Marisol Peñafiel Montesdeoca, joven imbabureña; líder de juventudes, vinculada a la dirigencia de organismos estudiantiles, barriales, parroquiales y de mujeres; de la niñez y adolescencia; convencida en l..
A casi un mes de que concluya el presente período legislativo, el Frente Parlamentario Ecuador sin Hambre (FPESH) rindió cuentas de su gestión, frente a representantes de organizaciones campesinas, sociales, instituciones públicas, organismos internacionales, entidades educativas y asambleístas. El Coordinador, Armando Aguilar, resaltó la participación del Frente en la aprobación de las leyes de Tierras, Recursos Hídricos y de Ordenamiento Territorial.
En el acto estuvieron la Coordinadora Regional del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe (2014-2016), María Augusta Calle; el representante de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Ecuador, John Preissing; la primera vicepresidenta de la Asamblea, Rosana Alvarado; y, la asambleísta Pamela Falconí, integrante del Frente.
Armando Aguilar, explicó que, el FPESH constituye un espacio de discusión y análisis de propuestas legales, así como de fiscalización de las políticas públicas encaminadas a erradicar el hambre y promover la soberanía alimentaria, para garantizar la provisión de alimentos sanos y evitar la desnutrición. Lo integran 35 parlamentarios, de diferentes partidos y movimientos políticos.
Indicó que uno de los proyectos pendientes y que espera se lo apruebe en este período es el de Semillas y Fomento Agroecólogico, tras informar que presentarán un proyecto de Ley de Alimentación Escolar y otro de Reglamento para el funcionamiento orgánico de los Frentes Parlamentarios. Aseguró que mantuvo diálogos previos con la Presidenta del Legislativo, Gabriela Rivadeneira, para contar con su compromiso de calificarlos en el Consejo de Administración Legislativa, órgano del cual también es parte.
El asambleísta destacó la declaración del 16 de octubre como Día Nacional de la Soberanía Alimentaria; la capacitación y sensibilización en materia de Derecho a la Alimentación, mediante más de 15 espacios de encuentro; y, el intercambio de saberes en torno a la Soberanía Alimentaria, como otros logros del Frente.
Además, citó varios talleres, foros, mesas de diálogo, socializaciones y ponencias realizadas durante el período 2013-2017, con la colaboración de organismos internacionales como la FAO. La ponencia en el Simposio Regional del Chocho o Tarwi, en el marco del Año Internacional de las Legumbres y el Foro Soberanía Alimentaria y Derecho a la Alimentación en un contexto de Cambio Climático, fueron algunas de las iniciativas desarrolladas por el Frente.
Al mismo tiempo, se refirió a otros eventos en los cuales Ecuador participó a nivel internacional, como el VII Foro del Frente Parlamentario Contra el Hambre de América Latina y el Caribe, desarrollado en el Senado de México; el Foro Internacional sobre Cambio Climático y Seguridad Alimentaria, en el Senado de Paraguay; el V Encuentro Planificación Frente Parlamentario Contra el Hambre de América Latina y el Caribe, en Cartagena de Indias, Colombia; y, VI Foro de los Frentes Parlamentarios contra el Hambre de América Latina y el Caribe, en Perú; entre otros.
Invitó a los legisladores que conformarán la nueva Asamblea a continuar luchando contra el hambre y desnutrición.
LILA/eg
Son más de 48.000 personas que se beneficiarían de la aplicación del Proyecto de Ley para la Restructuración de Deudas de la Banca Pública, Banca Cerrada y Gestión del Sistema Financiero Nacional y Régimen de Valores. La Asamblea Nacional remitió el documento hoy al Registro Oficial para su publicación.
De esta manera se recuperarán 32.000 emprendimientos del Banco de Fomento en Liquidación; 14.381 operaciones de la cartera vencida de BanEcuador y 2.228 Deudores de buena fe, quienes podrían acogerse a los beneficios de esta Ley para arreglar su situación financiera.
Para resolver los casos de los deudores de buena fe de la banca cerrada, esta Ley autoriza que se presenten hasta 90 días de su publicación, nuevos documentos probatorios de pagos realizados, registros u otros que hayan conseguido los deudores para recalcular sus obligaciones, ante el Banco Central; suspende las medidas cautelares, procesos coactivos y juicios de insolvencia o quiebra mientras se realice el proceso de restructuración de las deudas en los plazos previstos en esta Ley. El valor para la venta de las operaciones crediticias y no crediticias en acciones se establecerá por su valor patrimonial.
