana de Indios, junto a la activista Dolores Cacuango. Su lucha indígena se encaminó hacia la abolición de la esclavitud y sus formas de explotación indígena (en el huasipungo), la distribución equitativa de tierras, reivindicación de derechos laborales y creación de escuelas bilingües (español y quichua).
Nela Martínez, escritora y revolucionaria, dirigente del Partido Comunista, se convirtió en una de sus principales líderes. Participó en la revolución La Gloriosa, del 28 de mayo de 1944, que derrocó al dictador Carlos Arroyo del Río. Durante dos días estuvo a cargo del gobierno ecuatoriano. Se convirtió así en la segunda mujer en dirigir el Ecuador, aunque sin un nombramiento oficial. Además, fue nombrada primera diputada del país. Dirigió sindicatos y federaciones, en defensa de los derechos de los indígenas y la mujer.
Así también, Marieta de Veintimilla, primera mujer diputada de la Asamblea Nacional, quien se encargaba del Primer Poder, en el periodo de ausencia de su tío, Ignacio de Veintimilla.
El dato
Mi saludo a las Mujeres combativas e irreverentes de mi Patria en particular a las mujeres de mi provincia, Imbabura. Soy hija de su historia paridora.
Cada 8 de marzo recordamos la lucha de las mujeres trabajadoras frente a las condiciones laborales de desigualdad, discriminación y explotación patronal que enfrentaron en su momento.
Sus voces por la igualdad, la equidad son nuestro legado histórico. Continuamos el camino de la transformación que se proyecta en las luchas del presente con la denuncia y el activismo permanente.
Fecha tambien para evaluar los avances en nuestros derechos, en la busqueda de nuevos cambios y comprometer nuestro trabajo por nuevos desafíos para enfrenfrentar al poder del capital, patriarcal y machista que amenanza con deslegitimar lo construido.
8 de marzo político y simbólico entre los esfuerzos de la construcción de una sociedad justa y equitativa y la reproducción de un sistema patriarcal y misógeno que mercantiliza la vida.
