Para recibir información sobre la defensa de los derechos de los habitantes y de la naturaleza de los sectores Santa Martha 2 y Agromache, del cantón La Concordia, la Comisión de Biodiversidad convocó al Contralor, Pablo Celi de la Torre, quien informó que la institución realiza un examen especial al Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón La Concordia respecto a la planta de reciclaje y otro al relleno sanitario que cuenta con financiamiento del Banco del Desarrollo, cuyo trabajo concluirá el 20 de abril de 2021.
En la sesión 154, la Comisión de Justicia recibió al Ministro de Defensa y miembros de la Armada, a fin de conocer sus opiniones sobre el Proyecto de reformas al Código Civil, en torno a la regulación marítima y su concordancia con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) y demás tratados internacionales.
Este martes, el Pleno de la Asamblea Nacional retomará la sesión virtual 696, con el propósito de continuar con el segundo debate del proyecto de reforma parcial a la Constitución de la República, auspiciado por el Comité por la Institucionalización Democrática que, entre otros aspectos, contempla la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) y la independencia de la Fiscalía General del Estado, respecto de la Función Judicial.
Para que informen sobre las líneas de crédito para productores agropecuarios, ganaderos y acuicultores, en particular para los piscicultores de la Región Amazónica, la Comisión de Biodiversidad convocará a Xavier Lazo, ministro de Agricultura y presidente del Directorio de BanEcuador; y a Lupe Velasco, gerente general de BanEcuador B.P. La cita será el lunes 15 de marzo, a las 09h00
El informe para segundo debate de las reformas parciales a la Constitución avanzarán su tratamiento en el Pleno de la Asamblea Nacional, junto con otros proyectos y resoluciones que deberán ser resueltos por los parlamentarios. En las comisiones se desarrollarán procesos de control político para apoyar a los sectores agropecuarios, agrícolas, ganaderos y acuícolas de la Región Amazónica; y, en materia legislativa, el inicio de la aprobación del informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
El Pleno de la Asamblea Nacional, en la semana del 8 al 12 de marzo, desarrolló una intensa actividad, que incluyó la aprobación de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI); el primer debate de los cambios propuestos al Código de Ambiente; y el inicio de la segunda discusión del proyecto de reforma parcial a la Constitución propuesto por el Comité de por la Institucionalización Democrática. También, la Legislatura posesionó al superintendente de Ordenamiento Territorial, Pablo Ramiro Iglesias.
La Comisión de Justicia, en la sesión 153, escuchó las opiniones de David Norero y Alejandra Cárdenas, expertos en derechos humanos, sobre el proyecto en materia penal para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, y para sancionar la violencia sexual digital. Los profesionales coincidieron en la necesidad de la debida diligencia y que exista personal calificado para investigaciones en temas digitales.
La Comisión de los Derechos de Trabajadores y Seguridad Social, presidida por la asambleísta Karina Arteaga, aprobó con 9 votos a favor el informe para primer debate del proyecto de Ley que reformará Ley de Seguridad Social para Promover la Total Transparencia de la Gestión de los Recursos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y de todas las Entidades de su Propiedad, propuesta por el asambleísta Roberto Gómez Alcívar. La sesión se desarrolló la tarde de este viernes 12 de marzo.
Con los criterios de los representantes del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Caces), la Comisión del Derecho a la Salud analizó la problemática enunciada por varios médicos que no aprobaron el examen de habilitación para el ejercicio profesional, en busca de una solución definitiva.
En la Comisión de Derechos Colectivos, Jorge Navarrete, director subrogante del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), al señalar la serie de dificultades que atraviesan los centros cárcelarios: hacinamiento, violencia e inseguridad penitenciaria y falta de personal técnico, subrayó que no hay niveles de seguridad para la ubicación y tratamiento de personas privadas de libertad, a fin de clasificarlos en máxima, media y mínima seguridad.
