Como asambleísta por Tungurahua, presenté en la Asamblea Nacional un proyecto de reforma al Código Orgánico General de Procesos (COGEP) con el objetivo de corregir varios problemas legales que actualmente afectan los juicios relacionados con el cobro de deudas en el Ecuador.
Esta propuesta busca construir un sistema más justo y equilibrado tanto para quienes buscan recuperar un dinero adeudado como para quienes deben cumplir una obligación económica, evitando abusos, demoras innecesarias y cobros desproporcionados.
Uno de los principales cambios que planteo es establecer límites claros a las costas procesales, especialmente a los honorarios profesionales, ya que actualmente existen casos donde estos valores terminan siendo excesivos y afectan gravemente la economía de las familias ecuatorianas.
Por ello, propongo que los honorarios de abogados no superen el 5 % del valor reconocido en sentencia y que además exista una tabla progresiva según el monto de la deuda, garantizando proporcionalidad y transparencia dentro de los procesos judiciales.
La reforma también busca aclarar las diferencias y contradicciones que actualmente existen entre los títulos ejecutivos y títulos de ejecución, ya que estas inconsistencias generan retrasos, interpretaciones confusas y problemas al momento de emitir sentencias.
Otro punto importante de la iniciativa está relacionado con la actualización de las deudas durante la etapa de ejecución. Actualmente muchas personas, pese a contar con documentos válidos para cobrar, deben esperar años para recuperar su dinero debido a la lentitud del sistema judicial.
Ante ello, planteo mecanismos para actualizar capital, intereses y gastos judiciales cuando hayan transcurrido más de seis meses desde la orden de ejecución, evitando además que se generen intereses injustos ocasionados únicamente por retrasos judiciales o causas ajenas al deudor.
Finalmente, la propuesta incorpora reglas claras sobre los documentos que podrán ser considerados títulos ejecutivos, incluyendo documentos físicos, electrónicos y contratos de préstamo, adaptando así la legislación ecuatoriana a las nuevas formas de contratación y obligaciones financieras.
Con esta reforma buscamos fortalecer la seguridad jurídica y construir una justicia más eficiente, moderna y humana para todos los ecuatorianos.
Soy Alejandro Lara Pérez, asambleísta por Tungurahua para el periodo 2025-2029. Nací y crecí en Huachi Grande, una parroquia rural de Ambato donde aprendí, desde pequeño, el valor del esfuerzo y del trabajo honesto. Mi vida ha estado marcada por la constancia, el sacrificio y, sobre todo, por el profundo compromiso con mi tierra y su gente.
A los 16 años ya ayudaba a mi madre en nuestro restaurante familiar, y durante la pandemia, me convertí en repartidor para sostener a mi familia. Como muchos ecuatorianos, migré a Estados Unidos buscando nuevas oportunidades, pero el amor por mi país fue más fuerte. Regresé con la convicción de que aquí también se puede construir un futuro digno, sin tener que dejar atrás nuestras raíces.
Me formé como Ingeniero Civil en la Universidad Técnica de Ambato, y he trabajado en proyectos de agua potable, saneamiento y estructuras, tanto en el sector público como en el privado. Conozco de cerca las necesidades de nuestras comunidades rurales, y por eso decidí dar un paso más: servir desde la Asamblea Nacional.
No soy un político tradicional. Vengo del barrio, del trabajo diario, de la calle, y represento a una nueva generación que quiere hacer política de forma distinta: con propósito, con cercanía, con ética. Estoy aquí para alzar la voz por los jóvenes, los migrantes, los agricultores y cada tungurahuense que merece ser escuchado.
Creo firmemente que la política debe servir a la gente, no a intereses personales. Me inspira el campo, la gente que se esfuerza cada día, y la esperanza de un Ecuador más justo, donde nadie tenga que marcharse para salir adelante.
Mi compromiso es claro: construir desde la raíz, legislar con propósito y devolverle la confianza a la ciudadanía.