Incorpora automáticamente a todos los deudores de buena fe de la banca cerrada al beneficio del recálculo de sus obligaciones, al eliminar la restricción de que únicamente se procederá a petición de parte. Disminuye, considerablemente, el pago de intereses y multas interés, en los créditos recalculados, al 1 de enero del 2010 y a una tasa del 5%.
Modifica el plazo para el pago de créditos a 12 años, incluido un año de gracia, para los créditos hipotecarios. Se beneficia con la condonación de obligaciones a los deudores con un grado de discapacidad y enfermedad catastrófica. También se benefician de la misma condonación, aquellos deudores que les haya sobrevenido una discapacidad con posterioridad a la época en la que contrajeron la deuda, siempre que demuestren la incapacidad de cumplir con el pago de sus obligaciones. En este caso la condonación se conferirá en la misma proporción de las exenciones tributarias previstas en la Ley Orgánica de Discapacidades y su Reglamento.
Autoriza a que se liberen los bienes puestos en garantía de crédito cuando superen el 200% del total de la deuda y sean susceptibles de fraccionamiento, también se extinguen las deudas en los casos de bienes entregados en garantía: cuando el valor en el que las garantías que hubieren sido entregadas cubran la deuda, cuando el valor de los bienes a la fecha de su embargo cubra la deuda o, cuando el valor actualizado del bien cubra la deuda; cualquiera sea el mayor valor de los tres.
Para resolver la situación de los deudores del Banco de Fomento (BNF) en Liquidación incorpora como beneficiarios a todos los deudores de esta entidad y los deudores de la cartera vencida de BanEcuador.
Modifica la tasa de interés al 5% como máximo, para renegociar los créditos otorgados por el BNF y extiende el plazo para restructurar las deudas hasta 180 días desde la aprobación de la Ley. Incorpora el seguro de desgravamen y la posibilidad del seguro contra riesgos naturales en la restructuración de las deudas para actividades agropecuarias
Amplía el plazo para el pago de los créditos restructurados hasta a diez años y dos de gracia adicionales; dispone que en caso de que los deudores entreguen las garantías hipotecarias como dación de pago al banco de Fomento -o a cualquier entidad de la banca pública- automáticamente se extingan las deudas.
Incorpora al beneficio de la remisión de intereses, multas, costas y recargos a los deudores de microcréditos otorgados por la Corporación Financiera Nacional; incorpora un incentivo tributario de cinco años de exoneración del impuesto a la renta a las cooperativas de ahorro y crédito de los segmentos 4 y 5 que se fusionen.
JLVN/pv
La Presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira Burbano, convocó a la sesión 445 del Pleno para el miércoles 19 de abril, a las 09:30, con el fin de tratar en primer debate el proyecto de Ley para la Aplicación de la Consulta Popular Efectuada el 19 de febrero de 2017, según el cual ningún funcionario público o dignatario de elección popular puede tener bienes o capitales en países considerados paraísos fiscales.
El Proyecto cuenta con el informe favorable de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado que previamente escuchó las opiniones y sugerencias de diversas instituciones inmersas en esta temática.
Oportunamente, los legisladores recibieron los aportes del Consejo Nacional Electoral, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Superintendencia de Bancos, Servicio de Rentas Internas, Contraloría General del Estado y Ministerio de Trabajo.
La Comisión consideró pertinente modificar el texto del artículo 1 respecto al ámbito de aplicación, a fin de adecuarlo al pronunciamiento del pueblo ecuatoriano, de modo que la ley se aplique para las personas que ostenten una dignidad de elección popular o ejerzan un cargo en calidad de servidor público.
Prevé que el objeto de la prohibición de la norma es la tenencia de bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales, tal como reza la pregunta formulada en la consulta popular.
Se incluye un artículo para que el Servicio de Rentas Internas (SRI), en su calidad de entidad nacional autorizada para la recaudación tributaria, sea la responsable de emitir la lista de países o jurisdicciones consideradas como paraísos fiscales.
La Contraloría General del Estado tendrá la competencia de verificar el cumplimiento de la normativa y todas las entidades públicas y privadas deberán entregar información cuando la institución lo requiera, en el marco de una auditoría o examen especial; se encargará de solicitar a la autoridad competente, la destitución del servidor público infractor, caso contrario lo podrá hacer la máxima autoridad de la Contraloría en el término de 10 días.
