Con 7 votos a favor y 3 en contra, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado aprobó el informe para segundo debate del proyecto de Código Orgánico Integral Penal (COIP), que fue construido y socializado durante dos años.
A favor del informe se pronunciaron Mauro Andino, Marcela Aguiñaga, Fabián Solano, Gabriel Rivera, Mariangel Muñoz, Gilberto Gumangate y María del Carmen Almán, alterna de Nicolás Issa. Mientras, Luis Fernando Torres, Miguel Ángel Moreta y Magaly Orellana votaron en contra.
El legislador Mauro Andino recordó que la normativa responde a un mandato del pueblo ecuatoriano para cumplir el imperativo de justicia y certidumbre, al mencionar que en el Ecuador desde la época Republicana se han promulgado cinco códigos penales (1837, 1872, 1889, 1906, 1938).
El código actual, continuó, aunque antiguo, incompleto, disperso y retocado ha sido permanentemente remendado, más aún cuando la codificación de 1971 soportó en casi 40 años – desde octubre 1971 hasta la producida en mayo de 2010- 46 reformas, a lo que se suman más de 200 normas penales que se encuentran dispersas en diferentes normativas, lo que genera impunidad, confusión e incertidumbre.
Dijo que nuestro país en materia de procedimiento penal ha tenido más de cinco leyes; el Código de Procedimiento Penal vigente desde al año 2000 introdujo un cambio fundamental en relación al de 1983, el sistema acusatorio, es decir pasamos del sistema inquisitivo al acusatorio. Sin embargo, no fue de fácil aplicación y sufrió múltiples modificaciones, en total se ha reformado 14 veces. En tanto, el Código de Ejecución de Penas se publicó, por primera vez, en 1982 y se lo ha reformado en 10 ocasiones, agregó.
Explicó también que las normas penales vigentes de ejecución, elaboradas sin considerar las normas sustantivas y procesales, no son inaplicables por su inconsistencia, ya que técnicamente no se puede rehabilitar a una persona que nunca ha sido habilitada, ni reinsertar en una sociedad que tampoco es ideal para dicha reinserción. Además, el sistema funciona solo si cuenta con la voluntad de las personas condenadas, lo que, en definitiva, ha traído como consecuencia espacios propicios para la violencia y la corrupción.
Resaltó que, en cumplimiento de la disposición del Art. 424 de la Constitución, se ha tratado de adecuar el derecho penal con todos sus componentes: sustantivo, adjetivo y ejecutivo al nuevo estándar constitucional, actualizando, además, la doctrina de la legislación penal conforme a los compromisos internaciones, de los cuales el Ecuador es signatario.
Mauro Andino anunció que el Código Penal, de ser aprobado, entrará a regir 90 días después de su publicación en el Registro Oficial, porque es necesario que el Consejo de la Judicatura adecue varias disposiciones y normas que se crean en la normativa, a fin que la Fiscalía, los operadores de justicia, abogados, académicos y ciudadanos ejerzan el derecho.
MG/pv
El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Juan Carlos Cassinelli, anunció que el martes de la próxima semana se reunirán en Guayaquil, con la finalidad de analizar con el Superintendente de Bancos y Seguros, Pedro Solines, las razones por las cuales se han incrementado en un 130% los créditos de consumo en la banca y el hecho que las entidades emisoras de tarjetas de crédito puedan cobrar a los clientes, por beneficios entregados, millas, puntos o dólares, obteniendo famosos réditos.
Luego de un intenso debate donde participaron asambleístas de diversas agrupaciones políticas, el Pleno de la Asamblea Nacional con 108 votos afirmativos declaró de interés nacional la explotación de los bloques 31 y 43, en una extensión no mayor al uno por mil (1/1000) de la superficie actual del Parque Nacional Yasuní, con el propósito de cumplir los deberes primordiales del Estado; garantizar los derechos de las personas, las colectividades y la naturaleza, para alcanzar el Buen Vivir o Sumak Kawsay.
La vicepresidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, Gina Godoy Andrade, anunció que mañana, a partir de las 08H30, se iniciaría la votación y aprobación del informe para segundo debate del proyecto de Código Orgánico Integral Penal (COIP).
La representante de la provincia de Guayas, expresó que la propuesta ha sido ampliamente debatida y socializada a nivel nacional, al enfatizar que una vez que el organismo le dé el correspondiente trámite, queda en manos de la Presidenta de la Asamblea fijar hora y fecha para su resolución definitiva en el Pleno.
Precisó que el vigente código tiene más de siete décadas y se ha convertido en una especie de sábana llena de retazos, que hace que en ciertos momentos entre algunas disposiciones o infracciones se produzca algo como un choque de trenes, lo que contribuye a que los jueces administren justicia de una manera que no es la que la ciudadanía demanda.
Esto ha conllevado a una situación de desorden. Por tanto, es impostergable actualizar las conductas, establecer nuevas sanciones, dijo, al señalar que en el proyecto el techo de las penas sube, pues se sugiere la acumulación de penas, subrayó.
Enfatizó que el lavado de activos y financiación del terrorismo han sido analizados con alta responsabilidad y están claramente tipificados en el nuevo ordenamiento jurídico penal.
La asambleísta Godoy (AP) reconoció el legítimo derecho de los miembros de la oposición que integran la Comisión de Justicia de hacer ejercicio de disentir, pero deploró que se mantenga y no modifique la vieja práctica de la política que todo critica y descalifica. Sin embargo, eso no mermará la decisión de viabilizar la aprobación del proyecto de Código Penal, concluyó.
MG/pv
En el debate sobre el pedido de declaratoria de interés nacional de la explotación petrolera en los bloques 31 y 43, los parlamentarios defendieron los derechos de los pueblos en aislamiento voluntario, consagrados en la Constitución de la República. Destacaron que en el informe de la Comisión de Biodiversidad se pone especial énfasis en la garantía de los citados derechos.
Con la asistencia de 112 asambleístas, el Pleno de la Asamblea Nacional inició el segundo debate del proyecto de resolución para declarar de interés nacional la explotación responsable de los bloques 31 y 43, basado en la petición de la Presidencia de la República, realizada de conformidad con el artículo 407 de la Constitución y en los informes y alcances entregados por los ministerios involucrados en esta materia.