En la semana del 1 al 5 de febrero las comisiones legislativas permanentes realizán diversos procesos de fiscalización y control político, como el seguimiento al proceso de vacunación por COVID-19 que lleva adelante el Ministerio de Salud Pública; así como el proceso de delegacion a la iniciativa privada la gestión de la Refinería Esmeraldas. También se podría aprobar el informe no vinculante de las reformas al Código Integral Penal, en materia Anticorrupción, entre otros temas.
Mediante reforma al artículo 9 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, publicada en el Suplemento del Registro Oficial 326, de 10 de noviembre 2020, en el ámbito de las Funciones y Atribuciones, la Asamblea Nacional fortaleció su capacidad de control político, al incluir en su numeral 21 la posibilidad de disponer, con fines informativos y con el voto favorable de la mayoría absoluta, la comparecencia ante el Pleno de ministros, secretarios o funcionarios con rango de ministro que ejerzan funciones de rectoría de la política pública.
La firme decisión de exigir la destitución inmediata del ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos López, y que se proceda a activar el juicio político en su contra, marcó la agenda de trabajo del Pleno de la Asamblea en la presente semana (25 al 29 de enero de 2021).
La Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social aprobó, por unanimidad (8 votos de los asambleístas presentes), el informe para primer debate del proyecto de Ley para la Promoción y Fortalecimiento de las Organizaciones de Trabajadores del Sector Público y Privado, que reforma los artículos 74 y 34 de la Ley de Finanzas Públicas relacionados con los contratos colectivos y sus procedimientos.
En el marco del tratamiento de los proyectos de Ley Orgánica de Prevención de Conflicto de Interés (Lopci); Ley que Transparenta y Regula el Lobby y las Gestiones que Representen Intereses Particulares ante las Autoridades y Servidores Públicos; y la Ley que regula la Vinculación y Representación de Intereses y Relaciones Públicas, la Comisión de Participación Ciudadana recibió a Lorena Naranjo, directora de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos (Dinardap).
La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social aprobó con ocho votos una moción planteada por la asambleísta Gloria Astudillo, en la cual solicitan al presidente de la República, Lenín Moreno, que en su calidad de colegislador sancione la Ley Orgánica de Extinción de Dominio aprobada por el Pleno del Asamblea, el pasado 19 de enero, así como su inmediata publicación en el Registro Oficial.
La Comisión de Régimen Económico realizó la revisión de más de una treintena de artículos pendientes de nueva redacción de las refornas a la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública. Muchos de ellos fueron debatidos y aprobados, como el de la declaratoria de utilidad pública para realizar expropiaciones, por el cual se determina que las autoridades de las instituciones públicas, mediante acto debidamente motivado, resolverán, en forma obligatoria, la individualización del bien o bienes requeridos y los fines a los que se destinará.
La Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social se reunirá este viernes 29 de enero, a partir de las 15h00. El propósito es avanzar en la revisión del articulado de proyecto de Ley para la Promoción y Fortalecimiento de las Organizaciones de Trabajadores del Sector Público y Privado, previo a la aprobación del informe para primer debate. Además, escuchará las demandas laborales de tres organizaciones.
En el marco de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) Diana Atamaint, presentó ante el Pleno de la Asamblea Nacional su informe anual de labores.
Diana Salazar Méndez, fiscal General del Estado, durante el acto de rendición de cuentas en el Pleno de la Asamblea Nacional, destacó que la transparencia, efectividad e innovación son los tres ejes centrales de la gestión de la institución. Precisó que el combate al fenómeno estructural de la corrupción es una responsabilidad de la sociedad en su conjunto.