En cumplimiento de los principios de igualdad y seguridad jurídica se otorga un período de gracia de un año para que los servidores públicos o dignatarios de elección popular cumplan las disposiciones de la ley cuando el SRI incorpore dentro del listado de paraísos fiscales a un nuevo territorio o jurisdicción.
PV
El informe para primer debate del Proyecto de Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular, efectuada el 19 de febrero del 2017, recoge algunas propuestas realizadas por la asambleísta Marisol Peñafiel. La Parlamentaria recalcó que normas como estas son fundamentales para evitar la evasión y elusión fiscal, a fin de garantizar un mejor desarrollo del país y sus ciudadanos.
El proyecto responde al pronunciamiento del pueblo, en la consulta popular del 19 de febrero de este año, en la que los ecuatorianos decidieron que los funcionarios públicos o autoridades de elección popular que tengan inversiones en paraísos fiscales, no puedan ejercer sus cargos.
Peñafiel planteó que se amplíe y precise el ámbito de aplicación de la norma y la Comisión acogió la idea. El Proyecto establecía que la Ley se empleará para las personas que ostenten una dignidad de elección popular y a las que sean consideradas como servidoras o servidores públicos, pero la legisladora pidió que se incluya el tema de los paraísos fiscales.
Dijo que, para dicha aplicación, se debe facultar a la entidad nacional encargada de la recaudación tributaria para que, con instrumentos internacionales adecuados y la ley, pueda determinar las jurisdicciones que se considerarán como paraísos fiscales.
Al mismo tiempo, solicitó se incluya un artículo para que cuando la entidad tributaria establezca nuevas jurisdicciones y las incorpore en su lista, se otorgue un año de plazo a las autoridades de elección popular y servidores públicos para que cumplan con las disposiciones de la Ley o renuncien al cargo. Este pedido también consta en el informe.
En el documento que preparó la Comisión de Justicia, a la que Peñafiel pertenece, se recogió además la recomendación de que se aclare el artículo 4 para que la Contraloría General del Estado pueda requerir a cualquier entidad pública o privada del sector financiero nacional, información, movimientos u operaciones de las personas obligadas a declarar.
Otro de los planteamientos que recibió el visto bueno en la Comisión, es el relacionado con el procedimiento para la aplicación de las sanciones cuando se ejecuten destituciones o pérdida del cargo. La asambleísta planteó que especifique a qué autoridades están dirigidas las solicitudes de destitución.
En este sentido, en el informe se estableció que cuando se trate de servidores públicos sujetos a control político se dirija a la Asamblea Nacional; cuando involucre a asambleístas, al Pleno del Parlamento; cuando sean ministros de Estado al Presidente de la República; cuando comprometa a prefectos, alcaldes, presidentes de las juntas parroquiales o sus vocales, consejeros, concejales, a los órganos colegiados competentes; y, en los demás servidores públicos a la autoridad nominadora.
Peñafiel también defendió el principio del debido proceso en el caso de que se inicien sumarios administrativos. Explicó que la Constitución establece que en nuestro país rige un Estado constitucional de derechos y justicia.
La Legisladora destacó que es necesario llenar vacíos legales para evitar la elusión y evasión fiscal, que tanto daño le hace al país. Enfatizó que con estas prácticas los países se perjudican en sus políticas de recaudación fiscal y redistribución de recursos, para garantizar derechos, así como brindar bienes y servicios públicos. “Los paraísos fiscales facilitan la concentración de la riqueza y ahondan la desigualdad. Se calcula que por lo menos 32 millones de personas podrían salir de la pobreza sino se evadieran impuestos”, agregó.
LILA/eg
Habitantes y autoridades del sector Las Golondrinas, ubicados en las barras altas del Pleno, presenciaron el primer debate del Proyecto de Ley que fija el límite territorial de este sector. El Presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos y ponente del Proyecto, Richard Calderón, indicó que una vez subsanado este problema, el Estado podrá dar servicios con mayor agilidad y eficiencia, así como planificar el territorio para mejorar la vida de los pobladores.
Según el Parlamentario, el Consejo Nacional de Límites determinó la imprecisión que existe entre Esmeraldas e Imbabura, en una zona de 147 kilómetros. La Ley de Límites establece los procedimientos para resolver conflictos, por tanto, se llevó a cabo una consulta popular, el 3 de abril de 2016, en la que los pobladores resolvieron pertenecer a la provincia de Imbabura. El Proyecto determina que este sector será parte del cantón Cotacachi, agregó.
Al ser un tema de carácter político-administrativo, el 17 de febrero de 2017, el Ejecutivo envió el proyecto a la Asamblea Nacional, dijo Calderón, al precisar que el objetivo central es establecer la jurisdicción territorial y cantonal de Las Golondrinas y fijar el límite territorial entre Esmeraldas e Imbabura.
El Mresidente de la mesa de Gobiernos Autónomos, recordó que el pronunciamiento popular es de obligatorio e inmediato cumplimiento, al mencionar que en 60 días el Instituto de Estadísticas y Censos (INEC) debe entregar información al Ministerio de Finanzas para el cálculo de la asignación presupuestaria de los Gobiernos Autónomos Descentralizados de la provincia de Imbabura y el cantón Cotacachi, para que cuenten con los recursos indispensables y subsanen las necesidades de este sector.
La legisladora, Marisol Peñafiel, aseguró que la propuesta legal permite construir un país de igualdad de oportunidades, puesto que con la Ley de Límites, aprobada en 2013, inició el proceso para garantizar los derechos que les fueron negados a los pueblos excluidos por situaciones de diferencias limítrofes. Agradeció a la Comisión por acoger propuestas que permitan delimitar con claridad el sector Las Golondrinas, las disposiciones institucionales para el cumplimiento de funciones, así como la asignación de recursos para atender las necesidades insatisfechas; además de ratificar la voluntad popular de pertenecer a la provincia de Imbabura.
JLVN/eg
Con 93 votos a favor y cinco abstenciones, la Asamblea aprobó el Proyecto de Ley de Fijación del Límite en La Manga del Cura. El ponente del Proyecto y Presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos y Descentralización, Richard Calderón, anunció al Pleno, la eliminación de la disposición transitoria primera, a fin de evitar confusiones de carácter limítrofe.
El segundo debate de este cuerpo legal, que se desarrolló en el marco de la sesión plenaria 443, contó con un quórum de 98 asambleístas. Legisladores de la bancada de PAIS se pronunciaron a favor del Proyecto de la Ley que determina la pertenencia de esta zona a la provincia de Manabí. Subrayaron su respeto a la voluntad popular. El 60% de los habitantes de La Manga del Cura que participaron en la consulta popular del 2015, pronunciaron su pertenencia a la provincia de Manabí, mientras que el 33%, al Guayas.
El objetivo de esta normativa es establecer la jurisdicción territorial, provincial y cantonal de esta zona que no percibe los recursos económicos que, por ley le corresponde, a causa del problema limítrofe, por más de cinco décadas. El Presidente de la Mesa Parlamentaria que estudió esta Ley, precisó que la finalidad es mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la zona, con un enfoque de desarrollo equitativo y sostenible.
Verónica Rodríguez, apoyó la moción del asambleísta ponente, Richard Calderón. Señaló que con este Proyecto se formaliza la voluntad del pueblo y finaliza un problema limítrofe de 50 años. Dijo que es pertinente demarcar la zona limítrofe con la ubicación de boyas, en la zona correspondiente a los ríos Daule y Peripa, así como Peripa y Estero Salado. "Esta confluencia de ríos constituye el mayor espejo de agua del país", afirmó.
Además, aseguró que es una zona rica en café, cacao, palma africana, cuyo desarrollo argícola nutrirá la economía nacional. “Permitirá la soberanía alimentaria y desarrollo económico, no solo para el sector olvidado por décadas, sino que alimentará el Producto Interno Bruto del Ecuador ”, acotó. La delimitación con boyas se debe realizar en un plazo de 60 a 90 días a partir de la vigencia de la Ley. Así, se logrará la tranquilidad de los pobladores. "Para establecer estos hitos se debe tomar como referencia el mapa de 1988," concluyó.
Al contrario, la asambleísta por el Partido Social Cristiano, Cristina Reyes, sostuvo que esa tienda política reconoce el carácter legal de esta normativa, sin embargo, afirmó que el bloque no participará en la votación del Proyecto.
En la línea de Rodríguez, el asambleísta Carlos Bergmann, indicó que la Manga del Cura debe recibir una compensación económica, ya que por décadas no recibió los recursos económicos que le competían. La Ley garantizará el desarrollo orgánico y sostenido de este sector que afirmó su pertenencia e identidad manabita, de forma categórica.
Marcela Aguiñaga, indicó que se realizó una campaña en la provincia del Guayas, antes de la consulta popular, ya que visibilizó que La Manga del Cura experimentó problemas limítrofes con otras provincias, en la década de los 60. "Debido a las franjas limítrofes, este territorio fue abandonado por autoridades del Guayas y la población recibió el apoyo de las autoridades de Manabí", dijo y afirmó su respeto a la voluntad popular de los pobladores de La Manga del Cura y dará su voto a favor de la Ley.
Durante su intervención, Mallerly Vásconez, mencionó que los pobladores de La Manga del Cura no podían gozar de sus derechos como acceso a servicios básicos, pero dijo que gracias a la Ley finalizarán una serie de problemas limítrofes en las parroquias y cantones. El actual Gobierno buscó una solución con la consulta popular, para que sean los propios habitantes quienes decidan a qué provincia pertenecer. “Hoy se cierra este peregrinaje, respetando la decisión histórica del pueblo, que pone fin a un conflicto de décadas. Hoy se cierra el capítulo del problema limítrofe”, afirmó.
La asambleísta Zoila Benavides, mencionó que La Manga del Cura sufrió durante cinco décadas, la falta de dministración política y administrativa, que frenó su desarrollo económico y social. Aseguró que ninguno de los 15 gobiernos del país, dio una solución definitiva a este litigio territorial hasta hoy, mediante la consulta popular. Durante el debate instó a los asambleístas a ser parte de la historia del Ecuador, con la aprobación de la Ley.
Pavel Chica, señaló que no estaba de acuerdo con la consulta popular, “porque no se podía consultar lo que era inconsultable”. Sin embargo, dijo que este sector siempre reconoció su identidad manabita. Propuso al Pleno la incorporación de una seguridad jurídica para que los propietarios de bienes inmuebles de esta zona, obtengan los títulos de propiedad y, así, legalicen sus tierras.
PAU/pv
La Comisión de Justicia, presidida por el asambleísta Mauro Andino, aprobó el informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular efectuada el 19 de febrero sobre el tema de paraísos fiscales.
Antecedentes
El presidente de la República, Rafael Correa, remitió a la Asamblea dicha propuesta el 13 de marzo y calificada por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) el 16 del mismo mes. La mesa avocó conocimiento y trámite el 20 de marzo, recibiendo aportes del Consejo Nacional Electoral, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Superintendencia de Bancos, Servicio de Rentas Internas, Contraloría General del Estado, en el marco del proceso de socialización.
Cambios
La comisión ha considerado pertinente modificar el texto del Art. 1 respecto al ámbito de aplicación, a fin de adecuarlo al pronunciamiento del pueblo ecuatoriano, de modo que la ley se aplique para las personas que ostenten una dignidad de elección popular o ejerzan un cargo en calidad de servidor público.
Se prevé, además, que el objeto de la prohibición de la norma es la tenencia de bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales, tal como reza la pregunta formulada en la consulta.
Se incluye un artículo para que el Servicio de Rentas Internas (SRI), en su calidad de entidad nacional autorizada para la recaudación tributaria, sea la responsable de emitir la lista de países o jurisdicciones consideradas como paraísos fiscales.
La Contraloría tendrá la competencia de verificar el cumplimiento de la normativa y todas las entidades públicas y privadas deberán entregar información cuando la institución lo requiera, en el marco de una auditoría o examen especial; se encargará se solicitar a la autoridad competente, la destitución del servidor público infractor, caso contrario lo podrá hacer la máxima autoridad de la Contraloría en el término de 10 días.
Garantizando los principios de igualdad y seguridad jurídica, se otorga un período de gracia de un año para que los servidores públicos o los dignatarios de elección popular cumplan las disposiciones de la ley cuando el SRI incorpore dentro del listado de paraísos fiscales a un nuevo territorio o jurisdicción.
MG/pv
El Pleno de la Asamblea tramitará mañana, 11 de abril, a partir de las 09:30, los informes que preparó la Comisión de Gobiernos Autónomos sobre los proyectos que fijan límites en cuatro provincias. Con las iniciativas legales se da cumplimiento a la voluntad popular expresada en consulta por los pobladores de los sectores la Manga del Cura-Manabí y Las Golondrinas-Imbabura.
Uno de los proyectos es la Ley que Fija el Límite Territorial entre las Provincias del Guayas y Manabí en la Zona Denominada Manga del Cura, que cuenta con informe para segundo debate. La comisión recomienda su aprobación. Indica que su inclusión en la legislación ecuatoriana es necesaria y conveniente para garantizar el derecho a una atención permanente de los habitantes de ese sector, a fin de lograr el desarrollo socioeconómico necesario.
A través de este cuerpo legal, se precisa que la Manga del Cura pertenecerá al cantón El Carmen, de la provincia de Manabí. Sus ciudadanos, en la consulta popular del 27 de septiembre del 2015, decidieron pertenecer a esta jurisdicción. Con esta decisión, se soluciona un conflicto limítrofe que existía entre Manabí y Guayas. Sobre la parroquialización de la Manga del Cura, la Comisión señala que esta creación le corresponde al concejo municipal.
En el informe para segundo debate se incorporó, en la disposición transitoria segunda, que las entidades públicas, según sus competencias, destinarán los recursos económicos necesarios para satisfacer las necesidades básicas insatisfechas de los habitantes de la Manga del Cura y compensar la falta de atención a este sector.
El otro proyecto se tramitará en primer debate. Se trata del que Fija el Límite Territorial entre las Provincias de Esmeraldas e Imbabura en la Zona Denominada Las Golondrinas. En este caso, los ciudadanos también resolvieron el diferendo limítrofe entre estos dos territorios y en la consulta popular del 3 de abril de 2016 expresaron su voluntad de pertenecer a Imbubura. En el proyecto se determina además que este sector será parte del cantón Cotacachi.
La Comisión concluye que el pronunciamiento popular es de obligatorio e inmediato cumplimiento y, por versar sobre la modificación de la división político-administrativa de una parte del territorio que involucra a dos provincias, esta voluntad debe ser expresada a través de una ley, cuya iniciativa corresponde al Presidente de la República.
En el cuerpo legal, la mesa incluye disposiciones transitorias que guardan relación con la transferencia de los recursos institucionales necesarios para el cumplimiento de sus funciones y competencias, estabilidad de servidores públicos y la provisión de servicios públicos. De igual forma, la relacionada con la aplicación del artículo 193 del Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización para el cálculo de la asignación presupuestaria de los gobiernos autónomos descentralizados de la provincia de Imbabura y el cantón Cotacachi.
LILA/pv
Marisol Peñafiel, propuso que la entidad encargada de la recaudación tributaria, bajo los preceptos de la Constitución, instrumentos internacionales y la ley, pueda determinar las jurisdicciones consideradas como paraísos fiscales; que la Contraloría General verifique el cumplimiento de la disposición, que en el marco de una auditoría o examen especial pueda requerir a cualquier entidad pública o privada información sobre transferencias, movimientos y operaciones de las personas obligadas a declarar.
Además, que se otorgue el plazo de un año a las personas que ostentan una dignidad de elección popular o ejercen un cargo en calidad de servidor público para que cumplan las disposiciones de la ley; reformar la Ley de Presentación y Declaraciones Patrimoniales para que cuando existan informes con indicios de responsabilidad penal se remitan a la Unidad de Análisis Financiero, donde se analice un posible delito de lavado de activos y sus resultados pasen a la Fiscalía.
Para este miércoles 5 de abril, a las 09:30, está convocada la sesión 277 de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. La mesa legislativa conocerá la resolución del Consejo de Administración Legislativa (CAL) sobre los proyectos de reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP) presentados por los asambleístas Henry Llanes Suárez, Soledad Vela Cheroni y Verónica Rodríguez Delgado.
También analizará el proyecto de Ley Orgánica de Promoción y Protección de Derechos, de autoría de la legisladora Marisol Peñafiel.
Además, continuará el debate del proyecto de Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular efectuada el 19 de febrero de 2017, presentado por el presidente de la República, Rafael Correa Delgado.
Objetivos de las reformas
Henry Llanes habla de la necesidad que la Contraloría recupere su potestad de proceder de oficio a la investigación preprocesal y procesal legal, con sujeción a los principios de oportunidad y mínima intervención penal, especialmente en aquellos casos de interés público para delitos de peculado y enriquecimiento ilícito, al amparo del artículo 195 de la Constitución.
Soledad Vela es partidaria que las formas de reparación integral, individual o colectiva a las víctimas de delitos contra la integridad sexual y reproductiva y delitos de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar serán siempre de rehabilitación, indemnización evaluable económicamente y medidas de satisfacción.
Verónica Rodríguez habla de establecer sanción con pena privativa de libertad de diez a trece años para la persona que reclute, utilice, financie o entrene mercenarios para combatir en un conflicto armado.
MG/pv
